COMO PERCIBIR…
U$S 100 MILLONCETES
{...igualito a mi Santiago...}
Delito fiscal y blanqueo,
el horizonte penal del rey Juan Carlos que depende de los datos de Suiza
Anticorrupción pidió información hace dos meses al fiscal de Ginebra que investiga una cuenta de la Fundación Lucum, que recibió 100 M. de dólares.
18 marzo, 2020 -
Primero por correo electrónico, después a través de las
autoridades centrales designadas por Suiza y España para la transmisión de
información judicial y finalmente por correo postal, Anticorrupción envió en la
primera mitad de enero al fiscal suizo Yves Bertossa la
petición de que comunique a España sus hallazgos, que podrían comprometer al
anterior jefe del Estado, Juan Carlos I.
Bertossa investiga desde julio de 2018 una trama societaria
centrada en las fundaciones Zagatka y Lucum.
La primera fue
constituida por Álvaro
de Orleans, primo del rey emérito, y la segunda fue la que recibió en una
de sus cuentas suizas abiertas en la banca Mirabeau 100
millones de dólares donados en 2007, a través del Ministerio de Finanzas
saudita, por el monarca Abdalá bin Abdulaziz.
Las cintas de Corinna
El fiscal suizo comenzó sus pesquisas tras la difusión
por EL ESPAÑOL del contenido de la conversación que el comisario jubilado José
Manuel Villarejo,
en prisión por numerosas imputaciones de corrupción, grabó subrepticiamente
a Corinna Larsen en un encuentro celebrado en Londres en 2015.
Larsen, examiga del rey emérito, aseguraba en esas
grabaciones que Juan Carlos I la utilizó como testaferro para poner a su nombre
bienes propiedad del monarca, que éste habría montado una estructura financiera
opaca en Suiza y que cobró
una comisión por favorecer la adjudicación del AVE a La Meca a un
grupo de empresas españolas.
Éste accedió a enviar al fiscal suizo una copia de las grabaciones de Villarejo, mientras que Luzón le remitió los datos que pidió Bertossa sobre las diligencias preprocesales que Anticorrupción tiene abiertas en relación al contrato del AVE del desierto.
En el marco de esas diligencias de la Fiscalía
Anticorrupción han sido interrogadas Shahpari
Zanganeh, viuda de Adnan Khashoggi, que actuó como project developer del
tren de alta velocidad saudí, y Corinna Larsen.
En contraste con el
conocimiento que exhibió en su conversación con Villarejo, la examiga del rey
emérito manifestó
al fiscal Luis Pastor el pasado 12 de septiembre que tiene un conocimiento
"limitado" y obtenido a través de terceras personas
del asunto de las comisiones del AVE a La Meca.
Ambas negaron cualquier actuación ilegal en relación con
ese proyecto, en particular porque la donación a la Fundación Lucum del
rey Abdalá bin Abdulaziz se produjo en 2007, cuatro
años antes de que el AVE a La Meca fuera adjudicado a un
consorcio formado al 88% por doce empresas públicas y privadas españolas
(Renfe, Adif, Talgo, Copasa, OHL, Cobra, Siemens España, Indra, Imathia, Ineco,
Inabensa y Consultrans) y al 12% por dos saudíes (Al Rosan y Al Shoula).
El comunicado de Felipe VI
El pasado diciembre fue Bertossa el que interrogó a Larsen.
El fiscal suizo también tomó declaración al broker Arturo
Fasana y al abogado Dante Canonica,
cuyos despachos registró en busca de datos sobre las fundaciones Zagatka y
Lucum, que ambos gestionan.
Ésta es la información que ha solicitado la Fiscalía
Anticorrupción.
Este órgano no investiga a Juan Carlos I (aforado ante el
Supremo desde su abdicación en junio de 2014) pero considera probable que
aparezcan datos sobre el rey emérito, especialmente a la vista del comunicado que emitió el pasado sábado el rey Felipe VI.
El comunicado tiene tres aspectos que en
nada favorecen al rey emérito.
El primero es que el exjefe del
Estado viene a admitir su relación con las fundaciones Zagatka y Lucum al
afirmarse que "el rey don Juan Carlos ha pedido a la Casa de S.M. el
Rey que se hagan públicos los siguientes extremos: Que de las dos fundaciones
anteriormente citadas en ningún momento facilitó información a S.M. el Rey
(...)".
El segundo es el reconocimiento implícito de que Juan
Carlos I es beneficiario de Lucum, ya
que el comunicado señala que Felipe VI recibió hace un año una carta de los
abogados de Corinna Larsen en la que aludían a la "supuesta designación
[del rey] como beneficiario de la Fundación Lucum desde el momento en el que se
produjese el fallecimiento de don Juan Carlos".
Finalmente, Felipe VI, tomando distancias respecto al
origen de la fortuna de su padre, comunica su "decisión de renunciar a la
herencia de Don Juan Carlos que personalmente le pudiera corresponder, así como
a cualquier activo, inversión o estructura financiera
cuyo origen, características o finalidad puedan no estar en consonancia con la
legalidad o con los criterios de rectitud e integridad".
Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción explican que, en
principio, las diligencias preprocesales que tramita por un presunto
delito de corrupción en los negocios (cohecho en operaciones
internacionales) no afectarían al rey emérito porque, dadas las fechas de los
hechos, estaría protegido por la inviolabilidad de la que disfrutaba como jefe
del Estado.
De esta forma, aunque se obtuvieran indicios o pruebas de
presuntas ilegalidades en la adjudicación del AVE a la La Meca -que fue el
mayor contrato español obtenido en el exterior en aquella época, presupuestado
en 6.736 millones de euros- no se le podrían imputar al entonces
jefe del Estado.
Una cuestión distinta sería el descubrimiento de fondos o
bienes de procedencia ilícita y/o no declarados a Hacienda que se mantuvieran
bajo la titularidad, disposición o propiedad real del anterior jefe del Estado
después de junio de 2014.
En este supuesto, señalan las fuentes consultadas, se
estaría ante presuntos delitos de blanqueo de capitales y
contra la Hacienda pública (aunque este segundo no sería
perseguible si se ha regularizado la situación tributaria antes del inicio del
procedimiento) y el escudo de la inviolabilidad ya no protegería al rey
emérito.
Ambos delitos están castigados con
penas de prisión.
Su imputación al rey emérito sólo podría
hacerse, en cualquier caso, por la Sala Penal del Tribunal Supremo.
No obstante,
fuentes de la Audiencia Nacional señalan que, en función de la información que
se reciba de Suiza y en la hipótesis de que lo considerase necesario la
Fiscalía, podrían practicarse diligencias para verificar los indicios
existentes antes de remitir el asunto al Supremo, como se viene haciendo en
otras causas penales.
Fuente
“EL ESPAÑOL”, España, 18.03.2020
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