MENDOZA: LA TUPAC
CHICANAS/CAMANDÚLA
El último intento para investigar a la Tupac
Mario Adaro, uno de los jueces del máximo tribunal, podría apartarse.
La jugada tiene más chances de fracasar que de prosperar, pero se hará igual.
La fiscal Gabriela Chávez presentará en los próximos días, muy posiblemente el lunes, su pedido de casación a la Suprema Corte luego del fallo de la Octava Cámara que prácticamente derrumbó la investigación sobre Nélida Rojas y la Tupac en Mendoza.
La fiscal Gabriela Chávez presentará en los próximos días, muy posiblemente el lunes, su pedido de casación a la Suprema Corte luego del fallo de la Octava Cámara que prácticamente derrumbó la investigación sobre Nélida Rojas y la Tupac en Mendoza.
La vía elegida es compleja. Desde el punto de vista jurídico, recurrir una decisión de este tipo sería viable si la fiscal lograra demostrar que existió un agravio en esa sentencia.
El Ministerio Público podrá impugnar las sentencias de sobreseimiento confirmadas, las absolutorias o las condenatorias según marca el Código Procesal Penal.
Pero aquí no se habría producido ninguna de esas situaciones: la Cámara hizo caer los delitos de asociación ilícita y coacción agravada, entre otros, que pesaban sobre la Tupac.
Pero rechazó el sobreseimiento de los acusados tal como había planteado la defensa.
Pero rechazó el sobreseimiento de los acusados tal como había planteado la defensa.
En otros términos, además de retarla, los jueces mandaron a la fiscal a que investigue todo de nuevo.
No trascendió la forma en que saldrá Chávez de esta encerrona, aunque no quedarían muchos resquicios.
Uno de ellos sería argumentar el contenido dogmático de la Cámara al sostener que no se puede configurar el delito de coacción agravada ni el de amenazas, al entender que la Tupac es una organización democráticamente constituida y que exigir la participación en actos políticos era parte de las condiciones para conseguir una vivienda.
La Corte esperará el recurso extraordinario de casación con una posible respuesta de uno de sus integrantes.
El planteo recaerá sobre la Sala II, la que integran los magistrados Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro y este último se apartaría del caso.
Adaro ya se excusó en la investigación sobre Sergio Salgado cuando al máximo tribunal le tocó decidir en su momento sobre el futuro judicial del ex intendente de Santa Rosa.
De sus tiempos en la política y en el peronismo, el ex ministro de Celso Jaque y el ex cacique del Este habían forjado una amistad.
Pero ahora los argumentos del juez serían distintos.
Adaro no es amigo de Nélida Rojas, aunque sí fueron compañeros de militancia.
Y fundamentalmente en la campaña presidencial de 2011.
Todavía están frescos los recuerdos de las participaciones del entonces funcionario político en 6,7,8 junto a estas organizaciones.
Y además, en su fuerte militancia kirchnerista, Adaro era uno de los armadores políticos de Cristina Kirchner junto a la Tupac, La Campora y otras, de actos políticos realizados en el Angel Bustelo.
Si Adaro se aparta, es un hecho que su reemplazante será Julio Gómez.
No trascendió la forma en que saldrá Chávez de esta encerrona, aunque no quedarían muchos resquicios.
Uno de ellos sería argumentar el contenido dogmático de la Cámara al sostener que no se puede configurar el delito de coacción agravada ni el de amenazas, al entender que la Tupac es una organización democráticamente constituida y que exigir la participación en actos políticos era parte de las condiciones para conseguir una vivienda.
La Corte esperará el recurso extraordinario de casación con una posible respuesta de uno de sus integrantes.
El planteo recaerá sobre la Sala II, la que integran los magistrados Omar Palermo, José Valerio y Mario Adaro y este último se apartaría del caso.
Adaro ya se excusó en la investigación sobre Sergio Salgado cuando al máximo tribunal le tocó decidir en su momento sobre el futuro judicial del ex intendente de Santa Rosa.
De sus tiempos en la política y en el peronismo, el ex ministro de Celso Jaque y el ex cacique del Este habían forjado una amistad.
Pero ahora los argumentos del juez serían distintos.
Adaro no es amigo de Nélida Rojas, aunque sí fueron compañeros de militancia.
Y fundamentalmente en la campaña presidencial de 2011.
Todavía están frescos los recuerdos de las participaciones del entonces funcionario político en 6,7,8 junto a estas organizaciones.
Y además, en su fuerte militancia kirchnerista, Adaro era uno de los armadores políticos de Cristina Kirchner junto a la Tupac, La Campora y otras, de actos políticos realizados en el Angel Bustelo.
Si Adaro se aparta, es un hecho que su reemplazante será Julio Gómez.
Cuando el fallo de los jueces Luis Correa Llano, Ramiro Salinas y Alejandro Miguel se conoció a principios de mes, Alfredo Cornejo gritó mucho en público y amenazó con un pedido de jury para los tres miembros.
Pero con el correr de los días la diatriba se apagó.
El gobernador está convencido de que los legisladores justicialistas del jury; o los integrantes de la Corte; o ambos a la par, apostarán por no avalar el pedido de enjuiciamiento.
El gobernador está convencido de que los legisladores justicialistas del jury; o los integrantes de la Corte; o ambos a la par, apostarán por no avalar el pedido de enjuiciamiento.
Tampoco se atrevió Cornejo a transformar en una nueva crisis institucional su enojo por la decisión de los camaristas que, más allá de las sospechas de sesgo ideológico, se movieron dentro de la ley.
En este punto el gobierno no hace, aunque esto no implica que no esté dejando hacer.
Habrá que estar pendiente por si se concreta un pedido de jury que está siendo motorizado por abogados vinculados al oficialismo y que sería presentado por los denunciantes de Nélida Rojas en Lavalle.
La asociación ilícita
No existen demasiadas dudas de que Chávez cometió errores que en Tribunales fueron calificados en algunos como "infantiles" en el marco de una investigación tan compleja y con semejante carga política como la que tuvo y tiene.
Quizás el más grave, haya sido arrancar la pesquisa equivocada y apostar a la imputación de asociación ilícita sabiendo que en la jurisprudencia argentina existen muy pocas causas judiciales que avanzaron con esta tipificación.
Una o dos, y no más: una fue la investigación sobre los barrabravas de Boca y la otra los miembros de la Dictadura que fueron acusados de delitos de lesa humanidad. Nada menos.
En este punto el fallo de la Cámara aparece como incuestionable.
El Estado, en este caso la Justicia, tiene todas las facultades para investigar delitos, pero esa tarea debe estar bien hecha.
Posiblemente Chávez haya pretendido apelar a la tipificación de asociación ilícita para forzar que Nélida y su familia aguarden en prisión todo el proceso de investigación con la convicción de que si seguían en sus casas iban a destruir elementos de prueba.
Pero desde el comienzo de la causa no existían dudas que, al menos en este punto, el final estaba cantado.
Un poco más vidrioso es el análisis de lo que opinó la Cámara en el caso de los delitos de coacción agravada.
Este será posiblemente, como se dijo, el argumento de la fiscal para pedir la revisión de la Corte.
Quizás el más grave, haya sido arrancar la pesquisa equivocada y apostar a la imputación de asociación ilícita sabiendo que en la jurisprudencia argentina existen muy pocas causas judiciales que avanzaron con esta tipificación.
Una o dos, y no más: una fue la investigación sobre los barrabravas de Boca y la otra los miembros de la Dictadura que fueron acusados de delitos de lesa humanidad. Nada menos.
En este punto el fallo de la Cámara aparece como incuestionable.
El Estado, en este caso la Justicia, tiene todas las facultades para investigar delitos, pero esa tarea debe estar bien hecha.
Posiblemente Chávez haya pretendido apelar a la tipificación de asociación ilícita para forzar que Nélida y su familia aguarden en prisión todo el proceso de investigación con la convicción de que si seguían en sus casas iban a destruir elementos de prueba.
Pero desde el comienzo de la causa no existían dudas que, al menos en este punto, el final estaba cantado.
Un poco más vidrioso es el análisis de lo que opinó la Cámara en el caso de los delitos de coacción agravada.
Este será posiblemente, como se dijo, el argumento de la fiscal para pedir la revisión de la Corte.
Ahora bien: una causa judicial que arrancó efectivamente más de un año y medio después de la primera denuncia y bajo presión mediática (como denunciaron en su momento los abogados de la Tupac); que transcurrió a los tumbos y que incluso avanzó con errores graves por parte de la fiscal, logró dar con algunos elementos que deberían obligar a la Justicia a no derrumbar la investigación.
La AFIP confirmó que la familia de Nélida Rojas blanqueó una suma que rondó los $4,3 millones, a través del programa de Sinceramiento Fiscal lanzado por el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
Y también ratificó que, la multa que debió pagar como marcaba la ley, fue de alrededor de $580.000 correspondientes al 15% de los bienes blanqueados.
Esa multa fue pagada el 30 de marzo, sobre el final del plazo de blanqueo, y se hizo a través de cuentas de una de las cooperativas de viviendas, San Expedito, que operaban con el banco Credicoop.
En términos más claros: los líderes de la Tupac, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, no solo blanquearon más de $4 millones. Sino que además las mutas del blanqueo las pagaron con fondos de las cooperativas cuyo destino era la construcción de viviendas.
¿Qué blanquearon? De todo un poco. Damián y Federico Torrengo, hijos de un primer matrimonio de Rojas, camionetas y camiones.
Carla y Facundo Martínez, los hijos de su relación con Ramón Martínez, lo mismo.
Aunque Carla sumó al blanqueo dos inmuebles.
Y también aparece Pablo Carmona, marido de Carla, quien blanqueó un camión.
Y también ratificó que, la multa que debió pagar como marcaba la ley, fue de alrededor de $580.000 correspondientes al 15% de los bienes blanqueados.
Esa multa fue pagada el 30 de marzo, sobre el final del plazo de blanqueo, y se hizo a través de cuentas de una de las cooperativas de viviendas, San Expedito, que operaban con el banco Credicoop.
En términos más claros: los líderes de la Tupac, registrados en la AFIP como monotributistas clase B y con ingresos declarados de $24.000 al año, no solo blanquearon más de $4 millones. Sino que además las mutas del blanqueo las pagaron con fondos de las cooperativas cuyo destino era la construcción de viviendas.
¿Qué blanquearon? De todo un poco. Damián y Federico Torrengo, hijos de un primer matrimonio de Rojas, camionetas y camiones.
Carla y Facundo Martínez, los hijos de su relación con Ramón Martínez, lo mismo.
Aunque Carla sumó al blanqueo dos inmuebles.
Y también aparece Pablo Carmona, marido de Carla, quien blanqueó un camión.
Una parte de todos estos bienes, fueron adquiridos entre 2010 y 2013. Pero el grueso se compró hacia finales de 2015.
¿Qué sucedió en ese tiempo? Entre octubre y diciembre de 2015, Chaves acreditó que Martínez retiró del Nación y casi a diario sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.
Fondos que eran nacionales y que fueron manejados de manera personal y discrecional por el integrante de una cooperativa, una situación única en Mendoza.
¿Qué se hará con toda esa información si la causa se termina de caer por completo?, nadie puede responderlo todavía dentro del Poder Judicial.
El Gobierno y la propia Chávez agitan la posibilidad de que la AFIP, dada esta irregularidad, termine dando de baja ese blanqueo de la familia monotributista.
Si eso sucediese el escándalo sería mayúsculo y se podría terminar imponiendo la impunidad.
¿Qué sucedió en ese tiempo? Entre octubre y diciembre de 2015, Chaves acreditó que Martínez retiró del Nación y casi a diario sumas que iban de los $200.000 a los $500.000, según el día.
Fondos que eran nacionales y que fueron manejados de manera personal y discrecional por el integrante de una cooperativa, una situación única en Mendoza.
¿Qué se hará con toda esa información si la causa se termina de caer por completo?, nadie puede responderlo todavía dentro del Poder Judicial.
El Gobierno y la propia Chávez agitan la posibilidad de que la AFIP, dada esta irregularidad, termine dando de baja ese blanqueo de la familia monotributista.
Si eso sucediese el escándalo sería mayúsculo y se podría terminar imponiendo la impunidad.
fuente
"MDZ", 24.09.2017
"MDZ", 24.09.2017
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