INTENCIONES Y…
EL CAMINO DEL INFIERNO
¿Qué pasó con el hijo de
Carlos Menem? Jamás lo sabremos sin una reforma judicial en la Argentina
El
presidente prometió acabar con la “discrecionalidad judicial”.
Es una decisión
correcta, pero todo dependerá de cómo se aplique la letra chica.
Por Hugo
Alconada Mon
El autor es periodista argentino.
18 de marzo de 2020
BUENOS AIRES — El 15 de marzo de 1995, el hijo del entonces
presidente, Carlos Menem, murió al costado de una ruta argentina cuando se
estrelló el helicóptero que piloteaba.
La justicia del país pronto concluyó que
se trató de un accidente causado por la conducción temeraria del muchacho.
Pero
veinticinco años después, su madre aún sostiene que se trató de un atentado.
Y
muchos comparten sus sospechas: descreer de las conclusiones de la
investigación judicial es algo usual en la Argentina.
Desde hace décadas, muchos jueces y fiscales argentinos son
vistos como venales, cómplices del poder de turno.
En particular aquellos que
deben investigar casos sensibles —como las muertes del fiscal Alberto Nisman o del hijo de Menem— o actos groseros de corrupción
que terminan impunes, con sus protagonistas libres, ante la mirada sorprendida,
luego asqueada y, por último, resignada de la sociedad.
Ahora, el flamante presidente Alberto Fernández promete
reformar este vals de la vergüenza.
Lo anunció al asumir el poder, el 10 de
diciembre, y lo reafirmó al inaugurar las sesiones legislativas, el 1 de este
mes.
Entre aplausos de diputados y senadores, Fernández anticipó que impulsará un “reordenamiento de la
justicia federal” para evitar que manipulen los expedientes “en función de los
tiempos políticos” y terminar con “la arbitrariedad” de muchas detenciones y la
“discrecionalidad judicial”.
Sus palabras, sin duda, apuntan en la dirección correcta.
La pregunta es cómo será la letra chica de su anuncio, eclipsado ahora por el
azote del coronavirus.
A pesar de la pandemia, Fernández debe hacer lo
correcto: reformar un Poder Judicial que ha sido servil desde hace muchos años
y sin credibilidad a los tribunales argentinos.
Transcurridos cien días desde que Fernández ingresó a la
Casa Rosada, los cruciales detalles de la reforma siguen en manos de un círculo
muy pequeño y cerrado de asesores, y apenas se conocen algunos trazos genéricos del eventual plan de acción.
Por ejemplo, se ha revelado que elevaría de doce a
cincuenta el número de juzgados federales de Comodoro Py a cargo de investigar
en Buenos Aires los delitos cometidos por los funcionarios nacionales.
También,
que le otorgaría más facultades y herramientas a los fiscales para que ellos
sean los que investiguen, dejando a los jueces en un rol más pasivo que el
actual (ahora, para bien o para mal, pueden hacer y deshacer con mucha libertad
los expedientes sensibles).
Con la reforma, jueces como el fallecido Claudio Bonadio ya no podrían avanzar como lo hizo en la “causa de
los cuadernos”, pero potenciaría a fiscales como Carlos Rívolo cuya
investigación inicial terminó llevando a la cárcel al exvicepresidente Amado
Boudou.
O como José María Campagnoli, cuya pesquisa preliminar también puso
contra las cuerdas al presunto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, quien hoy, detenido, afronta un
juicio oral.
Pero a partir de esos trazos, las preguntas se amontonan.
¿Cómo se seleccionará a los jueces de la reforma?
¿Nombrarán también una
cantidad acorde de fiscales?
¿Qué pasará con los expedientes ya en trámite en
los juzgados que cambiarán de funciones?
Por ahora son preguntas sin respuesta,
pero que conforman la letra chica que llevarán a una reforma excelente. O a una
lamentable.
Porque si el método de selección de los jueces genera que el poder
político elija a sus “amigos”, estaremos ante más de lo mismo, ¡pero potenciado
por cincuenta!
Por eso, un eje insoslayable de una verdadera reforma
judicial debe pasar por la corrección de los vicios del Consejo de la
Magistratura, el órgano encargado de seleccionar jueces dignos y honestos y
removerlos si incurren en mala conducta.
“Que empiecen por despolitizar el Consejo de la
Magistratura y a partir de ahí se puede hacer algo serio”, planteó el propio Carlos Rívolo.
“Concentrarse en
Comodoro Py es errar el tiro. Ya lo erró Carlos Menem, cuando pasó de seis
jueces federales a doce. ¿Ahora tendrán 50? ¿Qué harán cuando el 47 haga algo
que no les guste?”.
Las respuestas concretas que ofrezca Alberto Fernández a
estas preguntas podrían, a su vez, chocar con los intereses de múltiples
factores de poder.
Entre ellos, los de muchos jueces que se benefician con el
régimen imperante, ya que negocian impunidad por ascensos, nombramientos de
familiares en el Estado o, más crudo, por dinero.
También, los de su jefa
política y hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner —quien arrastra una decena de acusaciones criminales,
algunas ya en instancia de juicio oral—, y los intereses de la hoy oposición
que, mientras Mauricio Macri ocupó la Casa Rosada, boicotearon investigaciones contra algunos de los
magistrados más controvertidos de las últimas décadas a cambio de que no los
investigaran.
La reforma en ciernes podría alimentar las esperanzas de
contar con un Poder Judicial sano, independiente, eficiente y creíble.
O
reforzará las suspicacias de los argentinos que, una y otra vez, siguen sin
saber si al fiscal Nisman lo mataron o se suicidó o si el hijo del presidente
Menem se estrelló en su helicóptero por imprudencia o fue el tercer atentado de
los noventa tras los ataques a la embajada de Israel y la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Para que esas dudas tengan respuestas creíbles, Alberto
Fernández debe encarar una reforma ambiciosa, que vaya más allá de los
tribunales de Comodoro Py, corrija las deformaciones del Consejo de la Magistratura
y regenere el círculo virtuoso de un Poder Judicial manoseado desde hace
décadas.
El momento inusitado que vivimos, mientras el coronavirus
se propaga y la emergencia de salud aumenta, no debe hacer que esta promesa de
su gobierno quede en la nada.
La credibilidad de la justicia argentina está en
juego.
Hugo Alconada Mon (@halconada) es abogado, prosecretario de redacción
del diario La Nación y miembro del Consorcio Internacional de Periodistas de
Investigación (ICIJ). Es autor de La raíz (de todos los males).
Fuente
“THE NEW YORK TIMES”, EE.UU. 18.03.2020
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