MENDOZA: EL CASINO…
COSAS POR ACLARAR
Corrupción: el
vínculo secreto que la Justicia no quiere investigar
Desde el interior de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos deslizan que
no tienen permitido investigar "la responsabilidad política".
Detalles sobre cómo el Casino pagaba millones de pesos de más a un proveedor
amigo.
19 de Agosto de 2018
Entre el año 2013 y el 2015 el Tribunal de Cuentas detectó el
pago indebido de al menos 12 millones de pesos del Instituto
Provincial de Juegos y Casinos a la empresa Masterfull SRL.
El
titular de Masterfull, Alejandro Balegno, tiene una relación de
amistad con el por entonces presidente del Casino, Carlos Bianchinelli,
pero desde la Unidad Fiscal de Delitos Económicos admitieron a MDZ que
tienen ordenes de "no investigar hacia arriba".
En
concreto, solo se imputó al coordinador de Administración y Servicios, Carlos
Cardone y al contador Gonzalo Jeréz, que fue quien denunció el ilícito.
"No podemos ir -en
pocas palabras- a la licitación y contratación, sino a la cantidad y calidad
del servicio. Tenemos que conformarnos con lo otro sin revisar a los que
firmaron la contratación o licitación del servicio de limpieza. Aún a pesar de
que están las resoluciones del directorio", confesó a MDZ una persona que
se desempeña en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos.
En otras palabras, la Justicia no estaría dispuesta a
investigar al expresidente del Instituto de Juegos y Casinos, Carlos
Bianchinelli, y sus exdirectores Miguel Bondino y Federico Domínguez.
Aún a
pesar de que de ellos dependía la contratación de la empresa que luego
sobrefacturó 12 millones de pesos en solo tres años.
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La elevación a juicio de dos implicados en irregularidades en la contratación del servicio de limpieza es sólo la punta del iceberg. Aportan a la causa audios que comprometen al diputado Carlos Bianchinelli.
Está comprobado por el Tribunal de Cuentas que se pagaban más horas de
trabajo de las que podían llegar a cumplir los empleados de la compañía y
que además se facturaban supuestas "horas máquina"que no
estaban contempladas en el servicio.
Sin miramientos,
mensualmente salían los cheques para la empresa Masterfull SRL por
sumas que parecían no llamar la atención.
Fue el excontador General del Casino, Gonzalo Jeréz,
quien luego de más de un año de pagos detectó la maniobra y lo informó
directamente al presidente del instituto, Carlos Bianchinelli.
Ese mismo
día, el hoy diputado provincial removió a Jeréz de su cargo y lo acusó
de mentir o ser cómplice de la maniobra.
Eso fue el 16 en mayo del 2014.
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Dos empleados declararon ante la Corte por las irregularidades que detectó el Tribunal de Cuentas. Uno de ellos aseguró que desde el directorio apuraban los pagos a la empresa Masterfull.
Existen
audios del momento en que ese 16 de mayo Bianchinelli le comunica a los
empleados la desvinculación de Jeréz y afirma que se "investigará a
fondo" lo ocurrido.
Sin embargo, en los ejercicios 2014 y 2015 el Tribunal de Cuentas volvió a
detectar los mismos sobreprecios.
Lo sacaron a Jeréz, pero no cambió nada.
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Irónicamente, Jeréz es uno de los dos imputados en la causa penal que está próxima a
elevarse a juicio.
A la Justicia parece no importarle que en 2014 y 2015 él ya
estuviese fuera del Casino y solo avanzó con la imputación del excontador y
el coordinador de Servicios Carlos Cardone.
Este último era el que
certificaba la prestación efectiva del servicio, algo que ya está comprobado
era falso.
No se limpiaban las horas que pagaba el Casino.
La Justicia miope de la provincia de Mendoza
parece no tener ganas de mirar hacia arriba, donde aparece el nombre de un diputado
provincial del Partido Justicialista y un senador del radicalismo.
"Hacia
arriba no hay decisión de ir. Debemos conformarnos con los que pusieron la
firma", agrega a MDZ una fuente reservada.
Pero el caso de
Bianchinelli tiene un agravante que hace aún más burda la omisión.
El titular de Masterfull SRL se llama Alejandro
Balegno y es amigo de Bianchinelli.
Ambos están unidos por una pasión
que tienen en común: las motos Harley Davidson.
El vínculo es evidente y solo
hace falta rastrear unos minutos en la web para encontrar fotos abrazados en el
año 2012 en un encuentro de motoqueros en La Serena, Chile.
Incluso,
ambos formaban parte del "West Harley Group", un grupo de fanáticos de Harley Davidson de Mendoza que
viajó más de una vez al vecino país.
Allí abundan las fotos de Carlos
Bianchinelli compartiendo ruta con Balegno y otro puñado de personas.
En
noviembre del 2014 Balegno abrió un bar en la calle Arístides Villanueva y
Bianchinelli fue uno de los asistentes a la inauguración.
El bar se llamaba Wooden, estaba decorado
con alusiones a motos Harley y entre los propietarios había otros miembros de
West Harley Group.
En la Justicia tampoco parecen haber tomado en cuenta los audios aportados por Jeréz a la investigación en los que
Bianchinelli admite tener diálogo directo con el juez de la Corte Julio
Gómez.
Gómez es uno de los magistrados que tiene que resolver
sobre la validez de los cargos formulados por el Tribunal de Cuentas en 2014
contra Bianchinelli, Bondino y Domínguez.
En el año 2013, cuando Gómez aún era
relator del Tribunal de Cuentas, los cargos sólo alcanzaron a Cardone, Jeréz, y
Alejandro Sabino (fallecido), sin involucrar al directorio.
"Entre
nosotros. Esto está hablado hasta con gente la Corte", dice Bianchinelli
en las pruebas que Jeréz sumó al expediente.
Por si eso fuese poco, empleados del área de contaduría
declararon que el propio Bianchinelli llamaba para apurar los pagos a
Masterfull.
En concreto, el abogado Federico Vinassa le preguntó
a José Alejandro Spinelli "si le consta que se recibiese
en el sector contable llamadas telefónicas del presidente del directorio para
que se pagasen las facturas del servicio de limpieza", a lo cual éste
contestó: "Absolutamente sí, y en un período en el cual el
presidente no se encontraba porque estaba de viaje, llamaba el director
Federico Domínguez pidiendo que se acelerara el pago de dichas facturas".
Por todo ello parece al menos arbitrario que la Unidad
Fiscal de Delitos Económicos haya imputado solo a dos personas de planta sin ir
hacia arriba.
Sobre todo teniendo en cuenta que en 2014 cuando Jeréz dejó
de ser contador y Carina Andreoni se hizo cargo de la contaduría, el desfalco
siguió pero la nueva responsable del área no quedó imputada.
Ramificación
que confunde
Para entender el entramado de fondo hay seguir tres líneas.
Al
revisar el Ejercicio 2013, el Tribunal de Cuentas detectaron sobreprecios por $3.8
millones y formuló cargos contra Gonzalo Jeréz (contador) y Carlos Cardone (Corrdinador
de Administración y Servicios) para que reintegren ese dinero.
Por ese hecho se
abrió una causa penal en la ex Fiscalía de Delitos Complejos y quedó en manos
del fiscal Santiago Garay.
Al revisar el Ejercicio 2014, el órgano
de control volvió a detectar sobreprecios por casi 6 millones de pesos y
además de formular cargos contra Jeréz y Cardone sumó a la nueva contadora
Carina Andreoni y las autoridades del Instituto Carlos Bianchinelli, Miguel
Bondino y Federico Domínguez.
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Pero
paralelamente, todos los cargos fueron apelados ante la Suprema Corte por los
involucrados.
Por eso, se espera que el máximo tribunal resuelva las acciones
procesales administrativas presentadas por los actores y determine si el
Tribunal de Cuentas actuó correctamente.
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Mientras en la Suprema Corte avanzan los reclamos de exfuncionarios contra el Tribunal de Cuentas, un nuevo fallo habla de irregularidades por $2,9 millones en el año 2015. Los detalles.
Por último, vale la pena destacar que si bien aún no hay fallo del
Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2015, se formó una pieza separada para
confirmar nuevamente la existencia de sobreprecios. En este caso por 2,9 millones.
Actualmente el Instituto Provincial de Juegos y Casinos es conducido por la demócrata Josefina Canale.
Con su gestión se redujo considerablemente el presupuesto para servicios como limpieza y seguridad, sobre los cuales se centran las sospechas de sobreprecios en la gestión de Bianchinelli.
Así lo confirmó a MDZ
el propio Tribunal de Cuentas.
Sin embargo, Canale no ha avanzado en investigaciones sobre otras
irregularidades detectadas en el gobierno de Francisco Pérez, como la
certificación del pago de cartelería pública.
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Fuente
“MDZ”,
19.08.2018
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