¿Qué dice la norma?
Pero en su artículo 11 establece que se otorgue “de manera excepcional y por única vez” un subsidio de $100 mil a cada diputado que “solo deberá ser utilizado para evitar la propagación del Coronavirus (COVID19), brindar asistencia a las zonas más vulnerables del territorio nacional y/o asistir a grupos de riesgo o entidades de la sociedad civil que trabajen con personas afectadas por la pandemia”.
La Fundación Directorio Legislativo, en un comunicado publicado en su web, criticó que “la resolución firmada no establece obligaciones a los legisladores de informar a la sociedad y a las autoridades de la Cámara en qué gastaron los $100 mil otorgados”.
“Las decisiones que se tomen deben comprender un sistema transparencia y de rendición de cuentas que evite el uso inadecuado de recursos”, agregó la organización.
En la misma línea, Marcelo Giulitti, abogado del área de Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), señaló: “El sistema de subsidios utilizado por la Cámara de Diputados es una práctica que obedece a una lógica asistencialista, desacoplada de las políticas públicas”.
Y, además, agregó: “En el caso particular, la resolución de Presidencia de la Cámara sólo indica que los fondos deben ser utilizados para un destino específico, aunque con los controles existentes sería imposible para la ciudadanía controlar que fueron utilizados para el mismo. En un momento de crisis sanitaria, agravada por el contexto económico, la respuesta estatal debe ser coordinada a través de políticas públicas eficientes y eficaces, y no de medidas de asistencialismo alejadas del control ciudadano”.
Algunos bloques decidieron comunicar a dónde destinarán esos 100 mil pesos.
Los diputados de Juntos por el Cambio, por ejemplo, comunicaron que los subsidios que le tocan al interbloque sean dirigidos al Instituto Malbrán, encargado de hacer los análisis de los posibles casos de personas contagiadas con el virus.
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