BAILANDO... CON LOBOS Y... BUITRES
Legales Por Sebastian Albornos
Jueves 11 de Febrero de 2016
Macri ya tiene el "número mágico" en el Congreso para poder cerrar la negociación con los fondos buitre
11-02-2016 Al apoyo que le dio el bloque k "disidente" se le suma el de Daniel Scioli, que cuenta con una buena cantidad de aliados en la cámara baja. En tanto, en el Senado contaría con la ayuda de la oposición ya que le permitiría a los gobernadores buscar financiamiento en el exterior
Paso a paso, el plan macrista para construir gobernabilidad en las primeras semanas de gestión va tomando forma.
Al menos, en lo que respecta al apoyo legislativo para impulsar reformas en el Congreso.
Esto es lo que está quedando en claro en estas horas, cuando los operadores políticos oficialistas se felicitan por estar logrando algo que pocos días atrás parecía imposible: conseguir votos peronistas para lograr quorum y aprobar medidas urgentes, tales como la derogación de dos leyes para poder terminar la negociacion con los fondos buitre.
Lo cierto es que varios defensores del "modelo" impulsado por Cristina Kirchner decidieron -a menos de un mes de iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso- pegar el "portazo" para conformar un nuevo espacio en la cámara de Diputados.
Este grupo, encabezado por Diego Bossio -ex Director Ejecutivo de la ANSES- y buscará tener como identidad la de un bloque con un peronismo menos confrontativo con el macrismo.
El otro espacio que haría de soporte del oficialismo es de origen peronista, si bien se considera de línea "independiente", llamado Compromiso Parlamentario por la Argentina. Está integrado por dirigentes del justicialismo que se fueron del Frente Renovador de Sergio Massa.
Lo cierto es que la tropa K está que trina. Y no es para menos: el FPV contaba antes del quiebre con 95 legisladores.
Ahora ese número se reducirá a 77, contra las 88 bancas que responden a Cambiemos, cifra a la que habría que sumarle sus aliados del GEN.
Ahora bien, si a ese número del oficialismo se le agregan:
- Los 35 diputados del massismo
- Los 18 que se despegaron del kirchnerismo
- Los bloques provinciales (6 legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y 9 peronistas de Compromiso Parlamentario por la Argentina)
entonces el quórum ya no dependería del cristinismo, dado que habría cerca de 160 diputados dispuestos a dar inicio al debate.
¿Luz verde para la "negociación buitre"?
De esta manera, el macrismo contaría con los votos necesarios no sólo para iniciar la sesión en la cámara baja, sino también para derogar la llamada Ley Cerrojo y otras normas que impiden –en la práctica- hacer efectiva la oferta que presentó la Argentina a los buitres, que contempla una quita del 25% sobre el total de 9.000 millones de dólares.
En principio, dos de los seis fondos más importantes que intervienen en el litigio (Montreux Partners y Dart Management) aceptaron la propuesta.
Como era de esperar NML, liderado por Paul Singer, que es el que ejerce mayor influencia, se opuso al igual que otros tres.
En el caso de que las partes firmen un entendimiento, transcurrirían entre ocho y doce semanas para ponerle punto final al conflicto buitre.
En el medio, ahora el macrismo necesita que el Congreso deroge la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano.
Si bien la ruptura del bloque kirchnerista lo acerca a conseguir las adhesiones suficientes, será importante cómo se comporten los 81 diputados que aún permanecen.
Ante esto, Héctor Recalde, jefe del bloque en Diputados del FPV, anticipó que aún no tienen una postura clara sobre si apoyarán o no la posición oficial.
"Ya tenemos alguna alarma por el 100% de ganancias que tendrían los buitres que ahora son palomitas blancas para algunos.
Tenemos la posición tomada de cuando votamos esas leyes pero vamos a analizar en el bloque con la participación de especialistas en el tema", anticipó.
No obstante, advirtió: "Ojo con el peligro que entraña cualquier modificación con el resto de los acreedores, porque la interpretación de la derogación de las leyes incluye un peligro".
Tras abandonar las filas del FPV, Bossio dejó entrever que apoyaría al macrismo en la derogación de las mencionadas normativas, lo que habilitaría la aprobación de una nueva propuesta de pago a los holdouts.
"Hemos hablado con los gobernadores y es un tema que claramente nos interesa resolver y cerrar.
Estamos haciendo el estudio técnico y seguramente tendremos un posicionamiento político", explicó el legislador.
Por su parte, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli aseguró que apoyaría la derogación de la ley cerrojo "si se encuadra bajo ciertas condiciones que sean beneficiosas para el país".
"No es cuestión de derogar la ley y pagar lo que sea. Que no genere más ajuste sobre ajuste", señaló.
En este sentido, casi una decena de los diputados bonaerenses que está en la cámara baja tiene una relación aceitada con el ex mandatario provincial.
Senadores, en actitud abierta
Con la cámara de diputados en vías de mostrarse favorable al pedido oficialista, las cosas parecen aun más sobre ruedas en el Senado.
Es algo que, en un análisis superficial, puede sorprender, dado que allí el peronismo cuenta con una mayoría abrumadora.
Pero rápidamente quedó en evidencia que, en muchos casos, los senadores priorizarían sus intereses provinciales por encima de lealtades partidarias.
Miguel Pichetto, jefe del bloque del FPV, ya había adelantado su disposición a apoyar la iniciativa oficial, a cambio de una actitud colaborativa del Gobierno nacional para con las finanzas provinciales.
Aquí, la calculadora legislativa tiene algunas diferencias con el escenario de la Cámara de Diputados.
En principio, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales.
Es que los fieles a Cristina Kirchner suman, como mucho, diez legisladores sobre 41 que tiene el bloque.
Es decir, los kirchneristas representan un número importante en la cámara alta (que tiene un total de 72), si bien tendrían dificultades a la hora de querer imponer su agenda.
Todo voto suma para lograr el objetivo de derogar las leyes que impiden concluir la negociación con los fondos buitre.
En ese contexto, la delicada situación financiera de las provincias y el auxilio que el Estado nacional debe brindar para evitar un panorama extremadamente complejo hace que muchos gobernadores peronistas insten a sus legisladores a convalidar las medidas presidenciales.
Además, por otro lado, podrían negociar con el gobierno macrista que se les facilite el acceso a los mercados internacionales de crédito para así tomar deudas con el fin de regularizar sus cuentas.
Es que si deciden llevar a cabo esta medida necesitarán de la firma de Macri ya que él, en su rol de Presidente, es quien habilita a las provincias a ir en busca del crédito externo.
Qué dicen las leyes
La denominada Ley Cerrojo fue ideada en 2005 por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje propuesto.
Apuntaba a reestructurar deuda en default nada menos que por casi u$s100.000 millones.
En uno de sus artículos más importantes, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo no puede reabrir el proceso de reestructuración.
En ese momento, logró una adhesión superior al 76% a su propuesta de pagar con bonos.
Luego, a fines de 2009, el Gobierno dio otro paso en el Congreso.
Esta vez, para suspender por un año la vigencia de la Ley Cerrojo.
¿Para qué? Para invitar a todos aquellos inversores que no se habían adherido al canje anterior a sumarse a uno nuevo.
Así, entre las dos propuestas, logró regularizar el 92% del pasivo.
En tanto, quedaron afuera tenedores de unos u$s5.500 millones.
Según Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, la Ley Cerrojo debe derogarse sencillamente porque "la Argentina perdió su apelación en la Justicia de Nueva York".
Esto, en un contexto en el que un juez estadounidense consideró que la misma violaba el ‘pari passu’ (esta cláusula significa que los acreedores deben mantenerse en igualdad de condiciones, es decir, sin que se puedan establecer entre ellos garantías especiales).
Sturzenegger también consideró que debe derogarse la otra normativa, es decir, la Ley de Pago Soberano.
¿Qué especifica esa ley? Propone a la Argentina y a Francia como lugares alternativos de cancelación de títulos locales.
¿Por qué? Para esquivar el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa al dinero que enviaba el Gobierno argentino a los Estados Unidos, con el fin de pagarle las cuotas de lo adeudado a todos aquellos bonistas que sí habían entrado al canje.
En los próximos días, los números empezarán a quedar más claros en el Congreso, y allí se verá si la calculadora de los operadores macristas pasa el test de la realidad.
fuente
"iProfesional", 11.02.2016
Al menos, en lo que respecta al apoyo legislativo para impulsar reformas en el Congreso.
Esto es lo que está quedando en claro en estas horas, cuando los operadores políticos oficialistas se felicitan por estar logrando algo que pocos días atrás parecía imposible: conseguir votos peronistas para lograr quorum y aprobar medidas urgentes, tales como la derogación de dos leyes para poder terminar la negociacion con los fondos buitre.
Lo cierto es que varios defensores del "modelo" impulsado por Cristina Kirchner decidieron -a menos de un mes de iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso- pegar el "portazo" para conformar un nuevo espacio en la cámara de Diputados.
Este grupo, encabezado por Diego Bossio -ex Director Ejecutivo de la ANSES- y buscará tener como identidad la de un bloque con un peronismo menos confrontativo con el macrismo.
El otro espacio que haría de soporte del oficialismo es de origen peronista, si bien se considera de línea "independiente", llamado Compromiso Parlamentario por la Argentina. Está integrado por dirigentes del justicialismo que se fueron del Frente Renovador de Sergio Massa.
Lo cierto es que la tropa K está que trina. Y no es para menos: el FPV contaba antes del quiebre con 95 legisladores.
Ahora ese número se reducirá a 77, contra las 88 bancas que responden a Cambiemos, cifra a la que habría que sumarle sus aliados del GEN.
Ahora bien, si a ese número del oficialismo se le agregan:
- Los 35 diputados del massismo
- Los 18 que se despegaron del kirchnerismo
- Los bloques provinciales (6 legisladores de Santiago del Estero que antes respondían a CFK y 9 peronistas de Compromiso Parlamentario por la Argentina)
entonces el quórum ya no dependería del cristinismo, dado que habría cerca de 160 diputados dispuestos a dar inicio al debate.
¿Luz verde para la "negociación buitre"?
De esta manera, el macrismo contaría con los votos necesarios no sólo para iniciar la sesión en la cámara baja, sino también para derogar la llamada Ley Cerrojo y otras normas que impiden –en la práctica- hacer efectiva la oferta que presentó la Argentina a los buitres, que contempla una quita del 25% sobre el total de 9.000 millones de dólares.
En principio, dos de los seis fondos más importantes que intervienen en el litigio (Montreux Partners y Dart Management) aceptaron la propuesta.
Como era de esperar NML, liderado por Paul Singer, que es el que ejerce mayor influencia, se opuso al igual que otros tres.
En el caso de que las partes firmen un entendimiento, transcurrirían entre ocho y doce semanas para ponerle punto final al conflicto buitre.
En el medio, ahora el macrismo necesita que el Congreso deroge la Ley Cerrojo y la de Pago Soberano.
Si bien la ruptura del bloque kirchnerista lo acerca a conseguir las adhesiones suficientes, será importante cómo se comporten los 81 diputados que aún permanecen.
Ante esto, Héctor Recalde, jefe del bloque en Diputados del FPV, anticipó que aún no tienen una postura clara sobre si apoyarán o no la posición oficial.
"Ya tenemos alguna alarma por el 100% de ganancias que tendrían los buitres que ahora son palomitas blancas para algunos.
Tenemos la posición tomada de cuando votamos esas leyes pero vamos a analizar en el bloque con la participación de especialistas en el tema", anticipó.
No obstante, advirtió: "Ojo con el peligro que entraña cualquier modificación con el resto de los acreedores, porque la interpretación de la derogación de las leyes incluye un peligro".
Tras abandonar las filas del FPV, Bossio dejó entrever que apoyaría al macrismo en la derogación de las mencionadas normativas, lo que habilitaría la aprobación de una nueva propuesta de pago a los holdouts.
"Hemos hablado con los gobernadores y es un tema que claramente nos interesa resolver y cerrar.
Estamos haciendo el estudio técnico y seguramente tendremos un posicionamiento político", explicó el legislador.
Por su parte, el ex gobernador bonaerense Daniel Scioli aseguró que apoyaría la derogación de la ley cerrojo "si se encuadra bajo ciertas condiciones que sean beneficiosas para el país".
"No es cuestión de derogar la ley y pagar lo que sea. Que no genere más ajuste sobre ajuste", señaló.
En este sentido, casi una decena de los diputados bonaerenses que está en la cámara baja tiene una relación aceitada con el ex mandatario provincial.
Senadores, en actitud abierta
Con la cámara de diputados en vías de mostrarse favorable al pedido oficialista, las cosas parecen aun más sobre ruedas en el Senado.
Es algo que, en un análisis superficial, puede sorprender, dado que allí el peronismo cuenta con una mayoría abrumadora.
Pero rápidamente quedó en evidencia que, en muchos casos, los senadores priorizarían sus intereses provinciales por encima de lealtades partidarias.
Miguel Pichetto, jefe del bloque del FPV, ya había adelantado su disposición a apoyar la iniciativa oficial, a cambio de una actitud colaborativa del Gobierno nacional para con las finanzas provinciales.
Aquí, la calculadora legislativa tiene algunas diferencias con el escenario de la Cámara de Diputados.
En principio, no se observa una ruptura formal entre cristinistas y peronistas tradicionales.
Es que los fieles a Cristina Kirchner suman, como mucho, diez legisladores sobre 41 que tiene el bloque.
Es decir, los kirchneristas representan un número importante en la cámara alta (que tiene un total de 72), si bien tendrían dificultades a la hora de querer imponer su agenda.
Todo voto suma para lograr el objetivo de derogar las leyes que impiden concluir la negociación con los fondos buitre.
En ese contexto, la delicada situación financiera de las provincias y el auxilio que el Estado nacional debe brindar para evitar un panorama extremadamente complejo hace que muchos gobernadores peronistas insten a sus legisladores a convalidar las medidas presidenciales.
Además, por otro lado, podrían negociar con el gobierno macrista que se les facilite el acceso a los mercados internacionales de crédito para así tomar deudas con el fin de regularizar sus cuentas.
Es que si deciden llevar a cabo esta medida necesitarán de la firma de Macri ya que él, en su rol de Presidente, es quien habilita a las provincias a ir en busca del crédito externo.
Qué dicen las leyes
La denominada Ley Cerrojo fue ideada en 2005 por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna para asegurarse una alta aceptación al canje propuesto.
Apuntaba a reestructurar deuda en default nada menos que por casi u$s100.000 millones.
En uno de sus artículos más importantes, la iniciativa señala que el Poder Ejecutivo no puede reabrir el proceso de reestructuración.
En ese momento, logró una adhesión superior al 76% a su propuesta de pagar con bonos.
Luego, a fines de 2009, el Gobierno dio otro paso en el Congreso.
Esta vez, para suspender por un año la vigencia de la Ley Cerrojo.
¿Para qué? Para invitar a todos aquellos inversores que no se habían adherido al canje anterior a sumarse a uno nuevo.
Así, entre las dos propuestas, logró regularizar el 92% del pasivo.
En tanto, quedaron afuera tenedores de unos u$s5.500 millones.
Según Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central, la Ley Cerrojo debe derogarse sencillamente porque "la Argentina perdió su apelación en la Justicia de Nueva York".
Esto, en un contexto en el que un juez estadounidense consideró que la misma violaba el ‘pari passu’ (esta cláusula significa que los acreedores deben mantenerse en igualdad de condiciones, es decir, sin que se puedan establecer entre ellos garantías especiales).
Sturzenegger también consideró que debe derogarse la otra normativa, es decir, la Ley de Pago Soberano.
¿Qué especifica esa ley? Propone a la Argentina y a Francia como lugares alternativos de cancelación de títulos locales.
¿Por qué? Para esquivar el bloqueo impuesto por el juez Thomas Griesa al dinero que enviaba el Gobierno argentino a los Estados Unidos, con el fin de pagarle las cuotas de lo adeudado a todos aquellos bonistas que sí habían entrado al canje.
En los próximos días, los números empezarán a quedar más claros en el Congreso, y allí se verá si la calculadora de los operadores macristas pasa el test de la realidad.
fuente
"iProfesional", 11.02.2016
No hay comentarios:
Publicar un comentario