JUJUY
¿EL FIN DEL PRINCIPIO?
"...este no es es el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio."
"...este no es es el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio."
Winston Churchill -1942
El avance sobre la Justicia
jujeña puede ser solo el principio
Por Alicia
Terada
11 de
marzo de 2020
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Milagro Sala (Télam)
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la
Nación está abocada a tratar el proyecto del senador Guillermo Snopek, sobre el
pedido de intervención federal al Poder Judicial de la Provincia de Jujuy
por el término de un año, prorrogable por otro, lo que pondría en comisión a
todos los jueces.
¿Qué significa la intervención federal a un poder de un estado
provincial ?
La intervención federal está prevista en la Constitución
Nacional en su articulo 6: “El gobierno federal interviene en el territorio de
las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler
invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para
sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por
invasión de otra provincia”.
Pero la Constitución Nacional establece, además, en sus
artículos 121 y 122: “Las provincias conservan todo el poder no delegado por
esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado
por pactos especiales al tiempo de su incorporación”.
“Se dan sus propias
instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus
legisladores, y demás funcionarios de provincia, sin la intervención del
gobierno federal“.
De la lectura de los artículos constitucionales señalados surge con absoluta
claridad que el pedido de intervención federal al Poder Judicial de la
provincia de Jujuy es improcedente e inconstitucional, por cuanto ninguno de
los supuestos que establecidos en la Carta Magna están dados.
La intervención federal es un recurso de última instancia y
excepcional, donde se reemplazan a los funcionarios institucionales
legítimamente designados en el lugar, por otros, cuya legitimidad no tiene su
origen en el territorio.
Por otra parte, las provincias cuentan con sus propios
mecanismos legales previstos por sus propias constituciones para subsanar los
problemas que se susciten sin necesidad de la intervención del gobierno
federal.
Lo que establece el proyecto en sus artículos 3 y 4 demuestra
cuál es la verdadera intención política de su autor, porque declara en comisión
a los miembros del superior Tribunal de Justicia, del Ministerio Publico y a
los magistrados de los tribunales inferiores de la provincia de Jujuy y
establece que el interventor no tendrá función judicial, pero sí la facultad de
suspender en sus funciones o de remover a los magistrados, funcionarios, y
empleados que integran el Poder Judicial y el Ministerio Público de Jujuy y
designar a sus reemplazantes.
Efectivamente, son las causas que la justicia tanto federal
como provincial tramitan contra Milagro Sala:
1.- Pibes Villeros y la
megacausa, donde fue condenada a 13 años de prisión por el desvío de 60.000.000
de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales que nunca se
hicieron y el dinero desapareció;
2.- Agresiones, condenada a 3 años de prisión
por agredir al actual gobernador Gerardo Morales;
3.- Lesiones graves, condenada
a 4 años de cárcel por lesiones graves contra otro dirigente social, entre
otras causas en trámite.
El federalismo exige el respeto a las autonomías
provinciales y la intervención en alguno de sus poderes para solucionar, la
situación de Milagro Sala, significa una clara violación a dicho instituto.
El avance sobre el Poder Judicial de Jujuy puede ser sólo el
comienzo.
El peligro, en caso de aprobarse este proyecto, es la creación de un
peligroso precedente que sirva para avasallar a otras provincias y sus
instituciones, en el mismo sentido.
Está claro que para este gobierno la
república y el federalismo son principios constitucionales pasibles de ser
ignorados.
Este proyecto lo demuestra.
La división de poderes es la base de la república y la
independencia de la Justicia es fundamental para garantizar los derechos de los
ciudadanos.
Por eso estaremos dispuestos, como lo estamos hoy, para
defender los pilares del sistema democrático y para que todos seamos iguales
ante la ley.
La autora es diputada nacional de la Coalición Cívica
Ari
Fuente
“infobae”, 11.03.2020
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