TUCUMÁN 2005/2017
SOLO UN EJEMPLO
La corrupción, impune en
Tucumán: 219 denuncias en 13 años y una sola condena firme
Irene Benito en Investigación | 27 mayo, 2018
El hallazgo surge de la primera base de datos
con denuncias de corrupción radicadas en la provincia que realizaron Chequeado
y La Gaceta.
El único caso que escapó a la regla de impunidad en la
jurisdicción gobernada por el peronismo corresponde a funcionarios públicos de
la jerarquía más baja.
La
impunidad de los corruptos en Tucumán está respaldada en los datos.
Sólo el 0,5% de las denuncias de corrupción con trascendencia
pública presentadas en la Justicia provincial y federal registraron una condena
firme durante los 13 años que siguieron a la supresión de la Fiscalía
Anticorrupción en 2005.
En términos concretos, una de 219.
Y en el único caso
que logró el estatus de cosa juzgada, los condenados encajan en la definición
de “perejiles”: son “peces chicos” sin mayor espalda o cobertura política.
Al menos 195 de las 218 denuncias restantes originaron expedientes
penales que siguen abiertos con escasos avances en general -en
particular, sobresale el juicio oral de Miguel Ángel Brito, ex director de
Arquitectura y Urbanismo provincial que comenzó en abril-: es el subconjunto
que, debido a los pocos datos disponibles, presenta los mayores niveles de
incertidumbre y, por añadidura, de probabilidades de impunidad.
Las otras 23
que quedan derivaron en cuatro sobreseimientos; 12 archivos; cuatro
declaraciones de incompetencia y una de prescripción, y dos condenas de
ejecución condicional todavía en trámite de revisión.
Estos
hallazgos se desprenden de una base de datos elaborada por Chequeado a partir de la revisión de más de 4.700
ediciones de La Gaceta de Tucumán, el cuarto diario de papel del país y el
número uno del interior por sus cifras de circulación, y
del cotejo de la información recolectada con otras fuentes judiciales.
Se trata del primer archivo abierto especializado en denuncias de
corrupción con trascendencia pública radicadas en Tucumán y
de una de las iniciativas pioneras de esta temática en el país.
Entre 2005 y 2017, se presentaron al menos 219 denuncias por
corrupción en Tucumán. Pero sólo
una terminó en una condena firme
Aunque el número de procesos registrados en la base no comprende a
aquellas causas que quizás existieron y no fueron divulgadas, el volumen de casos detectados (219) es alto si se considera que
la auditoría del Consejo de la
Magistratura de la Nación en la Justicia Federal arrojó un
total de 2.178 expedientes por delitos contra la
administración pública en trámite en todo el país entre 1996 y 2016, un período
más amplio que el considerado para esta investigación en Tucumán.
El único caso de corrupción que escapó a la regla de impunidad
vigente en la provincia corresponde a funcionarios públicos de la jerarquía más
baja que, al momento de los hechos, trabajaban en una dependencia
policial en la localidad de Raco.
El proceso “Lebbos” (II), una causa emblemática
porque durante sus 12 años de sustanciación precipitó las renuncias del ex
fiscal Carlos Albaca y de su ex jefe, Luis De Mitri, implica al comisario
Enrique Antonio García, y a los agentes Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar
Lencina: los tres policías fueron sometidos a un juicio oral y condenados en
2013 por su actuación respecto del hallazgo de los restos de Paulina Lebbos,
joven asesinada en 2006.
La
Justicia provincial consideró probado que García y Yapura habían cometido el
delito de encubrimiento agravado mientras que Lencina recibió una condena por
adulterar un acta.
El veredicto de la Sala III de la Cámara Penal de San Miguel
de Tucumán, uno de los tribunales con mayor prestigio del distrito, incluyó la
orden de investigar a los superiores (el entonces secretario de Seguridad,
Eduardo Di Lella; el jefe de la Policía, Hugo Sánchez; el subjefe de la
Policía, Nicolás Barrera, y Héctor Rubén Brito, jefe de la Regional Norte),
quienes desde el 6 de febrero de 2018 son juzgados por el mismo tribunal en el
ámbito de la causa principal “Lebbos”.
En 2016, la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán confirmó el fallo condenatorio respecto de los policías de
Raco.
En el otro extremo del supuesto excepcional del caso “Lebbos” (II)
están las 29 denuncias que involucran a José Alperovich, ex
gobernador (2003-2015) y senador nacional del Partido Justicialista.
Es, por
lejos, el funcionario tucumano más denunciado (¿y más salvado?) desde 2005.
Ninguno de los procesos abiertos en su contra prosperó en los
Tribunales ordinarios y federales de esta provincia.
Por lo
que se sabe, Alperovich ni siquiera llegó a prestar una declaración indagatoria
en alguno de los procesos.
Sus
denunciantes, sobre todo opositores, le atribuyeron la presunta comisión de
delitos por el manejo irregular de fondos para obras públicas (como el
megaemprendimiento de viviendas del Estado denominado “Lomas de Tafí”, los
trabajos de pavimentación en Yerba Buena y los programas nacionales “Más Cerca”
y “Fondo Soja”); para planes de alimentación destinados a ciudadanos
vulnerables; para comprar el avión sanitario; para financiar ciudades y comunas
del interior, y para operaciones financieras.
Muchas de estas contrataciones cuestionadas fueron concretadas en
forma directa y discrecional, sin licitación pública.
Alperovich es, por lejos, el funcionario tucumano más
denunciado (¿y más salvado?) desde 2005.
Alperovich también acumula denuncias penales
por hechos de clientelismo político y electoral: lo
acusaron de haber organizado el traslado de militantes kirchneristas a los
actos oficiales del 25 de mayo y del 9 de julio de 2006, y de haber repartido
dádivas y prebendas mientras era gobernador.
Otras veces le asignaron el
presunto uso del patrimonio del Estado para su beneficio particular, o quisieron
llevarlo a Tribunales para que explicara por qué había dicho a la prensa, por
ejemplo, que algunos legisladores se habían enriquecido o que un grupo de
opositores mantenía “ñoquis” con las arcas públicas.
Tales rendiciones de
cuentas nunca tuvieron lugar, y casi no hay rastros sobre la actividad que
jueces y fiscales desplegaron para esclarecer las sospechas.
Cae una trinchera
La posibilidad de acceder a información sobre la marcha de los
procesos que atañen a los gobernantes y autoridades estatales sufrió un
retroceso en 2005, cuando la Corte Suprema provincial suprimió la Fiscalía
Anticorrupción con el visto bueno del entonces ministro público fiscal De
Mitri.
Esa oficina del Ministerio Público había funcionado durante cinco años,
lapso en el que logró una exposición y un poder nunca vistos en los Tribunales.
Tanto creció ese despacho que, en 2002, su entonces titular, el fiscal Esteban
Jerez, renunció para dedicarse a la política.
Al año siguiente, disputó
infructuosamente desde el Frente Unión por Tucumán la Gobernación a Alperovich,
quien llegó al Poder Ejecutivo de la mano del ex gobernador peronista Julio
Miranda.
Pedro Gallo, sucesor de Jerez en
la Fiscalía Anticorrupción, cultivó el perfil bajo y, lentamente, la luz de ese
despacho comenzó a apagarse al ritmo de un sistema procesal renuente a la
publicidad, que ya para 2005 se destacaba negativamente por sus dificultades para
llevar causas sensibles -también no sensibles, en rigor- a juicio oral.
Las noticias divulgadas al momento de la disolución de la Fiscalía
Anticorrupción señalaban que había alrededor de 450 denuncias de corrupción en
la etapa preparatoria del enjuiciamiento.
En aquel momento se
calculaba que por mes ingresaban 10 casos.
La decisión de dar de baja la
Fiscalía especializada implicó volver al régimen anterior, donde todas las
oficinas de Instrucción (equivalentes a las de primera instancia en el orden
nacional) debían investigar la corrupción, junto con los demás delitos, en
función de los turnos, como sucede en la Justicia Federal.
“La modificación va a traer beneficios porque un sólo fiscal no
puede investigar toda la corrupción. Se ganará en estructura, lo
cual es muy importante por el déficit que existe en la materia. Gallo
está totalmente de acuerdo”, informó De Mitri el 23 de septiembre de 2005,
según una publicación de La Gaceta.
Y añadió que anhelaba que las denuncias
hayan disminuido (desde la salida de Jerez) porque “había bajado la
corrupción”, aunque no tenía datos concretos para respaldar ese deseo.
En la oposición, en cambio, auguraron que todo iba a empeorar.
Y
así fue, según los datos analizados para esta
investigación.
José Cano y Juan Robles, entonces legisladores radicales, habían
solicitado el desplazamiento de Gallo y la creación de otras oficinas
judiciales anticorrupción.
“Se precisan más equipos técnicos idóneos para
investigar este tipo de delitos. Esta medida (la supresión de la Fiscalía
Anticorrupción) consolidará la impunidad”, había opinado Cano.
Pablo
Walter (Recrear y hoy PRO) sostuvo que la eliminación del órgano había sido
acordada entre la Corte provincial y el gobierno de Alperovich.
“Los
expedientes de corrupción pasarán al olvido y seguirá bajando el número de
denuncias por la desconfianza en la Justicia”, vaticinó Jerez.
“A mí me da exactamente lo mismo; siempre dije que si uno no roba y
si trabaja bien, no tiene por qué temer a la investigación y
que cuanto más se investigue, mejor para todos. Soy un gobernador al que le
gusta que lo controlen”, expresó Alperovich.
Al
eliminar la Fiscalía Anticorrupción, la Corte provincial sugirió que iba a
establecer un sistema específico de seguimiento computarizado de las pesquisas
de denuncias contra funcionarios públicos por presuntos hechos de corrupción en
todas las fiscalías de la provincia.
Eso nunca sucedió. Once años después,
existe un registro de este tipo de casos, pero limitado a los que exhiban un
requerimiento de elevación a juicio, es decir, a los que estén al borde de ser
publicitados por la mecánica propia del sistema procesal penal.
A comienzos de abril de 2018, el registro todavía no disponía de
ninguna entrada y tendrá pocas de todas formas porque un número pequeño de
causas logran perforar la barrera de la instrucción preliminar al
enjuiciamiento, como demuestra la información recolectada en esta investigación
periodística.
La
Corte creó la base de datos en 2016 con un diseño más
amplio, pero la aspiración de difundir los expedientes desde la imputación (o
declaración indagatoria) frenó la aplicación de esa política de transparencia y
terminó siendo dejada de lado después de dos años de debate.
A
estas dificultades se suman las de la Justicia Federal de Tucumán, que tampoco
dispone de un mecanismo destinado a transparentar su accionar respecto de las
denuncias de corrupción aunque la Ley de Derecho de Acceso a la Información
Pública, vigente desde septiembre de 2017 la obliga a hacerlo.
Más
allá de la auditoría general del Consejo
de la Magistratura de la Nación, no hay ningún esquema regular y oficial
incorporado con el objetivo de informar a la comunidad sobre la marcha de estos
casos.
La Justicia Federal de Tucumán ni siquiera
proporciona datos al Observatorio de la Corrupción disponible en el Centro de
Información Judicial (CIJ), que administra la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
La Justicia Federal tucumana ni siquiera proporciona datos
sobre causas de corrupción a la Corte Suprema.
Todos estos impedimentos institucionales
convierten a la prensa en el único ámbito de ventilación y discusión del
trabajo de los jueces y fiscales tucumanos en las causas contra la
administración pública, que son las que, en buena medida, ponen en cuestión la
independencia del Poder Judicial.
Y, por añadidura, las que plantean mayores
obstáculos para su fiscalización y monitoreo.
El factor electoral
Si la Fiscalía Anticorrupción provincial llegó a acumular 450
causas en el período 2000-2005, la identificación de 219 denuncias presentadas
en los poderes judiciales local y federal durante los últimos 13 años suponen
una reducción significativa.
De ese segundo volumen, 150
corresponden a la Justicia penal de Tucumán mientras que las otras 69 pertenecen
a la Justicia Federal, que sustancia los casos que involucran fondos públicos
nacionales o bien refieren a lavado de activos; evasión tributaria;
narcotráfico, trata de personas u otros delitos considerados federales por la
ley.
Quedan afuera del cómputo de esta
base las causas iniciadas en la Justicia Federal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (como los expedientes “Qunita”, que involucra al gobernador Juan
Luis Manzur, y “Corea”, que implica al diputado Cano) y las que, si bien
exhiben grandes conexiones con el poder político, no generaron imputaciones
concretas contra funcionarios.
En este último supuesto entraría el proceso del
clan Ale por lavado de activos y otros crímenes, que tanta repercusión tuvo en
el país.
La
investigación periodística desarrollada por Chequeado en alianza con La Gaceta revela que entre 2005 y 2017 hubo una denuncia por corrupción cada 22 días.
El pico
se registró en 2016 mientras que el valle aparece en 2008, año a partir del
cual vuelve a haber un crecimiento.
La serie desmiente la idea de que la
judicialización de la corrupción está totalmente ligada con los turnos
electorales: en 2009, período coincidente con la renovación parcial del
Congreso de la Nación, hubo menos de denuncias que en 2010, y lo mismo puede
decirse respecto de 2011 y 2013.
El oficialismo provincial arrasó en todas esas
elecciones, con cosechas superiores al 70% de los votos en disputa.
En 2011, la
fórmula Alperovich-Manzur consiguió el 75% de los sufragios: en esa
oportunidad, el gobernador se convirtió en el primer mandatario re-reelegido en
el cargo.
El número de denuncias de corrupción aumentó en forma relevante
durante 2015, cuando Alperovich perdió la posibilidad de colocar su boleta en
las elecciones locales (se mudó al Senado, como primer
representante de la mayoría provincial).
Durante ese año y en 2017, Tucumán dio
la nota como el distrito electoral más conflictivo del país.
Para evitar
distorsiones, la base de datos confeccionada deja de lado las decenas de
denuncias radicadas durante las respectivas votaciones, la mayoría de ellas por
presuntos episodios de clientelismo (entrega de bolsones y acarreo de
votantes).
Pese a la avalancha de acusaciones, vale la pena mencionar que
ningún hecho de este tipo ha llegado a juicio oral.
Hay funcionarios denunciados de todos los niveles y categorías,
con una prevalencia de oficialistas que comienza a atenuarse a partir de 2016, donde
cada vez más opositores tucumanos y oficialistas a nivel nacional son
cuestionados, como Cano y Luis Brodersen, legislador macrista.
En el plazo
2007-2010 se advierten numerosas presentaciones contra comisionados rurales,
intendentes e integrantes del Poder Ejecutivo encargados de distribuir fondos
en el interior de la provincia.
Como
resulta lógico desde el punto de vista de la impunidad, un porcentaje llamativo de las denuncias señalan irregularidades
en los actos y resoluciones de jueces y fiscales, y de
miembros de la cúpula de la Justicia.
Un porcentaje llamativo de las denuncias por corrupción
señalan irregularidades en las resoluciones de jueces y fiscales.
El caso emblemático es el del ex juez federal
Nº2 Felipe Terán, que en 2007 fue separado de su cargo por el Consejo de la
Magistratura de la Nación y, luego, en 2014,
condenado por los tribunales federales a una pena de prisión condicional por
las maniobras con títulos de la deuda pública afectados por la cesación de
pagos de 2001 -la sentencia aún no está firme- (causas “Borquez” y
“Camandona”).
Hechos similares pero más graves obligaron a
Jorge Parache, ex juez federal Nº1, a jubilarse anticipadamente, pero las
causas iniciadas en su contra se estancaron.
En
2017, además, el ex magistrado Terán se convirtió en el primer ex funcionario
sancionado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, pero ese
proceso quedó afuera de esta publicación porque data de 2003.
Al respecto, conviene señalar que, en los hechos, el Poder Judicial de Tucumán
carece de un órgano de destitución de magistrados.
La
última remoción tuvo lugar en 2006, antes de la reforma constitucional que
modificó el régimen de depuración de los Tribunales locales.
El sistema
A
grandes rasgos se pueden distinguir tres tipos de tramitaciones de causas de
corrupción.
Por un lado están aquellas que dormitan en los
anaqueles de Tribunales, a la espera de la prescripción
que, como se sabe, en estos procesos se prolonga en el tiempo puesto que la
extinción de la acción penal no opera mientras el funcionario sigue prestando
servicios.
Esos casos están parados de hecho: nadie los mueve porque han caído
en el olvido.
Por otro lado hay que agrupar los expedientes cerrados en cuestión
de días, sin pesquisa alguna.
En esta línea de archivos
exprés entran, entre otras, las denuncias de Cano contra el entonces ministro
de Economía, Jorge Jiménez, por el otorgamiento de beneficios tributarios a la
firma Gasnor; de Roxana Teves contra el ministro público fiscal Edmundo Jiménez
y otros por su papel protagónico en una supuesta asociación ilícita existente
en los Tribunales provinciales, y del denunciante recurrente Oscar López por el
manejo discrecional de $ 615,6 millones para gastos sociales legislativos
erogados en 2015.
Este último asunto fue desarchivado por Jiménez, jefe de los
fiscales, y girado a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº2 de la capital a
cargo de Claudio Bonari, quien aún no resolvió si lo cierra o si pide una
investigación jurisdiccional (a cargo de un juez por la existencia de fueros).
Por último, aparecen las causas que presentan
un nivel alto de actividad pero no conducente al hallazgo de la verdad, sino
que rebotan de un punto al otro del sistema con planteos formales.
Cada
nulidad y cada cuestión de competencia suponen uno o dos años de idas y
vueltas, de resoluciones apeladas que implican a varios tribunales.
Son
discusiones previas que en la práctica postergan -a veces indefinidamente- el
comienzo de la investigación propiamente dicha.
A menudo suele suceder que cuando los jueces y fiscales no son
recusados por las partes, estos inician una cadena de inhibiciones sin final.
Es lo
que sucedió respecto de una de las denuncias relativas al uso del avión
sanitario de la provincia, donde ocho jueces se excusaron sucesivamente (causa
“Avión sanitario” IV).
El expediente estuvo parado más de un año hasta que la
Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción resolvió que debía intervenir
el primer juez que lo había recibido, Juan Pisa.
Este sistema ha sido exitoso en la obstaculización del camino al
juicio oral tanto respecto de las causas con repercusiones institucionales como
de las comunes.
La tramitación de papeles y de presentaciones escritas se ha
traducido, en la práctica, en expedientes voluminosos fácilmente manipulables y
cajoneables.
A ello se añade el hecho de que los denunciantes de casos
sensibles abandonan a sus “criaturas”, en parte también por la imposibilidad
legal de actuar como querellantes o de asumir otro rol similar que permita tomar
contacto con las actuaciones.
Muchas
denuncias estrepitosas buscaron solamente un efecto político pasajero, o sus
autores fueron incapaces de darles la cobertura y el impulso que precisaban
para abrirse paso en los Tribunales.
La suma de estas circunstancias
configura un escenario adverso para la persecución de la corrupción puesto que,
si sólo el 0,5% de las denuncias se transforman en condenas firmes, casi no hay
incentivos para exponer las irregularidades que cometen los funcionarios
públicos.
Decálogo de la impunidad
En función de la experiencia de
Tucumán, para que la corrupción no reciba castigo y pueda ser ejercida libre y
abiertamente hay que:
-Cerrar la Fiscalía
Anticorrupción y atomizar las investigaciones.
-Mantener los procesos en
secreto.
-Bloquear el avance de las causas
con planteos dilatorios.
-Desactivar los órganos de
control estatales.
-Impedir el desarrollo de cuerpos
técnicos especializados.
-Desviar la atención hacia la
criminalidad común.
-Evitar la sanción de leyes de
ética y acceso a la información pública.
-Desdibujar la división de
poderes.
-Designar jueces y fiscales
afines al oficialismo.
-Quitar los incentivos para
denunciar.
Corrupción: cinco preguntas fundamentales
-¿Está preparada la Justicia de
Tucumán para enfrentar las demandas sociales de transparencia y de castigo de
los corruptos?
-¿Cómo se sale de un escenario
delictivo que luce endémico y estructural, y que involucra a integrantes de los
tres poderes del Estado?
-¿Qué rol cumple la oposición
frente a la corrupción? ¿Qué rol cumple y puede cumplir la prensa?
-¿Cuál es la relación entre el
uso del Estado para el beneficio particular de las autoridades, la inseguridad
ciudadana y el narcotráfico?
-¿Hasta cuándo los jueces y
fiscales podrán mantener la impunidad de los poderosos?
Este artículo copublicado con el diario La Gaceta fue
uno de los elegidos por el Jurado Internacional de “Chequeado
Investigación: Etapa II” entre más de 40 postulaciones.
Este artículo forma parte del proyecto “Chequeado Investigación:
Etapa II”, que cuenta con la participación del periodista de La
Nación Hugo Alconada Mon como codirector de la iniciativa junto con la
directora de este medio, Laura Zommer.
En 2017 y 2018 se publicará una decena
de producciones en el sitio especial “Chequeado Investigación”.
Todas estas piezas son
financiadas por Chequeado gracias al apoyo de Open Society Foundations (OSF).
Crédito de la fotografía de apertura: Arturo Chomyszyn
Sin ética ni acceso a la información pública
Tucumán carece de normas que refuercen
específicamente la transparencia del Estado.
Pese a las múltiples promesas del
gobernador Juan Manzur y a los numerosos proyectos de ley presentados en las
últimas dos décadas, la provincia no sancionó una ley propia de acceso a la información
pública ni adhirió a la que adoptó el Gobierno nacional en septiembre de 2016.
Tampoco dispone de una ley de ética pública acorde a las convenciones y pactos
internacionales contra la corrupción, y a la norma existente en el país desde
la gestión de Fernando De la Rúa.
La Ley Nº 3.981, que regula la presentación
de declaraciones juradas por parte de los funcionarios públicos provinciales,
data de 1973 e impone el secretismo al sancionar la divulgación de los datos
patrimoniales.
En los hechos, los tucumanos no pueden conocer los patrimonios de
sus administradores locales ni estos están obligados a presentar información
que permita prevenir conflictos de intereses y detectar enriquecimientos
ilícitos.
Se demora la transformación de la Justicia penal
Con la intención de atacar el fenómeno
de la impunidad, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán intentó aplicar en
2012 un plan piloto en la Justicia penal provincial.
Este proyecto, que volvía oral
y transparentaba la investigación previa al juicio, fue abortado por presión de
los poderes políticos.
Cuatro años después, la Legislatura
sancionó un nuevo Código Procesal Penal que introduce cambios sustanciales al
régimen vigente en la provincia desde 1991 con el objetivo de acortar los
tiempos, exponer la tarea de los Tribunales, dar mayor protagonismo a la
víctima y preservar las garantías de los imputados.
La implementación de esta
transformación fue postergada dos veces: originalmente iba a debutar en
septiembre de 2017, pero a posteriori pasó para abril de 2018 y, luego, para
febrero de 2019.
Es posible que el debut del digesto provincial
coincida con la modificación del proceso en la Justicia penal federal de
Tucumán, que forma parte de la región que ensayará primero los cambios pautados
en el Congreso de la Nación.
Tampoco hay fecha para esa otra transformación
pendiente.
Fuente
“chequeado.com” y “LA GACETA”, Tucumán
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