DOÑA HEBE

“DOÑA” HEBE Y

… SUEÑOS COM…/PARTIDOS

{¿Desde donde nos habla la Señora Hebe de Bonafini?} 
 

  

foto: Wikipedia 

M / Madres

Concluía junio de 2010 cuando dos diputadas de la Coalición Cívica radicaron una denuncia incómoda.

Era por lavado de dinero y era contra el parricida convicto Sergio Schoklender, pero en relación con su labor como apoderado de uno de los íconos de la Argentina más valiosos y más respetados alrededor del mundo durante los últimos 40 años: las Madres de Plaza de Mayo.

Era en suma, meterse con un elefante blanco.

 

Imagen: urban-networks.blospot.com

.Pero la denuncia era fuerte: acusaban a Schoklender de comprar dos predios en José C. Paz, a través de una sociedad con varios flancos débiles, Antártida Argentina, para reintroducir en el circuito lega parte de dinero que el Estado giraba a las Madres para fines sociales, pero que se robaba el hombre barbudo y vestido de negro.

Era una bomba.

Pero nadie quiso escuchar.

Eran las Madres.

No importaba que una de las que presentaron la denuncia ante la unidad anti lavado (Unidad de Información Financiera, UIF) fuera Elsa Quiroz, detenida por la dictadura en 1976 y excarcelada recién en 1983.

Eran las Madres.

Un predio abarcaba 4 hectáreas; el otro, una finca de 12.000 metros cuadrados con residencias de alto nivel, pileta, quincho, vestuarios, canchas de fútbol y tenis, una vivienda para el casero, y hasta una discoteca, entre José C. Paz y Tortuguitas, que Schoklender pagó con U$S 5000 al contado y otros U$S 60.000 en tres cuotas que incumplió.

Consultado por este autor en aquel momento, Schoklender calificó de “disparate” la denuncia. Dijo que el primer predio lo ocupaban 70 familias que estaban por ser desalojados y que las Madres lo adquirieron para evitarlo; y que el segundo predio es una quinta que planea transformar en un centro de rehabilitación para adictos, algo que el gobierno bonaerense negó en cuestión de horas.

Pero nada pasó.

Eran las Madres.

Tampoco tomaron vuelo los reclamos y las acusaciones por desvío de fondos que llegaron desde una cooperativa de viviendas de Chaco, bajo el liderazgo del piquetero Emerenciano Sena, complementadas por otras denuncias por “competencia desleal” de la filial chaqueña de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC).

Eran las Madres.

La UIF ya contaba para entonces con el reporte de operación sospechosa (ROS) 6441/2010 que le había enviado el Nuevo Banco de Santiago del Estero (BSE). Fue el 19 de marzo de 2010, después de corroborar movimientos cuestionables en una cuenta abierta a nombre de la Fundación de las Madres, pero con Schoklender como protagonista.

Porque no hay dos sin tres, al ROS del banco santiagueño y a la denuncia de la diputada Quiroz se sumó luego otro alerta, también en forma de ROS, que llegó a la UIF el 22 de setiembre de ese año.


foto: "esnoticia!co" 
Lo envió la sucursal Villa Crespo de banco Supervielle, por una cuenta de Antártida Argentina SA., en la que pronto aparecieron Pablo Schoklender y el socio de su hermano en la firma Meldorek SA., Alejandro Gotkin. También, la Fundación de las Madres, el Instituto de Vivienda porteño, cheques endosados y montañas de dinero en efectivo.

Pero aún eran las Madres.

Hasta que 8 meses después se desencadenó la tormenta.

Schoklender dice que se marchó de Madres para seguir sus propios proyectos personales, harto del Gobierno y con su relación con Hebe de Bonafini muy degastada.

Se habían conocido en febrero de 1983, en la cárcel, con Schoklender acusado por el asesinato de sus padres, mientras Bonafini visitaba los presos políticos. Volvieron a verse recién 10 años después y forjaron una relación materno-filial que perduró hasta abril de 2011.

Junto a la titular de Madres juran que Bonafini lo echó, aunque ella optó primero por no hablar sobre eso. “Ya hay demasiada sangre vertida para perder el tiempo en pelotudeces”, dijo, fiel a su estilo, durante la tradicional ronda de los jueves en Plaza de Mayo.

Pronto quedó claro que todos, Schoklender, Bonafini, y el Gobierno ocultaban información y tergiversaban lo que sí salía a la luz.

Y de por medio había una piñata de entre $ 750 millones y $ 1300 millones que salieron del Estado nacional para construir viviendas y otros proyectos sociales, pero cuyo destino era incierto. Lo mismo que los aportes jubilatorios de cientos de trabajadores, según denunciaron desde la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Y comenzaron las mentiras.

Schoklender dijo que no era el dueño de Meldorek, la firma a cargo de construir esas viviendas para las Madres. Mintió. Los papeles demostraron que controlaba el 90% de las acciones mientras que el 10% figuraba a nombre de su piloto particular, Gustavo Serventich.

Bonafini pasó a acusar a los Schoklender de “traidores y estafadores”, y afirmó que no era suya la firma que aparecía en unos documentos comprometedores.

Pero cuatro de 5 peritos que analizaron la rúbrica coincidieron en que sí era su firma. Y el quinto perito, el oficial, era un gendarme que no estaba especializado en caligrafía.

En rigor, ni siquiera era la primera luz de alarma que se encendió alrededor de Schoklender con las Madres.

Ya en 2003, el poeta, periodista, filósofo y militante de derechos humanos Vicente Zito Lema había renunciado como rector de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo por desavenencias con el ex convicto.

“Yo nunca entendí por qué no me tomaban en serio cuando conté las amenazas mafiosas que sufría por parte de señor. Quizá porque la figura de las Madres era muy fuerte, muy sagrada, y para mí lo sigue siendo”, se lamentó cuando al fin se desató el escándalo, ocho años después de su renuncia.

Durante sus primeros años, la Universidad afrontaba muchos y serios problemas de dinero.

“No teníamos un peso. Yo, a veces, salía a leer poemas para poder conseguir algo de plata para financiarnos”, rememoró Zito Lema.

Hasta eso cambió cuando un día apareció Schoklender con fabulosas promesas.

-     Vos no te preocupes que a partir de ahora todo se soluciona: nos vamos a mudar a un edificio de 11 pisos, con cuatro subsuelos – le prometió.

-     ¿Y de dónde va a salir ese dinero? – quiso saber Zito Lema.

Schoklender no respondió. El rector insistió.

-     Necesito que me digas de dónde vas a sacar la plata. Primero porque soy el rector aquí. Y en segundo lugar, porque no quiero verme involucrado en nada extraño. Y si vienen de los medios o de la Justicia a preguntarme, quiero saber que decirles.

-     ¿Vos no sos medio cristiano? –lo desafió el apoderado- Y bueno… Decí que fue un milagro.

Pero milagros no hubo, sino una relación sin antecedentes entre la Casa Rosada y Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, que al fin sintieron que un presidente, Néstor Kichner, fijaba la defensa y promoción de los derechos humanos como política de Estado.

Bonafini decidió olvidar entonces que los Kirchner prefirieron ignorarla cada vez que había viajado a Río Gallegos. Y que allá recuerdan muy bien los paseos patagónicos que “Lupín” compartía con Rodolfo “Fito” Ponce, gremialista de la derecha más rancia de peronismo, acusado de integrar la Triple A.

Hebe prefirió olvidar para avanzar con los Kirchner en la Rosada.

El problema es que la bandera de los derechos humanos se mezcló con cientos de millones de pesos sin control, como admitió a medias el Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

“En su momento vimos esa situación”, afirmó De Vido, que sostuvo que “ahí se cortó el giro que tenía ese hombre y salta claramente el fraude que ha hecho a la asociación, que fue lamentable”.

¿Cómo debía ser la operatoria correcta?

El Ministerio giraba fondos a cada jurisdicción, donde el proyecto “Sueños Compartidos” de las madres se encargaría de construir viviendas sociales y cobraría las partidas contra la entrega de los certificados de obra emitidos por el Instituto de la Vivienda de cada distrito. Así el programa que lideraba Schoklender –que incluía viviendas y emprendimientos de infraestructura urbana- abarcó proyectos en la ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Río Negro, Chaco, Santiago del Estero y Misiones, y las municipalidades de Tigre, Almirante Brown, Rosario y Bariloche.

Los datos oficiales del propio Ministerio también mostraban que entre 2008 y febrero de 2011 “Sueños Compartidos” había iniciado la construcción de 4541 casas, de las cuales había terminado 1432, mientras que otras 3109 registraban una ejecución del 54% y se planeaban entregar antes de fin de año.

Pero esas cifras eran falsas, como corroboraría la Auditoría General de la Nación (AGN).

Y De Vido defendió la decisión de su subalterno, el secretario de Obras Públicas, José López, de cortarle a Schoklender el flujo de fondos “En mi barrio decían que le cortó el pedal: le dijo basta”.


foto: "Clarin.com"

Pero ante el escándalo creciente, Aníbal Fernández en su primera etapa como jefe de Gabinete de la presidenta buscó despegar al Gobierno. “No hay funcionarios en la discusión judicial ni los va a haber nunca, porque no es un problema de dinero público”, argumentó, “porque no son subsidios sino financiamiento. Se paga cuando se certifica la obra: el dinero es del particular, no son fondos públicos”.

En el Congreso, dos colaboradores de De Vido ampliaron la versión interesada de Fernández. Abel Fatala, subsecretario de Obras Públicas, y Luis Bontempo, subsecretario de Desarrollo Urbano y Viviendas, plantearon que desde el Ministerio no tenían trato con las Madres, sino con municipios y provincias, y que “la estafa ocurrió fuera del sistema”. Fatala repitió entonces que “los controles los hace cada jurisdicción” y despegó a Planificación. “No sé de los manejos de Schoklender, ni sabía que tenía chequeras. No trabajamos con él, sino con las jurisdicciones”.

MENTIRA

En la práctica, el Gobierno siempre obligó a las provincias y los municipios a contratar en forma directa, sin licitación alguna, a la Fundación Madre de Plaza de Mayo si querían recibir fondos especiales para construir viviendas sociales, según se estableció por escrito en convenio y contrato de obra. Si así ocurría, ellos cobrarían sin demora y se construirían las casas. En uno de esos convenios, por caso, se pagaron $ 463.000 pesos por cada vivienda en Villa Lugano que se proyectó con 70 metros cuadrados, amueblada y hasta equipada con heladera.

¿Por qué mintieron Fatala y Bontempo en algo tan fácil de verificar?

Porque ellos y muchos más sólo trataban de cubrirse del ventilador que encendió Schoklender, que con verdades, mentiras, medias verdades o todo mezclado comenzó a acusarlos.

{SCHOKLENDER DIXIT}

-     ¿Cuál fue el principio del fin? –le preguntó este autor, en pleno escándalo.

-     Con la muerte de Néstor, se agudizaron nuestros problemas con los pagos de la Fundación. Empezaron las venganzas de De Vido, José López Baratta (Roberto, subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio, también implicado en el “caso Skanka”), Fatala y gente de Economía. Comenzamos a padecer retrasos en la cadena de pagos de la obra pública.

-     ¿Por qué?

-     Porque la obra pública tiene rigurosamente un 15% de retorno, que el Estado paga al principio como “anticipo de obra”. Por eso es que todos los demás pagos los envía la Nación a cada provincia, pero el anticipo se entrega directo a cada empresa.

-     ¿La entrega de la obra pública es tan discrecional como se sospecha y denuncia?

-     Por supuesto. Se licitan los planes según la cara (del gobernador) y las posibilidades de “retorno”. Todos los planes de obras se utilizan como herramienta electoral.

-     ¿Cómo se pagan las coimas?

-     ¡Cómo va a ser! ¿Por cheques? Es en efectivo, ahí en las oficinas de los funcionarios. 

-     Podría ser con una transferencia en el exterior…

-     No, en efectivo. 

-     ¿Y usted pagó coimas? 

-     No, nunca. Ese fue mi primer problema. Pero como yo no pagaba el 15% a nadie, lo destinaba a obras.  

-     ¿Podía construir en todas las provincias?

-     Sí, salvo en dos lugares, en los que no podía asomar la nariz, Tucumán, porque Alperovich es dueño de una constructora y Santa cruz. 

-     Aludió antes a su “primer” problema. ¿Cuál fue el segundo? 

-     Que yo exigía que me pagaran la obra y abría las puertas de los despachos de los funcionarios a las patadas si era necesario. Pero a veces veía a 20 0 30 intendentes de ciudades importantes de todo el país esperando a que os atendiera Fatala, por ejemplo, mientras que yo entraba y le decía que iba a haber quilombo. Entonces, por una orden de Néstor me destrababan los pagos.   

-     ¿Cuánto dinero movió con las obras de la Fundación? ¿750 millones de pesos, como dijo el Gobierno?  

-     No, más. Cálculo que unos 1000 millones, como mínimo.   

-     O sea que, si no pagó coimas por manejar esos fondos…   

-     Se perdieron de cobrar 150 millones, sí.   

-     ¿Se llevaba mal con José López?  

-      Me llevo mal es poco. En la última obra que inauguró Néstor antes de morir, tuve una pelea feroz con López, al que le dije que era un petiso corrupto delante de Tomada, de Boudou y otros funcionarios. Me dijo: “Te voy a parar la obra”. Y le contesté: “Esta me vas a parar”.

-     ¿Por qué con López?  

-     Porque nos frenaba todas las obras de la Fundación. Y después que Néstor murió, nos paró todos los certificados (de obras), mientras que yo seguía adelante con nuevas obras, mientras que nos íbamos atrasando con los pagos, lo que generó discusiones con Pablo, que estaba a cargo de las finanzas en la Fundación y con Hebe.  

-     Usted habla de sobornos por todos lados. ¿Era un “robo para la corona”?  

-     Cristina y Néstor sabían. Pero la mecánica es perversa. No es que las coimas se las quedaran ellos. Sino que era para pagarle los sobresueldos al staff, para aceitar la maquinaria electoral, para pagarles a los medios. La política es muy cara.  

-     ¿La Fundación se usó para fines proselitistas? 

-     Financió afiches, campañas, micros, caprichos de Hebe y gastos de otras madres. Alejandra (por la hija de Hebe de Bonafini) nos salió una fortuna. Tuvimos que comprarle un departamento de 90.000 dólares, una casa de 340.000 dólares, una computadora, un auto cero kilómetro, después una netbook.

Sistema y Piñata, en versión explícita.

Durante esa entrevista, sin embargo, Schoklender calló sobre sus vínculos con otros muchos funcionarios, como el canciller Héctor Timerman, quien llegó a firmar un convenio con Madres, en enero de 2011, para que las legaciones diplomáticas argentinas alrededor del mundo proporcionaran las viviendas Sueños Compartidos.

Acorralada, Bonafini admitió que desde Madres financiaron afiches electorales, pero buscó cortar las sospechas. Desde el Gobierno dijo, pedían “algunas cosas a la imprenta de las Madres (…). Tal vez se encargaron 100 afiches o 200, o volantes, o lo que sea, pero nosotros no le financiamos la campaña (al kirchnerismo). El Gobierno es el que nos ayuda a nosotros, no nosotros al Gobierno”.

Pero mientras todo esto ocurría a lo largo de varios años, ni desde Planificación Federal, ni desde la unidad anti lavado, ni desde la Sindicatura General de la Nación (Sigen), ni desde la Inspección General de Justicia (IGJ), entre otras áreas del Estado, pudieron - o quisieron – controlar a las Madres como debieron hacerlo.

Porque eran las Madres.

Hasta que fue demasiado tarde. Para las familias que soñaban con esas viviendas,

entre ellas la comunidad Qom, para el Estado nacional que perdió fortunas, y para evitar el daño reputacional a las propias Madres, escindidas desde hace años entre la Línea Fundadora y las que continuaron con Hebe de Bonafini.

Para alimentar aún más las sospechas generales, la investigación penal quedó en manos del juez federal Norberto Oyarbide, que desplegó su estrategia habitual en las causa de alto impacto.

foto: "Perfil.com"

 

Oyarbide suele iniciar sus causas de manera frenética y espectacular – al punto de recurrir a un helicóptero para aterrizar en medio de un country para participar de un operativo, ordenar múltiples allanamientos y acumular montañas de documentación -, para luego lentificar la pesquisa a medida que mengua el interés mediático.

Durante la “causa Madres” o “Sueños Compartidos”, que controló durante dos años, Oyarbide ordenó el arresto, dos veces, de los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, a quienes embargó, imputó a 80 personas y procesó a 44, pero aceptó como querellante a Hebe de Bonafini, es decir, la excluyó de la lista de acusados, y la citó a declarar como testigo. Más aún, se involucró de lleno en el peritaje caligráfico, al punto de participar en una reunión de los peritos en la que de manera reiterada indujo con comentarios al oficial para que su dictamen beneficiara a la titular de Madres.

Oyarbide logró su objetivo: el perito oficial fue el único que llegó a la conclusión de que era falsa la firma de Bonafini en un documento incriminatorio, mientras que los restantes cuatro coincidieron en que era auténtica. Pero el juez, que recibía mensajes desde la Casa Rosada, le bastó ese resquicio para salvarla.

El sistema.

La protección de Oyarbide a las Madres se evidenció en varias ocasiones más. La primera cuando, en vez de allanar la sede de Madres, le solicitó que remitiera los documentos. Al cabo de un mes, la entidad sólo le envió algunos y le informó que le habían robado el resto, por lo que el juez ordenó un allanamiento, que encima fe inapropiado.

La protección oficial a la titular de las Madres resultó aún más evidente a mediados de julio de 2011, cuando la televisación de una protesta por salarios y aportes caídos de los albañiles de Sueños Compartidos mostró al jefe de Seguridad de Bonafini, Alberto Brizuela, junto al director de Seguridad Interior de la Secretaría de Inteligencia (ex SIDE), Fernando Pocino.

Archirrival de “Jaime Stiuso” – al que pareció derrotar desde la muerte del fiscal Alberto Nisman -, Pocino sembró vínculos políticos durante los años que prestó servicios en el Congreso, que a la larga le resultaron muy redituables. Allí conoció a Cristina Fernández de Kirchner y a su luego ministra de Seguridad, Nilda Garré.

¿Qué hacía junto a las Madres uno de los referentes del cuestionado aparato de inteligencia del Estado nacional? ¿Por qué fisgoneaba a la legión de albañiles que habían sido librados a su suerte por la red de empresas y cooperativas que Bonafini debió controlar?

El sistema.

Para muchos defensores de Madres, la aparición de Pocino fue una señal de alerta que cobró otra significación cuando Hebe entrevistó, se fotografió y apareció en la tapa de la revista “Ni un paso atrás”, de la Asociación Madres, con el jefe del Ejército, César Milani, acusado de violaciones a los derechos humanos en Tucumán y La Rioja, presunto enriquecimiento ilícito y de montar un aparato de inteligencia militar prohibido por la ley. 

Hebe de Bonafini entrevistó al jefe del Ejército para "Ni un paso atrás", la publicación mensual de Madres de Plaza de Mayo. El militar habló de sus orígenes, el rol de la fuerza y los archivos de la dictadura, entre otros temas (infobae)

-     ¿Cómo toman tus hijos las denuncias contra vos? –le preguntó una muy cordial y relajada Bonafini.

-     Por ahí uno sufre más por ellos que por uno. (…) Jamás, nunca ni torture, ni maté, ni estuve.

Y como para que quedara claro el tono exculpatorio de la entrevista que se tituló “La madre y el General”, continuaron:

-     Las calumnias e injurias vertidas sobre mi persona por parte de medios monopólicos y dirigentes políticos opositores al Gobierno nacional han buscado exclusivamente perjudicar a la Presidente y tratar de impedir que el Ejército participe activamente de un proyecto nacional – afirmó el general.

-     Los medios te arman una bola que Dios mío…

-     Esta confrontación de un grupo, de unos medios, que quieren manejar todo. Instalan historias, fabrican. Si les gusta el gobierno, bueno; si no les gusta más, bueno, se acabó, que venga otro, tiene que venir otro, que ellos dicen cuál es. Gracias a Dios, estaba leyendo una encuesta donde Cristina tiene más de un cincuenta por ciento de imagen positiva. Ella es una militante fuerte y sabe adónde quiere ir.

Porque la culpa la tenían los medios… o la justicia, como Bonafini afirmó a fines de junio de 2015, mientras que Milani pasaba a retiro. “Lo voy a defender hasta que esté en la cárcel”, dijo. “Nilda Garré y Néstor Kirchner no me hubieran presentado al malo de la película”.

Aunque excluida Bonafini de la redada, Oyarbide detectó operaciones para desviar fondos que había recibido Madres. Entre otras derivaciones para adquirir departamentos, dos aviones privados y un yate. También avanzó sobre las financieras Monetización y Trade Travel, que cambiaban cheques de la Fundación o entregados por el Estado que se cambiaban por efectivo.

La Piñata

A esas dos financieras se sumó Créditos Sur, una cooperativa de crédito que también quedó bajo la lupa de la Justicia en la causa sobre la llamada “mafia de los medicamentos”, donde la Justicia estableció que la viuda de Sebastián Forza, Solange Bellone y Néstor Lorenzo podían resultar socios.

Conectores.

Schoklender tampoco se quedó quieto. Acusó a Hebe de Bonafini de tener cuentas a su nombre en la Caja de Asturias, en España, con depósitos por unos 2 millones de euros. Las cuentas, afirmó, estaban también a nombre de Mercedes Meroño, una de las madres, de 85 años, vice de la entidad.

También denunció que en los aviones de Meldorek habrían viajado la ministra de Industria Débora Giorgi, el entonces gobernador del Chaco Jorge Capitanich y Pablo Moyano, uno de los hijos del líder de la CGT. Desde el Ministerio desmintieron que Giorgi hubiera volado en uno de esos aviones, pero desde Meldoreck insistieron en que había sido una de las pasajeras.

Por si esto fuera poco, también aportó un listado de facturas por $1,5 millón en gastos de campaña que cubrió Madres para pagar afiches, gastos y consultoras, y solventar distintas actividades del subsecretario Fatala, en entonces ministro de Economía Amado Boudou, y hasta de la presidenta Cristina Fernández.

En el caso de Boudou, Schoklender terminó también por admitir ante otra consulta de este autor que a mediados de 2010 recibió a un emisario de Nicolás y Héctor Ciccone, Víctor Pirillo, quien buscó tentarlo para asociar a las Madres con la imprenta y así reducir la presión oficial sobre los Ciccone.

“Tuvimos una primera reunión, en la que hablamos sobre que se estaban peleando los grupos de Boudou y de Aníbal por apropiarse de Ciccone, y luego lo derive a mi hermano Pablo”, rememoró Schoklender, quien recibió a Pirillo junto con Gregorio Kazi, también de la Fundación.

Pirillo admitió, por e-mail, ese encuentro: “Fui a visitar a Schoklender en tres oportunidades –escribió a este autor-. El motivo era que dado el desprestigio de la empresa Ciccone, era necesario buscar una entidad como Madres de Plaza de Mayo para poder hacer que intercediera el Gobierno y solucionara el tema de la AFIP, y así librar los pagos a la empresa para poder mantener la fuente de trabajo de cientos de familia”.

Pablo Schoklender tampoco se quedó atrás. Dijo que tras el alejamiento de su hermano, Bonafini dio instrucciones para pagarle a una experta en comunicaciones Doris Capurro –que luego desembarcaría en YPF de la mano del Gobierno- y preguntó si era posible darle a Schoklender un terreno en Barranquera, Chaco, que había comprado la Fundación por cerca de U$S 1 millón  para que Sergio cerrara su boca y terminara con los escándalos.

A Pablo tampoco le quedaba cuerda en Madres. “Si cometieron delito, tendrán que pagar. Acabo de separar a Pablo y otras 16 personas, por las dudas, para que todo quede prolijo”, afirmó Bonafini en una entrevista con el diario oficialista “Tiempo Argentino”.

Entre las que salvaron de la primera oleada de despidos, en cambio, estuvo la ex ministra de Economía Felisa Miceli, quien se refugió en Madres cuando debió renunciar a su cargo por la bolsa de dinero en su baño privado del Palacio de Hacienda. Perduró junto a Bonafini hasta que la echó por razones presupuestarias, en 2013.

Pero si Pablo Schoklender contó sobre un terreno en Barranqueras como prenda de negociación y silencio, Sergio avanzó otro paso.

Fernández le había enviado un mensaje a través de un agente de la ex SIDE para que apaciguara sus ánimos hasta las elecciones, a cambio de prometer impunidad judicial.

Otra vez Pocino.

“Quédate tranquilo, no te preocupes que Aníbal no se olvida de los amigos… No insistas en que te indaguen. Después del 23 de octubre (día de las elecciones) el caso se pincha”, afirmó Schoklender que le anticipó el agente todo servicio.

Pero el colaborador de Bonafini redobló su apuesta: “Oyarbide es un muñequito de Aníbal Fernández”, lanzó.

A Oyarbide, sin embargo, le daba igual lo que dijera Schoklender sobre él y anunció sus primeras conclusiones:

-     Acusó a Sergio Schoklender como ex apoderado de Madres, de desviar $ 280 millones de los fondos para viviendas sociales que giro el Estado a la fundación.

-     Acusó a su hermano Pablo, que manejaba la imprenta de Madres, de retirar dinero de la Fundación sin justificación y de integrar una asociación ilícita que cometió el fraude.

-     Acusó a Alejandro Gotkin, contador de Schoklender, de integrar sociedades ligadas a Schoklender en las que depositaron fondos públicos que se desviaron de Madres.

-     Le dictó la falta de mérito a Alejandra Bonafini, tras investigarla por la presunta compra de bienes personales con fondos de las Madres.

Sin embargo, Oyarbide nunca completó el cálculo del perjuicio al Estado. Y terminó por perder el expediente.

La Cámara Federal lo apartó, en agosto de 2013, con duras críticas a su desempeño y anuló las declaraciones indagatorias de 66 acusados, incluidos Schoklender y Alejandra Bonafini, además de anular los 44 procedimientos y todos los embargos.

Es decir volvió casi al inicio toda la pesquisa, que calificó de “defectuosa”, “imprecisa” y “confusa”, y la remitió al juez Marcelo Martínez de Giorgi, que ya controlaba una investigación paralela sobre las responsabilidades de los funcionarios que giraron al menos $ 765 millones a la Fundación.

Al cabo de un año de instrucción, sin embargo, Martínez de Giorgi –subrogante y a la espera de su confirmación como juez- aún no había llamado a declarar a ningún funcionario, a pesar de las acusaciones de Schoklender, que repetía ante la prensa que “con la construcción de viviendas nunca hubo desvío de fondos, el problema fue no haber pasado por ‘caja’, a través de López y Bontempo”.

El sistema.

De ambos funcionarios, López siempre concentró los peores dardos del ex apoderado de Madres. “Es un hijo de remilputas y ladrón”, dijo a la revista “Noticias”. “Está acusado de enriquecimiento ilícito y este escándalo le sirve para tapar las causas que tiene abiertas. Que vayan a ver la sociedad anónima que armó en Tucumán con la esposa y que en realidad fue contratada por el Estado”.

La pesquisa judicial contra los funcionarios recién ganó algo de fuerza en febrero de 2014, cuando AGN emitió un lapidario informe sobre el proyecto de Madres. Verificó:

-     Obras inconclusas: Sueños Compartidos construyó muchas menos viviendas que las prometidas: se planificaron cerca de 4800 viviendas; sólo se construyeron 822.

-     Precios altos: al comparar el costo de las unidades construidas por Sueños Compartidos, más del 75% de esas viviendas habían costado más que las del programa Techo Digno.

-     Organizaciones implicadas: La Fundación Madres de Plaza de Mayo canalizó fondos millonarios para las empresas vinculadas con los hermanos Schoklender.

-     Deudas previsionales: según el informe, había una deuda pendiente con los trabajadores del programa por más de $145 millones.

La AGN detectó algo más: desde Madres habían librado cheques por $221.600 a Propyme, la mutual o financiera que logró para un allanamiento, también de Oyharbide pero en otra causa, gracias a un llamado salvífico de Carlos Liuzzi, el número dos de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia.

Cuando comenzaron a arreciar las sospechas, el dueño de Propyme, Guillermo Greppi, salió al cruce en la prensa y afirmó que no había cambiado cheques de las Madres porque no quiso verse involucrado en nada que tuviera que ver con actividades irregulares.

Mentira.

En la lista de cheques de Madres que cotejó la AGN aparece que Propyme percibió cheques de la Fundación, que se registraron en la categoría “movimientos agrupados” y se libraron sobre la cuenta 54.961-3 del Banco de la Provincia de Buenos Aires por $ 221.600.

El intercambio de cheques por dinero, previo descuento de una comisión, fue mucho más extensa. Tres empleados de Propyme –Gisela Dertinópulos, Gabriela Fernández y Gustavo Constantino Tsiaculas- se desempeñaron también en la Cabaña Agropecuaria de Zonda, que recibió cheques por $ 52.235.769 de Madres, que apareció así segunda en el ranking de firmas receptoras.

La tercera en ese ranking fue Agropecuaria Monte León, con cheques por $ 26.560.986. En esa firma trabajaron Vanesa Noelia Dertinópulos y Facundo Bogado, que pasaron a trabajar en Propyme.

¿Qué se escondía detrás de la proliferación de tantas mutuales, financieras oficiosas y “cuevas” alrededor de Propyme?

“Estas sociedades forman parte de un inframundo por el que circula la plata negra de la corrupción y a través del cual se comprende, de manera cada vez más clara, el funcionamiento del país”, explicó el periodista Carlos Pagni en pleno escándalo.

“Las cuevas ofrecen sus servicios a los funcionarios que quieren percibir los sobornos que han pactado. Es muy habitual que los contratistas del Estado, sobre todo los de obra pública, sufran demoras exasperantes para cobrar sus certificados. Cuando lo logran, reciben cheques posdatados con la indicación de la financiera donde pueden cambiarlos por efectivo, con una tasa de descuento. Esa tasa no corresponde al riesgo de incobrabilidad de cheque. El cuevero sabe que le van a pagar. Lo que cobra con la tasa es la coima del funcionario que le envió el cliente”.

Canales para la Piñata.

En un intento por parar la sangría y proteger a las Madres, desde el Gobierno anunciaron la creación de un fideicomiso para manejar los fondos de la Fundación.

Pero eso también quedó envuelto en sombras.

Schoklender acusó al vicepresidente Amado Boudou de recurrir a testaferros, como Aybar Roberto Domínguez –mencionado en el caso Ciccone”-, para desviar hasta $160 millones que debían destinarse a la construcción de viviendas. ¿Por qué? Porque como administrador y por contrato paso a cobrar el 16% de todo el dinero que pasaría por el fideicomiso, cuando antes esa comisión era del 1%.

“En la Fundación hubo una maniobra de Boudou y de Aníbal, y la vaciaron de propiedades de maquinarias”, insistió el ex apoderado, que volvió a la carga sobre el funcionario de De Vido que más detesta: “Renegociaron contratos que se transfirieron a empresas vinculadas con López y los obreros pasaron a Evita”.

Por el contrario, Bonafini defendía a Boudou ante las sospechas que lo rodeaban desde la llamativa resurrección de la ex Ciccone: “Yo ya no aguanto más, es una vergüenza, hace dos años que lo están atacando, lo quieren hacer pedazos pero no van a poder porque es un tipo muy serio. Él está haciendo las cosas bien”.

La solución más drástica que adoptó entonces el gobierno fue la misma que ante el escándalo que liquidó las aspiraciones presidenciales de Boudou para 2015. Y así como estatizó la ex Ciccone Calcográfica, también impulsó la estatización de la Universidad de Madres que arrastraba una deuda estimada en $ 200 millones.

La otra gran referente de los derechos humanos en la Argentina Estela de Carlotto, objetó la estatización y el rol de Bonafini. “No se sabe que pasó, que responsabilidades hay. Yo ya lo dije y lo sostengo: Yo soy la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Tengo la obligación de saber lo que pasa acá. Y lo que firmó, lo firmó a conciencia. Yo no puedo decir el día de mañana que Juanita Pérez me robó y yo no lo sabía. Entonces, esas responsabilidades todavía no están claras y yo creo que poner más plata cuando no se sabe dónde fue la anterior me parece que…”, planteó, sin cerrar la idea.

El problema, como comprendió Carlotto, es que el escándalo manchaba a todos los organismos de derechos humanos. “Por supuesto, ¡si nos confunden! Nos ponen en la misma bolsa. En algún lugar nos gritaron ‘ladronas’. No tenemos nada que ver. Se necesita con claridad qué pasó. Y asumir responsabilidades”, reclamó.

Pero eso no ocurrió, pese a los reclamos de algunos legisladores a la hora de votar en contra del proyecto de estatización, que se aprobó igual.

“No estamos discutiendo de derechos humanos ni de política universitaria. Estamos discutiendo una gran maniobra para tapar una defraudación al Estado”, afirmó Néstor Pitrola, que lo comparó con el escándalo alrededor de Boudou. “Estamos ante una estatización de un instituto que viene a ser un nuevo caso Ciccone. Si Ciccone no garantiza soberanía monetaria, menos la Universidad de la Madres va a garantizar la política de derechos humanos”.

Pero la titular del bloque oficialista, Juliana Di Tullio, jugó la carta política y reputacional. “Tratar de ligar a esta organización con algún hecho de corrupción es ofensivo, malicioso y mentiroso”, dijo. “Las Madres de Plaza de Mayo no pueden dar explicaciones en este recinto –agregó-; lo que han dado es ejemplo con su vida en todos estos años”.  

Son las Madres.

fuente

 “LA PIÑATA”

Hugo Alconada Mon

Grupo Editorial Planeta S.A.I.C., 2015

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