BOSQUES ARGENTINOS
Bosques: en 2017 el país
perdió una superficie igual a casi nueve veces la Ciudad de Buenos Aires
Nadia
Nasanovsky
05 Abril,
2019
- La pérdida de bosques en el Norte, especialmente en Chaco, Santiago del Estero y Formosa, explican la mayoría de la reducción.
- En algunos casos, como La Pampa, los incendios fueron la principal causa.
- La Argentina es el segundo país que más superficie perdió desde 1982.
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La Argentina es el segundo país del mundo que mayor superficie de
bosques perdió entre 1982 y 2016, sólo superada por Brasil y seguida por Paraguay,
de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica
Nature.
Si bien en 2007 se sancionó la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos, se sigue reduciendo el área de bosques, aunque
a un ritmo más lento que en el pasado.
·En 2017, el último dato disponible, se perdieron 172.639 hectáreas, un
área equivalente a 8,6 veces la superficie
que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La gran mayoría de esta pérdida se dio en las
provincias del Norte: Chaco, Santiago del Estero y Formosa, de acuerdo con datos de un pedido de acceso realizado por Chequeado
ante la Dirección Nacional de Bosques de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollos Sustentable de la Nación, que releva datos de 17 provincias que, de
acuerdo con el organismo, albergan las regiones forestales con mayor impacto de
la actividad humana sobre el medioambiente.
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“A nivel
regional, el Parque Chaqueño presenta los valores más altos de porcentaje
anual de pérdida de bosque nativo a lo largo del tiempo”, confirmó a
Chequeado la Dirección Nacional de Bosques, donde desde 2006 realizan
monitoreos anuales en las regiones forestales con mayor impacto del ser humano
sobre el medioambiente, es decir, en 17 provincias que abarcan las regiones
forestales de Parque Chaqueño, Yungas, Selva Paranaense y Espinal.
A pesar
de la sanción de la ley en 2007, a partir de 2014 se observa que en seis de
las 17 provincias relevadas volvió a aumentar el ritmo de pérdida de hectáreas.
El total nacional, sin embargo, se mantuvo en una tendencia decreciente (en
2017 se perdió un 9,4% menos de bosques que en 2014).
Desde la
Dirección Nacional de Bosques señalaron como las principales causas directas de
la deforestación a los cambios de uso de suelo habilitados por las provincias,
como así también los desmontes ilegales, ambos realizados mayormente para
desarrollar actividades agrícolas y ganaderas extensivas.
La extracción
forestal no sostenible y el desarrollo urbano se suman a la lista de causales.
Otra
causa que explica la pérdida de bosques son los incendios.
“En 2017, el Espinal (región
forestal que rodea a la Región Pampeana por el norte, este y sudoeste) también
presenta un alto valor de pérdida anual debido en gran parte a los incendios
ocurridos en el verano de 2017 en la provincia de La Pampa”, explicaron desde
el organismo oficial.
La mitad
de las tierras perdidas en 2017 estaban clasificadas en categorías en las que
la Ley de Bosques prohíbe el desmonte.
Unas 83 mil, dentro de la
categoría “amarilla”, donde las tierras sólo pueden ser utilizadas para
“aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica” y
unas 3.200 en la “roja”, categoría en la cual la ley no permite su
transformación en absoluto.
Otras 61 mil estaban clasificadas como “verdes”,
que se pueden transformar bajo ciertos criterios, de acuerdo con la ley.
“Esto se
da porque los montos de las multas, definidas por los gobiernos provinciales
para quienes desmontan en áreas donde es ilegal muchas veces son irrisorias”,
señaló Hernán Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Sin
embargo, el especialista destacó que aun en los casos en los que las provincias
imponen multas con valores elevados, hay dificultades, porque los casos se
judicializan y los plazos de resolución se estiran.
También
apuntó contra las autoridades que tienen que velar por el cumplimiento de la
ley.
“Esto además se da porque hay gobiernos provinciales que directamente
autorizan desmontes donde la ley no lo permite, como Chaco, Santiago del Estero
y Salta”, añadió, y cuestionó la práctica de algunas administraciones
provinciales de hacer “recategorizaciones prediales”, mediante las cuales
modifican, a simple solicitud del titular del terreno, la zonificación
establecida como “roja” o “amarilla”, para que queden dentro de la categoría
“verde”, donde la ley sí permite el desmonte.
“En estos casos, la excepción se
convierte en regla. Así se dio en Chaco, por ejemplo, donde lo hicieron en más de
50 predios. Se trata de la violación a la Ley de Bosques, propiciada por el
propio gobierno provincial”, denunció Giardini.
“Desde
Greenpeace nosotros presentamos un proyecto de ley de delitos forestales para
que estos sean considerados delitos penales. En la Argentina hoy podés destruir
un bosque del tamaño de la ciudad de Buenos Aires y después vas y pagas una multa
irrisoria y nada más”, aseveró.
A pesar
de esta situación, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), subrayó que “con la Ley de
Bosques, la situación forestal en el país es hoy mucho mejor, pese a todas las
dificultades que hay en su implementación” e hizo un llamamiento a
fortalecer los mecanismos para su correcta aplicación.
“Se necesitan más fondos
para poder implementar la ley, hay que hacer mucho y eso supone dinero. Es
importante, además, reprender a las provincias que hacen las cosas por fuera de
la ley”, señaló.
FARN
también había denunciado, en un informe publicado este mes, los mecanismos de
recategorizaciones prediales en Chaco que, señalaron, ya se habían visto en
Salta en años anteriores, y que, en ambos casos, atentan contra el espíritu de
la Ley de Bosques.
“La
recategorización se hacía con un simple trámite, sin respetar el proceso
participativo que se dio con la ley. Esto no puede ocurrir. Las provincias
tienen que aprender. No puede haber retrocesos en cuanto a bosques protegidos”,
sostuvo Di Pangracio.
“Desde FARN, nosotros pedimos que no se permitieran más
recategorizaciones, y que, en los casos que ya se hubieran permitido y en los
que se hubieran llegado a ejecutar desmontes, que se obligara al propietario a
restaurar la tierra”, añadió.
En el
caso de Salta, citado como antecedente por FARN, los decretos que habilitaban
esta práctica, firmados en 2010 y 2011 por el gobernador Juan Manuel Urtubey,
fueron derogados por él mismo en 2014.
En Chaco, en
enero último, el gobernador, Domingo Peppo, tomó una medida similar, al firmar
el Decreto 298/2019 con el que derogó
las normativas (las disposiciones 1103/12, 742/15 y 598/16 de la Subsecretaría
de Recursos Naturales del Ministerio de Producción de la Provincia) que daban
la posibilidad a los particulares de pedir excepciones para permitir desmontes
en zonas prohibidas por la ley.
Luciano
Olivares, subsecretario de Recursos Naturales del Ministerio de Producción del
Gobierno de la Provincia del Chaco, detalló a Chequeado que desde 2012
se habían solicitado unos 100 permisos, de los cuales se otorgaron 53, por un
total de 33.000 hectáreas, que actualmente están bajo evaluación.
“La
autoridad técnica, a pedido del Gobernador, está ahora revisando caso por caso,
para analizar la alternativa de suspensión de los trabajos autorizados.
Estamos sentando las bases técnicas para que el Gobernador tome la decisión”,
explicó.
Consultados
por acciones que se llevan adelante para combatir los desmontes ilegales a
nivel federal, en la Dirección Nacional de Bosques señalaron la existencia de
“instrumentos integrales para lograr fomentar el uso sustentable del bosque
nativo y su conservación”, que incluyen: sistemas de monitoreo y control de la
superficie forestal de los bosques nativos y herramientas para la promoción de
modelos de valorización y uso sustentable de los bosques nativos (el Plan
Nacional de Manejo de Bosque con Ganadería Integrado, Manejo Forestal
Sostenible en Cuencas Forestales y los Planes Integrales Comunitarios).
“Con el
objetivo de complementar la información disponible sobre la pérdida de bosque
nativo, se están realizando mejoras en el monitoreo satelital a través de la
implementación de un sistema de alerta temprana de deforestación (en primera
instancia para el Parque Chaqueño), que genera alertas de deforestación cada 16
días”, añadieron.
La información recolectada es a su vez contrastada con lo
informado por cada provincia.
En caso de irregularidades, se solicita a las
autoridades provinciales que detallen si el desmonte fue autorizado o no y las
medidas que se encuentran tomando al respecto.
Fuente
“chequeado.com”,
05.04.2019
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