RENAR Y LA IGJ
Política
lunes 01 de febrero 2016
El Gobierno avanza sobre el RENAR y la IGJ: echaron al primo de Julián Álvarez
Por: Federico Mayol
Ganaba $50.000 por mes, pero nadie sabía cuáles eran sus tareas
En medio de la controversia por los despidos en la administración pública, el Gobierno avanza con firmeza sobre el Registro Nacional de Armas (RENAR) y la Inspección General de Justicia (IGJ),
dos registros que fueron clave durante la anterior gestión y que
sirvieron como refugio de los sectores más ortodoxos del kirchnerismo,
como la agrupación La Cámpora.
El RENAR es la oficina encargada, entre
otras tantas funciones, de otorgar la portación de armas.
La IGJ es la
que da el aval para, por ejemplo, la conformación de sociedades y la
publicación de los balances.
Si
bien en los papeles dependían del ex ministro de Justicia, Julio Alak,
ambos registros funcionaron durante los últimos años bajo el paraguas
del ex viceministro Julián Álvarez, uno de los jóvenes preferidos de
Cristina Kirchner, con influencia en la Justicia, y ex candidato a
intendente en Lanús, elección que perdió por pocos puntos en manos del
macrista Néstor Grindetti.
Un escalón más abajo en el organigrama, ambos
organismos –junto a otros nueve- estaban bajo el control de Oscar
Martini, ex secretario de Asuntos Registrales, aunque en el día a día la
operatividad estaba bajo la mano de Esteban de Gracia, ex subsecretario
de Coordinación y Control de Gestión Registral, cercano a Álvarez.
A la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial,
que deroga los mecanismos que impedían acceder a información sensible
de sociedades y fundaciones –resolución que podría complicar a ex
funcionarios K-, la nueva administración avanza en la revisión de contratos y analiza la gestión de sus antecesores.
En los últimos días, por caso, el Gobierno cesanteó a poco más de
cuarenta contratados, una lista que podría engrosarse en las próximas
semanas.
Entre los echados se
destaca el primo de Julián Álvarez, de apellido García, cuyo sueldo
promediaba los 50.000 pesos, según fuentes del Ministerio de Justicia.
Nadie conocía demasiado las funciones que cumplía el familiar del ex
operador K.
Tampoco qué será del futuro laboral de la ex secretaria de
Álvarez, que días antes del 10 de diciembre pasado fue reubicada –"está
escondida", cuentan irónicos- en el Registro Único de Aspirantes a
Guarda con Fines Adoptivos, a metros de las oficinas de Tandanor.
Álvarez contaba con sus privilegios: según el gremio, el ex funcionario
tiene asignados cinco vehículos oficiales, uno de los cuales habría
estado designado con exclusividad para su pareja.
La
gestión de Álvarez en Justicia es uno de los puntos que analizan las
nuevas autoridades, con el ministro Germán Garavano y Martín Borrelli,
nuevo secretario de Asuntos Registrales, a la cabeza.
Según fuentes
oficiales, además de los nombramientos, la lupa también está puesta en
algunos trabajos de una gráfica de la calle Campichuelo, en el barrio
porteño de Caballito, que funciona en un edificio del Ministerio de
Justicia y que realiza algunas tareas para el Estado: en el primer piso
hay oficinas del Boletín Oficial, y en la planta baja archivos del
mencionado ministerio.
La inquietud de la actual gestión pasa por los
trabajos que dicha imprenta habría realizado para la campaña electoral
de Lanús del ex secretario de Justicia.
Además de la resolución publicitada hoy en el Boletín Oficial, el macrismo analiza además el funcionamiento interno de la IGJ.
En el estudio de los listados de empleados, los funcionarios se
encontraron con una sorpresa: hay unos 20 empleados nombrados, con
sueldos de entre 9.000 y 50.000 pesos, que nadie los encuentra. Figuran
como contratados, pero nadie sabe dónde están ni qué funciones cumplen.
En
el caso del RENAR, que durante el kirchnerismo estuvo bajo el mando del
camporista Matías Molle, el Gobierno analiza aportarle a la Oficina
Anticorrupción -conducida por Laura Alonso- material vinculado con el
sistema de otorgación de portaciones y tenencias de armas, que en las
últimas semanas quedó bajo un manto de sospecha por la relación
promiscua entre ese registro y los condenados por el Triple Crimen de
General Rodríguez.
fuente
"infobae", 01.02.2016
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