REFORMAS: NECESIDAD
ACUERDOS: DIFICILES
LEGALES
01/05/2018 La relación entre el Gobierno y el "ala dura" del
sindicalismo volvió a tensarse ante el plan oficial que apunta a modificar la
normativa vigente. Ocurre mientras el sindicalismo apunta a tener una nueva conducción
que reemplace al actual triunviro. El Ejecutivo "pone fichas" para no
quedarse afuera
Por Federico Mc Dougall
En el
Día del Trabajador, el triunviro de la CGT,
Juan Carlos Schmid, rechazó
la reforma laboral que
propone el Ejecutivo y aseguró que "los trabajadores pasan las de Caín
para llegar a fin de mes".
"Ya
he manifestado que no
hay confianza en las propuestas del Gobierno, porque primero dice
una cosa y termina haciendo otra. Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo voy a rechazar",
adelantó.
"Muchos vamos a rechazar este proyecto.
El anterior fue en realidad un ensayo para terminar sancionando la ley de
reforma previsional", señaló Schmid y criticó la situación que atraviesan
los asalariados.
"No hay motivos para festejar el día del trabajador, es muy compleja la
situación. Los trabajadores pasan las de Caín para llegar a fin de mes. Pensemos
en los millones de compatriotas que no tienen trabajo", dijo el
gremialista de Dragado y Balizamiento.
La CGT elegirá una nueva conducción que
reemplace a la actual, que "está recorriendo sus últimos días", según
apuntó Schmid.
"Seguramente
el jueves va a
reunirse (el triunvirato) con el Consejo Directivo para el
congreso de integración de autoridades. Hasta ese momento, estamos al frente
para tomar las decisiones que falten", afirmó el dirigente moyanista.
Por
su parte, el secretario de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE),
Ramón Ayala,
también rechazó la reforma laboral.
"No estamos de acuerdo en
que se bajen las
indemnizaciones", afirmó, aunque consideró que "están
bajando los niveles de pobreza y desempleo", aseguró.
A su vez, defendió los tarifazos: "Es cierto que el tarifazo es duro, pero
era una medida
necesaria, no podíamos seguir viviendo de subsidios. Era
una total fantasía vivir
de los subsidios
energéticos, eso nos llevó al 30% de pobreza".
"Pata sindical" oficialista
Tal como diera cuenta iProfesional,
en el marco del reordenamiento de la CGT Macri pugna por ubicar a
sus aliados en la futura central obrera, manteniendo su impronta
oficialista.
El acto del martes congregó
a unos 80 gremios, entre ellos peones rurales, taxistas,
petroquímicos y plásticos, la organización que liderara el padre de Triaca antes de ser
el ministro de Trabajo de Carlos Menem.
Ese paraguas heterogéneo integró
la comitiva sindical que, a fines de marzo pasado,
se reunió con el Presidente en Casa Rosada, tras acompañar al
ministro Triaca hijo en
su gira por Europa para explorar modelos de diálogo
social, nuevas modalidades de trabajo y los sistemas de
seguridad social.
En una relación que denominan de
"apoyo mutuo", los gremialistas convalidaron la pauta
salarial del 15% y dieron su aval para avanzar en la
discusión de cambios de las leyes laborales.
"Llegamos a mitad del río y
vamos a acompañarlo a cruzarlo", le dijo a Macri José Ibarra,
hombre fuerte de las 62 organizaciones y jefe del bloque
oficialista de senadores en Salta.
El Gobierno busca un
amplio respaldo para sancionar su pack de proyectos laborales sin
afrontar una crisis política como la de diciembre
pasado, cuando los sectores duros de la CGT se vieron arrastrados a una batalla
campal en Congreso contra la reforma jubilatoria.
Para evitarlo, Macri
dosificará los cambios. "Tenemos el compromiso de
hacerlo por etapas y jamás voy a tomar una medida que atente
contra el modelo sindical o los trabajadores", les aseguró el mandatario
en marzo a la docena de sindicalistas que pisaron la Rosada.
El plan "blindaje"
del Gobierno, sin embargo,
enfrenta serios obstáculos. En las últimas semanas, la estructura
sindical sufrió el desprendimiento de 27 asociaciones, encabezadas
por recibidores de granos (URGARA), motoqueros (ASIMM), farmacéuticos y obreros
de la industria del vidrio (SOIVA).
Se trata de un sector que
cuestiona el apoyo "irrestricto" de las 62
al Gobierno -sello
al que ahora denominan "62 Cambiemos"- y que decidió volver a
la CGT y al peronismo, de la mano de
Barrionuevo y Moyano.
La fractura hizo temblar a
la propia UATRE, donde algunas seccionales amenazan con seguir al
gastronómico, avalado por la Justicia para estar ahora al frente del PJ.
El sindicato de los peones
rurales es clave para el Gobierno.
No solo
por sus más de 600.000 afiliados, que lo ubican a nivel nacional en
segundo lugar detrás de Empleados de Comercio.
Además, la organización que liderara
Venegas antes de su muerte es el sostén del partido FE,
la principal pata peronista de Cambiemos que tiene entre sus miembros a la
ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Con la convocatoria de este
martes, Ayala aspira a consolidar su liderazgo al
frente de las 62 y de los peones rurales,
siguiendo los pasos de su antecesor.
"Les digo, compañeros, que
tenemos que luchar para comenzar a construir una unidad que
nos permita mantener la dignidad de los trabajadores, para en las urnas derrotar
a este Gobierno que va
contra todas nuestras conquistas", disparó Hugo Moyano días atrás en un
acto.
"No nos tenemos que equivocar a
la hora de votar", advirtió Moyano, quien se refirió a la causa
que lo involucra al asegurar que a los luchadores siempre los
persiguieron.
"Antes te tiraban con los fierros, ahora lo hacen con parte
de la prensa y la Justicia", disparó Moyano.
La demostración de
fuerza impulsada por el camionero coincide con el reavivamiento del conflicto
en OCA -el correo privado del que Moyano niega ser dueño pero donde
opera como si lo fuera- y las causas judiciales que lo tienen en la mira.
Su gremio suspendió a
último minuto el paro sorpresivo anunciado para el último
jueves en la rama correos, una vez que el Ente Nacional de Comunicaciones
(Enacom) volvió a prorrogarle la licencia a la empresa postal
que vencía ese mismo día.
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Desde el año pasado, el Gobierno renueva
mes a mes la licencia de OCA para
que siga operando.
El principal correo privado mantiene una deuda con
la AFIP por más de $1.400 millones.
Cerca de Moyano, sin embargo,
perciben un cambio de vientos, por el que ahora las autoridades estarían decididas a dar
de baja el aval para que funcione el principal correo privado.
En paralelo, la Justicia reactivó
las investigaciones contra el jefe de Camioneros.
Gendarmería allanó oficinas de varias financieras en la
Ciudad y la provincia de Buenos Aires que estarían vinculadas con el
sindicalista, actual presidente de Independiente, y con su familia.
Flexiblización laboral, en agenda
El Senado tiene previsto abrir en comisión en los próximos días
el debate de tres proyectos de reforma laboral que
fueron remitidos por el Poder Ejecutivo.
Están vinculados a:
- La regularización de trabajadores no registrados
- La creación de una agencia nacional de evaluación de tecnología
de la salud
- El sistema de prácticas formativas de los estudiantes.
No obstante, uno de los proyectos
incluye una modificación del cálculo de las indemnizaciones por
la que no se tendrían en cuenta premios, bonos ni
el sueldo anual complementario (SAC).
Hasta el momento, se calculan sobre
el sueldo más alto percibido por el empleado al momento de ser
cesanteado, y a esto se le suman bonos o premios, el SAC y todo
"reconocimiento de gastos que el empleador efectúe hacia el trabajador".
El Ejecutivo planea utilizar en lugar
de las indemnizaciones la creación de un fondo de cese
laboral, el cual sería constituido mediante un convenio colectivo,
suscrito por las cámaras y el gremio principal de cada
sector.
De esta forma, el empleador aportaría mensualmente
un porcentaje del sueldo más adicionales remunerativos y no remunerativos.
Se trata de una modalidad ya usada en la construcción.
Otra de las iniciativas polémicas
prevé la creación de la AGNET (Agencia Nacional de
Evaluación de Tecnologías de la Salud).
Se trata de un órgano autártico (SIC) encargado de
delinear el Plan Médico Obligatorio, es decir, las
prestaciones mínimas que deberán ofrecer las obras sociales.
Pero, además, "será el órgano
de consulta en los procesos judiciales de toda
clase en los que se discutan cuestiones de índole sanitaria", por lo que
el Gobierno responde así
uno de los principales reclamos de las obras sociales.
Lupa en los proyectos
Las propuestas ya estaban incluidas en
el proyecto ampliado de reforma laboral cuyo tratamiento fracasó a
fines del año pasado en el Congreso a raíz de los
fuertes cuestionamientos que recibió por parte de
la oposición y organizaciones sindicales.
Ahora, el Gobierno insistirá con
algunos de los puntos de esa reforma con la presentación de tres
proyectos de ley, que fueron enviados el viernes al Senado y que
serían girados a la comisión de Trabajo una vez que se
registre su ingreso formal a la mesa de entradas de la Cámar (SIC).
El primero de los proyectos se
refiere a la regularización del trabajador no
registrado así como a la rectificación de la real remuneración o
de la real fecha de inicio de la relación laboral.
En el texto se propone la extinción de
la acción penal y liberación de las infracciones, multas y sanciones de
cualquier naturaleza correspondientes a dicha regularización y
la baja del Registro de Empleadores con Sanciones
Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que blanqueen a sus
empleados.
El proyecto plantea que las relaciones
laborales deberán efectivizarse dentro de los 360
días contados desde la reglamentación de esta ley.
El proyecto indica que
"podrán incluirse en el presente régimen las deudas que
se encuentren controvertidas en sede administrativa, contencioso
administrativa o judicial, a la fecha de publicación de la presente ley en el
Boletín Oficial".
En tanto que
el demandado "se allane incondicionalmente y, en su caso, desista
y renuncie a toda acción y derecho, incluso al de
repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos"
También se prevé la condonación
de la deuda por capital e intereses cuando aquella
tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones con
destino a los Subsistemas de la Seguridad Social.
El
segundo de los proyectos establece la creación del Sistema de Prácticas Formativas para
los estudiantes y nóveles graduados de la Educación Superior, y los estudiantes
de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, en todos los casos mayores de 18 años, a
cumplirse en empresas o instituciones públicas o privadas, con excepción de las
empresas de servicios
eventuales aún cuando adopten la forma de cooperativas.
El
artículo 16 determina que la duración y
la carga
horaria de las prácticas formativas se definirán en
general en los Convenios
Colectivos de Trabajo y en particular en el convenio
de Práctica
Formativa, en función de las características y complejidad de
las actividades a desarrollar con un máximo de hasta 12 meses y con
una carga horaria de hasta 30 horas semanales.
La
iniciativa propone que "los practicantes reciban
una suma de dinero en
carácter no remunerativo en calidad de asignación estímulo".
"Esta
asignación se calculará tomando como referencia el salario básico neto del
convenio colectivo aplicable a la empresa, y será proporcional a la carga horaria de
la práctica formativa", consigna el proyecto.
El
último de los proyectos de ley crea la Agencia Nacional de evaluación de Tecnologías de
Salud (AGNET) como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio
de Salud, con autarquía económica, financiera, y personería jurídica
propia.
Respecto
a su incumbencia, sostiene que competerá a la AGNET la realización
de estudios y
evaluaciones de medicamentos, productos médicos e
instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos, quirúrgicos y de cualquier
otra naturaleza destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud.
Esto, a fin de determinar su uso apropiado, oportunidad y modo de
incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector
público y el Programa
Médico Obligatorio.
Fuente
“iProfesional”,
01.05.2018
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