DENUNCIAS ENCADENADAS:
UNA SITUACIÓN A ACLARAR
sábado, 1 de octubre de 2016
Hilo rojo: Gustavo Vera, Julio Piumato y un juez en una causa por robo de maquinarias de talleres
El falso vocero papal y el gremialista fueron imputados por haberse quedado con máquinas entregadas por el magistrado.
La pantalla de la “incautación de bienes de la mafia”.
En octubre de 2015, una cadena de vagas casualidades llevó al allanamiento de un taller de costura.
Lo que en principio fuera anunciado como un triunfo más en la lucha contra el trabajo esclavo terminó denunciado como un entramado judicial para el robo sistemático de maquinarias y telas con la excusa del combate a la explotación de personas en el sector textil.
El asunto condujo a la imputación de Gustavo Vera, ícono de la lucha contra la trata de personas y la servidumbre laboral, y de Julio Piumato, ex titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación.
Por si fuera poco, el conflicto amenaza con llevar ante el Consejo de la Magistratura al juez Ariel Lijo.
Según el relato judicial, todo comenzó el 8 de octubre de 2015, cuando un miembro de la Policía Federal Argentina de nombre Jorge Luis Zabala caminaba por el barrio de Once, donde luego de transitar por calles atestadas de puestos ilegales exhibiendo mercadería igual de ilegal, puestos de comida que no pasarían un control de salubridad ni con ayuda celestial y tiendas donde un celular usado puede ser vendido con las fotos de su dueño anterior, llegó a la galería “Center Once”, ubicada en la avenida Corrientes 2641.
Allí, en los locales 23 y 24 el oficial de la comisaría 7ma encontró mercadería de procedencia confusa en medio de muchos locales igualmente confusos.
Movido por su olfato policial, supuso que las remeras de equipos de fútbol argentinos que eran exhibidas en el local podrían no ser originales.
Allí, en los locales 23 y 24 el oficial de la comisaría 7ma encontró mercadería de procedencia confusa en medio de muchos locales igualmente confusos.
Movido por su olfato policial, supuso que las remeras de equipos de fútbol argentinos que eran exhibidas en el local podrían no ser originales.
El tremendo hallazgo provocó una rápida acción judicial que ordenó tareas investigativas.
Las mismas fueron tan profundas que consistieron en que un agente de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA llegara al lugar y, bajo la apariencia de ser un comprador común, lograse averiguar que las remeras eran confeccionadas en un taller clandestino. Funcionó.
De paso, se llevó la dirección exacta del taller y hasta el nombre del fabricante.
Las mismas fueron tan profundas que consistieron en que un agente de la División Defraudaciones y Estafas de la PFA llegara al lugar y, bajo la apariencia de ser un comprador común, lograse averiguar que las remeras eran confeccionadas en un taller clandestino. Funcionó.
De paso, se llevó la dirección exacta del taller y hasta el nombre del fabricante.
Todo el procedimiento del recontra espionaje contra los traficantes de remeras de fútbol se organizó bajo las órdenes del juez Ariel Lijo a cargo del Juzgado Federal N° 4, quién decidió abrir un expediente de oficio (10354/2014 Mamani Chinche Faustino s/Infracción Art. 145 bis).
Tanto apuro tuvo el juez que, en contra de lo que establece el Art 180 del Código de Procedimientos Penales, se olvidó de avisarle al fiscal de turno sobre la marcha de las investigaciones.
Tanto apuro tuvo el juez que, en contra de lo que establece el Art 180 del Código de Procedimientos Penales, se olvidó de avisarle al fiscal de turno sobre la marcha de las investigaciones.
A las 20:10 horas del 1ro de diciembre de 2015, con una orden del juez Lijo en la mano, una comisión de la Prefectura Naval Argentina irrumpió en el inmueble ubicado en la calle Martiniano Leguizamón 3541.
Allí confiscaron 19 máquinas destinadas a la confección de prendas de vestir, tres rollos de tela de jean color azul, 200 jeans color negro terminados, 270 jeans negros casi terminados, 775 pantalones de la misma tela semi terminados en color azul, 180 pantalones de jean celeste en proceso de fabricación, 180 pantalones de tela mimetizada, 730 cortes de tela de jean negro, 720 cortes similares pero de tela azul y 90 carreteles de hilo.
El acta finaliza describiendo el secuestro de una bolsa de plástico con etiquetas de las marcas “Diosa”, “Luna”, Straight Fight” y “Raiders Jeans”.
Allí confiscaron 19 máquinas destinadas a la confección de prendas de vestir, tres rollos de tela de jean color azul, 200 jeans color negro terminados, 270 jeans negros casi terminados, 775 pantalones de la misma tela semi terminados en color azul, 180 pantalones de jean celeste en proceso de fabricación, 180 pantalones de tela mimetizada, 730 cortes de tela de jean negro, 720 cortes similares pero de tela azul y 90 carreteles de hilo.
El acta finaliza describiendo el secuestro de una bolsa de plástico con etiquetas de las marcas “Diosa”, “Luna”, Straight Fight” y “Raiders Jeans”.
Detalle: de las camisetas de fútbol, ni noticias. No estaban, no existían, desaparecieron. Ni siquiera fue hallado un trozo de tela de camiseta.
Lo que sí encontraron fue al ciudadano boliviano Faustino Mamani Chinche y a su esposa, Reyna Calizaya, quienes fueron detenidos por disposición judicial.
Lo que sí encontraron fue al ciudadano boliviano Faustino Mamani Chinche y a su esposa, Reyna Calizaya, quienes fueron detenidos por disposición judicial.
Asimismo, según consta en los documentos judiciales, se encontraron en el lugar a once personas –todos de nacionalidad boliviana– que trabajaban en el taller y que habitaban en diez piezas “en condiciones de hacinamiento y poca luz natural”.
En otro tramo del expediente se hace notar que las jornadas laborales, según los propios empleados, iban “desde las 08:00 hasta las 17:00 horas en algunas ocasiones, y hasta las 19 en otras”, y que las personas “desayunaban y almorzaban en sus lugares de trabajo, y la comida era cocinada por Reyna Calizaya y se las proporcionaba Faustino Mamani”.
En otro tramo del expediente se hace notar que las jornadas laborales, según los propios empleados, iban “desde las 08:00 hasta las 17:00 horas en algunas ocasiones, y hasta las 19 en otras”, y que las personas “desayunaban y almorzaban en sus lugares de trabajo, y la comida era cocinada por Reyna Calizaya y se las proporcionaba Faustino Mamani”.
Respecto a las remeras de equipos de fútbol que originaron la denuncia, no pudieron constar nada.
Mientras Faustino Mamani Chinche y su mujer permanecían detenidos, el juzgado le ordenó a la Gendarmería que se hiciera cargo la custodia del taller y todo lo que se encontraba adentro.
El 18 de diciembre siguiente, Gustavo Vera y Julio Piumato presentaron ante el juzgado de Lijo un escrito para que se le entregaran las máquinas y prendas secuestradas a Mamani Chinche.
Para convencer al magistrado, invocaron “…la trayectoria que ambos tenemos en la protección de los trabajadores y los grupos sociales más desprotegidos”, además de recordar que en el pedido de Piumato estaba “…involucrada la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT” y que la Fundación La Alameda que dirige Vera “…ha demostrado experiencia y trayectoria en realizar emprendimientos de esta naturaleza”.
Luego de semejante presentación de credenciales, reclamaron que “se nos designe depositarios judiciales de dichas prendas, retazos y maquinaria textil”.
Lo que no hicieron constar en el escrito es cómo se enteraron del expediente, de la mercadería incautada, ni de la maquinaria secuestrada.
Cuando se les consultó a los voceros de Vera sobre cómo hicieron para enterarse de la existencia de esas máquinas y mercaderías, contestaron que existían “convenios” con los juzgados para que les informaran sobre los allanamientos a talleres clandestinos, aunque no aportaron documentos que sustentan esa afirmación ni explicaron por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y dejaba de lado a otras.
Cuando se les consultó a los voceros de Vera sobre cómo hicieron para enterarse de la existencia de esas máquinas y mercaderías, contestaron que existían “convenios” con los juzgados para que les informaran sobre los allanamientos a talleres clandestinos, aunque no aportaron documentos que sustentan esa afirmación ni explicaron por qué la justicia privilegiaba informar a algunas organizaciones y dejaba de lado a otras.
El 23 de diciembre y sin que se encontrara firme ni una foja del expediente, el juez Lijo ordenó que le fuera entregado a Vera y Piumato en calidad de depositario judicial todo lo incautado en el procedimiento.
Recordemos que el 23 de septiembre pasado el juez Pablo Yadarola dispuso que se destinarán a obras de bien público de los 800 mil dólares incautados al valijero venezolano Guida Antonini Wilson, quien pretendió ingresarlos ilegalmente para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en el año 2007.
Es que, según las leyes argentinas, no es posible entregar un bien en custodia del Estado o de un tercero hasta que exista una sentencia firme.
Los dólares de Antonini debieron esperar 9 años. En el caso de lo que le fuera quitado a Mamani Pinche, esperaron cinco días, cuando la instrucción judicial no había logrado siquiera probar un delito.
Es que, según las leyes argentinas, no es posible entregar un bien en custodia del Estado o de un tercero hasta que exista una sentencia firme.
Los dólares de Antonini debieron esperar 9 años. En el caso de lo que le fuera quitado a Mamani Pinche, esperaron cinco días, cuando la instrucción judicial no había logrado siquiera probar un delito.
Mientras tanto, atentos a la realidad que el ser depositario no les daba derecho a hacer uso de las máquinas y mercaderías, Vera y Piumato pidieron al juez Lijo que se les autorizara a firmar un contrato para que esos elementos fueran entregados en comodato a dos entidades de la curia argentina: la Parroquia de Caacupé que depende de la Vicaría para las Villas del obispado porteño, y el Hogar Cristo Gaucho Antonio Gil que depende de la vicaría de San Martín.
En el pedido citaron a modo de fundamento un pasaje del documento “Laudato Si” escrito por el Papa Francisco, donde se pide “ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias. El gran objetivo debería ser siempre permitirles una vida digna a través del trabajo”.
La cita papal no es antojadiza. La fundación La Alameda no sólo es la base de una agrupación política llamada “Bien Común” como la frase de cabecera que utiliza Su Santidad, y sino que además organiza una serie de cumbres “Laudato Si” presididas por Vera que convocan a sindicalistas, políticos y magistrados, entre los que se encuentra el Juez Ariel Lijo, quien comparte su predilección papal junto a Daniel Rafecas.
La ironía del armado político-religioso de Vera es que ha unido a Julio Piumato, el dirigente sindical que más apoyó la investigación de Nisman, y a Rafecas, el juez que la enterró sin haber mirado de reojo la carátula.
La ironía del armado político-religioso de Vera es que ha unido a Julio Piumato, el dirigente sindical que más apoyó la investigación de Nisman, y a Rafecas, el juez que la enterró sin haber mirado de reojo la carátula.
Es más, Laudato Si es la plataforma que usó Vera para organizar la comitiva de jueces argentinos que viajó a un encuentro sobre lucha contra el narcotráfico que se realizó dentro del Vaticano en junio de 2016.
El juez que cerró el ciclo de discursos de magistrados argentinos fue Ariel Lijo.
En una muestra de su poder para influir sobre la agenda del Vaticano, el legislador Vera logró que además Rafecas fuera invitado a un evento organizado por el Pontífice el próximo mes de noviembre.
El juez que cerró el ciclo de discursos de magistrados argentinos fue Ariel Lijo.
En una muestra de su poder para influir sobre la agenda del Vaticano, el legislador Vera logró que además Rafecas fuera invitado a un evento organizado por el Pontífice el próximo mes de noviembre.
El 15 de febrero de 2016 el juez aceptó otorgarles a Piumato y Vera el comodato.
Meses después, viajaría con ellos rumbo a Roma.
Mientras todos se encontraban peregrinando a Santa Marta, el abogado Alejandro Kim, defensor de Mamani Chinche, denunció al titular de La Alameda y al secretario general de los Judiciales por el delito de “malversación de caudales públicos”.
En su escrito, Kim dejó constancia que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles.
A esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”.
Meses después, viajaría con ellos rumbo a Roma.
Mientras todos se encontraban peregrinando a Santa Marta, el abogado Alejandro Kim, defensor de Mamani Chinche, denunció al titular de La Alameda y al secretario general de los Judiciales por el delito de “malversación de caudales públicos”.
En su escrito, Kim dejó constancia que no se trataba de un hecho aislado, sino de una forma de proceder de un grupo en el que se ven implicados jueces y fiscales que, con la excusa de combatir el trabajo esclavo en la Ciudad de Buenos Aires, se apropian de bienes de los comerciantes textiles.
A esa metodología Kim la calificó de “forum shopping”.
La nueva instrucción recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien dio cumplimiento a lo instruido por la Cámara y ordenó a Gendarmería que arbitrara los medios para devolver todo lo secuestrado a Chinche.
Para ello, también se le ordenó a Piumato y a Vera que reintegraran todo el material que les fuera dado por Lijo y hasta se les otorgó facilidades: debían indicar por dónde debían pasar los camiones a retirar los efectos.
Se tomaron su tiempo. El 16 de mayo –un mes después– fueron regresados todos los bienes incautados a Mamani Chinche. Casi todos: en un acta se dejó constancia que existía un faltante de maquinaria y de telas.
De manera insólita en el trámite de reintegro, Vera y Piumato “olvidaron” incluir máquinas valuadas en varios miles de pesos e insumos textiles que les habían sido dados para la custodia judicial.
En concreto, se les pasó por alto devolver la máquina Juki motor 213579 y otra marca Sunstar motor C1610023. Además, se verificó la desaparición de 127 pantalones negros, 380 jeans azules, 380 piezas semi armadas azules, otros 16 de color negro en igual condición y 40 pantalones mimetizados.
Semejante irregularidad disparó lo que se denomina un “incidente” –expediente que corre “por cuerda”, o sea, conexo a un expediente principal– para investigar qué sucedió con los materiales que Vera y Piumato no devolvieron.
La cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final.
O dicho de manera más simple: solo podían atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos o venderlos.
Pero no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
expediente que corre “por cuerda”, o sea, conexo a un expediente principal– para investigar qué sucedió con los materiales que Vera y Piumato no devolvieron. La cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final. O dicho de manera más simple: solo podían atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos o venderlos. Pero no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
La cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final.
O dicho de manera más simple: solo podían atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos o venderlos.
Pero no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
expediente que corre “por cuerda”, o sea, conexo a un expediente principal– para investigar qué sucedió con los materiales que Vera y Piumato no devolvieron. La cuestión no es menor, ya que el ser depositario judicial no pueden disponer como se les antoje de los bienes que se les dan y que siguen siendo del Estado en tanto no exista una sentencia que dictamine su disposición final. O dicho de manera más simple: solo podían atesorar los bienes y de ningún modo podían siquiera probarse uno de los pantalones y mucho menos entregarlos, usarlos o venderlos. Pero no sólo dispusieron como quisieron, sino que un Juez los autorizó a hacerlo.
La nueva investigación sobre qué pasó con la maquinaria aterrizó en Juzgado Federal 11 a cargo de Claudio Bonadío, con la intervención del fiscal Gerardo Pollicita, quien rápidamente avanzó en la recolección de pruebas.
La ahora nueva causa lleva la carátula “C7285/2016 Vera Gustavo Javier y otro S/Malversación de caudales públicos (Art 261 CP)”
En el entorno de Vera afirman que devolvieron las maquinarias, que el faltante fue un error involuntario - como si tal acto hiciera desaparecer la malversación - y que pidieron que se postergue la indagatoria.
El juez Bonadío espera el análisis de las actas de devolución para corroborar si es cierto que devolvieron máquinas textiles que nada tenían que ver con Mamani Pinche y menor cantidad de mercadería que la que recibieron en custodia.
La ahora nueva causa lleva la carátula “C7285/2016 Vera Gustavo Javier y otro S/Malversación de caudales públicos (Art 261 CP)”
En el entorno de Vera afirman que devolvieron las maquinarias, que el faltante fue un error involuntario - como si tal acto hiciera desaparecer la malversación - y que pidieron que se postergue la indagatoria.
El juez Bonadío espera el análisis de las actas de devolución para corroborar si es cierto que devolvieron máquinas textiles que nada tenían que ver con Mamani Pinche y menor cantidad de mercadería que la que recibieron en custodia.
En un principio, los voceros del falso vocero papal habían negado tener causas pendientes en la justicia, sin admitir que la indagatoria sólo puede producirse si existe una imputación concreta que justifique que sean llamados ante el juez.
Una carpeta que contiene el detalle de las fallas procesales en las que incurrió Lijo está siendo presentada en el Consejo de la Magistratura, para que ese cuerpo evalúe qué corresponde hacer ante las irregularidades en el caso Mamani Pinche.
Ironía final.
Gustavo Vera organizó una de sus tantas conferencias en la legislatura porteña el 1ro de septiembre pasado, a pocos días de ser imputado por malversación de caudales.
El motivo de la charla tuvo como eje “la reutilización de bienes incautados a la mafia”. Sentado como conferencista se encontraba Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Allí dieron cátedra sobre la importancia de disponer de los bienes incautados a aquellos que recurrían a la ilegalidad para obtener beneficios.
El motivo de la charla tuvo como eje “la reutilización de bienes incautados a la mafia”. Sentado como conferencista se encontraba Germán Garavano, Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Allí dieron cátedra sobre la importancia de disponer de los bienes incautados a aquellos que recurrían a la ilegalidad para obtener beneficios.
¿Desconocía Garavano que estaba disertando junto a quien es investigado por la Justicia, precisamente, por la utilización de bienes incautados?
El yerro de los asesores que no le avisaron de la situación judicial de Vera llevaron al ministro a decir que “Necesitamos que la justicia esté más cerca de la víctima”, sin haber tomado la precaución de acercar al estrado al ciudadano boliviano Faustino Chinche Mamani, que para ese momento llevaba nueve meses sin justicia y sin sus bienes.
El yerro de los asesores que no le avisaron de la situación judicial de Vera llevaron al ministro a decir que “Necesitamos que la justicia esté más cerca de la víctima”, sin haber tomado la precaución de acercar al estrado al ciudadano boliviano Faustino Chinche Mamani, que para ese momento llevaba nueve meses sin justicia y sin sus bienes.
Al cierre de esta nota existe un político cercano al Papa y un dirigente gremial imputados por malversación, un funcionario judicial amenazado por un jury, un ciudadano que no recuperó todos sus bienes robados por una conspiración de funcionarios judiciales, la sospecha de que algunos procedimientos contra la trata de personas y el trabajo esclavo son un negocio de apropiación de bienes, la certeza de que otros fabricantes denunciaron situaciones semejantes, y la especulación de que varios otros sufren de procedimientos similares, originados en el olfato de agentes que tienen por especialidad el marcar una única mancha de suciedad en un chiquero.
Si tan sólo los implicados no hubieran leído sólo lo que les conviene del Laudato Sí, habrían recordado lo que dice el documento del Papa Francisco en el punto 82: “La visión que consolida la arbitrariedad del más fuerte ha propiciado inmensas desigualdades, injusticias y violencia para la mayoría de la humanidad, porque los recursos pasan a ser del primero que llega o del que tiene más poder: el ganador se lleva todo”.
fuente
"Eliminando Variables", 01.10.2016
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