MENDOZA: LA TUPAC Y…
LA EVASIÓN
Sábado, 19 de mayo de 2018
Tupac: el esposo de Nélida Rojas evadió $29 millones, según AFIP
Hubo una empresa de construcción
familiar que en 8 años manejó $100 millones.
En ese concepto, debía tributar
ganancias.
Ramón Martínez cuando le otorgaron la prisión domiciliaria, hace casi un año.-
Claudio Gutiérrez / Los Andes
Por Cinthia
Olivera
El
intenso movimiento que tuvo la cuenta de Ramón Martínez,esposo
de Nélida
Rojas (líder de la Tupac Amaru en Mendoza), disparó una investigación de la
AFIP que concluyó que hubo evasión de impuestos por casi 30 millones de
pesos.
El organismo
observó los movimientos que hubo desde junio de 2008 hasta abril de
2016 y comprobó que por la cuenta de Martínez pasaron $102.934.730,
provenientes del Programa Federal de Viviendas.
Según la investigación, el dinero que “bajaba” de la Nación a las 21 cooperativas
nucleadas en la Tupac fue administrado por el esposo de Rojas.
Esta
observación coincide con la causa judicial que abrió la fiscal Gabriela
Chaves, en noviembre de 2016, en la cual el hombre es
apuntado como el jefe de la asociación ilícita.
Cabe recordar
que esta figura delictiva cruza a todos los familiares y miembros del “clan” Rojas-Martínez, aunque
las imputaciones también apuntan a la coacción agravada, extorsión y amenazas.
Es que según
entendió el Ministerio Público, hubo una organización delictiva necesaria que
se enriqueció y que obligó a quienes aspiraban a su casa a militar por el
kirchnerismo.
Martínez
hacía cuantiosas extracciones en efectivo en el Banco Nación.
El informe
del organismo nacional se suma a la causa que tiene abierta la Tupac y que está
en manos de la Suprema Corte de Justicia.
Más allá de las cifras millonarias
observadas, la investigación refuerza, desde la perspectiva fiscal, dos
hipótesis de Chaves: la inexistencia de las cooperativas de trabajo y el lavado
de dinero a través de familiares.
La AFIP puso
la lupa sobre los movimientos financieros de los integrantes de la familia,
para determinar el impuesto a las ganancias.
Esto porque el organismo entendió
que las cooperativas no habrían existido, sino que hubo una “empresa constructora
familiar”, lo que implica que hubo fines de lucro.
En
contraparte, hay que tener en cuenta que una cooperativa de trabajo supone que
los integrantes se desempeñan en distintas actividades y oficios y se reparten
las ganancias.
Al tener un carácter social, no tributan
ganancias.
Según
determinó la AFIP, Martínez recibió la totalidad de los
fondos que se destinaban a las cooperativas, cuyo domicilio fiscal es Maipú 185
de Lavalle (casa de Rojas-Martínez).
Justamente allí la
investigación de Chaves encontró todos los sellos, talonarios, entre otros
documentos, de las distintas cooperativas de trabajo.
Extracciones en efectivo
Si bien los
fondos que vinieron del programa nacional y pasaron por el IPV y el municipio
datan desde 2008, en el mes de diciembre de 2012 se firma la primer acta en la
que suscriben todas las cooperativas y definen quiénes estarían autorizados al
manejo de una caja de ahorro común de la organización barrial Tupac
Amaru.
Allí surge el nombre de Martínez junto a su hijo, Federico
Torrengo, y Emilia Montaño.
Según
entiende la investigación, las actas intentaron “sanear” una
situación de hecho anterior, en la que Martínez manejaba los fondos y no las
cooperativas.
Según
testificaron en el Banco Nación de Lavalle, encargado de advertir las
cuantiosas extracciones, el esposo de Rojas, en conjunto con su hijo y Montaño,
iban con el encargado de la cooperativa a cobrar los cheques.
Allí extraían el
dinero y se lo daban a Martínez, quien se llevaba una parte en efectivo y la
otra parte la depositaba en su cuenta.
Con
estos datos, la Administración Federal examinó los
períodos fiscales desde el 2012 al 2015 y sumó $ 28.954.690 de
evasión fiscal en concepto de impuesto a las ganancias.
Siempre con
el supuesto de que las cooperativas no existieron como tales, sino que hubo una
empresa de construcción familiar que debía tributar a las ganancias.
En la
historia que examina, la AFIP continúa su informe y advierte que hubo
extracciones en efectivo de las cajas de ahorro de las cooperativas y depósitos
en efectivo en la cuenta de Martínez, el mismo día y por el mismo
importe.
La
investigación también advierte que hay constancia de que el esposo de la líder
de la Tupac tuvo en su poder los cheques de las cooperadoras, lo que lo
convierte en el administrador.
Con todos
estos elementos sobre la mesa, el organismo nacional deja de lado la
conformación de las cooperativas y pone como responsable fiscal a Martínez,
quien por ende se dedicó a la actividad económica de construcción de
viviendas.
La otra sospecha: el lavado de activos
En la investigación judicial llamó la atención la gran
cantidad de bienes que tienen los integrantes de la Tupac (familiares y
miembros) y que no han sido explicados desde lo fiscal, más allá de que fueron
justificados como “ahorros familiares” de sus trabajos de albañiles y
cooperativistas.
Se
contabilizan 18 vehículos, entre los que destacan camionetas Hilux y camiones,
dos terrenos y casas.
La AFIP también puso la lupa sobre los integrantes de la
familia que tienen a su nombre casas y vehículos, muchos de alta gama.
Cabe recordar
que 4 hijos de Rojas y uno de sus yernos se sumaron en julio de 2017 al
blanqueo de capitales que impulsó el presidente Mauricio Macri.
En el
informe, la AFIP declaró al resto de los familiares “sin interés fiscal”, ya
que consideró que Martínez es quien manejó los fondos asignados y que las
cooperativas son una mera pantalla.
Es
decir, los bienes fueron inscriptos a nombres de terceros, lo que se conoce
como testaferros.
La prueba está en que los titulares no pudieron demostrar
capacidad económica para la adquisición de propiedades y vehículos.
Cómo
sigue el caso
Esta novedad
se suma a los distintos movimientos que ha tenido la causa de la Tupac Amaru en
Mendoza desde el 7 de abril de 2017, día en que detuvieron preventivamente a
Rojas.
En lo que siguió, hubo otros cuatro familiares detenidos a partir de la
investigación que impulsó el Ministerio Público de Mendoza (parte acusadora).
Las
detenciones fueron apeladas por la defensa y la Octava Cámara del Crimen
decidió liberar a los imputados, además de desestimar la figura de “asociación
ilícita”.
Con este traspié, el Ministerio Público presentó un recurso de
casación, que debe definir la Corte.
La foto
judicial actual suma, a esta definición, la resolución pendiente de la Justicia
Federal, que tiene en sus manos una causa por Fraude al Estado.
Antes, debe
resolver un pedido de Chaves, quien presentó un conflicto de competencia
para que la causa se resuelva en la órbita provincial.
Fuente
“LOS ANDES”, 19.05.2018
(Facebook, H. Ponce,
19.05.2018)
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