INCAPACIDAD O CLIENTELISMO
Iniciativa del oficialismo
El Gobierno
detecta irregularidades en 10 mil pensiones por discapacidad
Luego de un período de estudio,
revisará el beneficio de más de un millón de personas. Lo haría caso por caso.
IGNACIO ORTELLI
Luego de un largo período de
estudio, con varias idas y vueltas, el Gobierno busca avanzar en el
reordenamiento de las pensiones por discapacidad, con el
objetivo de agilizar y transparentar su otorgamiento, pero al mismo tiempo de
revisar los casos de aquellos beneficiarios que no cumplen con los requisitos.
Por eso, en las próximas horas publicará una resolución con el objetivo de
realizar una renovación progresiva de los certificados médicos de los titulares
y los datos de más de un millón de personas.
“No
se va a cortar con ninguna pensión de forma automática. Se comenzará a
actualizar los certificados médicos que están actualmente en papel. Vamos a
analizar cada caso en particular y, si hiciera falta, convocaremos uno por
uno”, se atajan desde la Casa Rosada ante la consulta de Clarín.
Es que se trata de un tema espinoso para el Gobierno porque el antecedente más
reciente fue la experiencia fallida de 2017, cuando el por entonces presidente
de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino; ordenó
una quita masiva de pensiones por invalidez, sin aviso previo.
Tal fue el revuelo por aquel
recorte abrupto de unas 60 mil pensiones que Badino fue desplazado, el Gobierno
debió dar marcha atrás con la medida y creó la Agencia Nacional de
Discapacidad, que en lo formal quedó bajo la órbita del secretario general de
Presidencia, Fernando de Andreis; y en términos políticos de la vicepresidenta
Gabriela Michetti.
Pero
en el Gobierno el tema se mantuvo en agenda: la sospecha gira en torno al
súbito crecimiento de la cantidad de pensiones por invalidez laboral otorgadas
durante la década kirchnerista, cuando se pasó de unas 170 mil pensiones a más
de un millón de beneficiarios.
Actualmente,
según información oficial aportada por la Agencia de Discapacidad; hay 1.044.000
beneficiarios que deben cumplir con los requisitos que
establece el decreto 432/97 que complementó la Ley 13.478.
Esto es poseer una incapacidad
laboral total y permanente del 76%, no estar amparado por un régimen
previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o
su grupo familiar- con ingresos o recursos.
Los
beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron $6.516,37 y
desde marzo recibirán $7.287,25.
El plan de transparencia, avisan
en el Gobierno, se dará de forma progresiva pero constante.
La
depuración implicará que a lo largo de este año la Agencia convoque a unas 120
mil personas para actualizar datos.
“Va a ser fácil porque los que saben que
no les corresponde el beneficio ni se van a presentar”,
vaticinan.
Pero
habrá otras dos medidas sobre las que se trabajará en paralelo.
En principio,
tras la emisión de la resolución 268/2018, que estableció un nuevo circuito de
control de la información, la Agencia comenzó a relevar presuntas
incompatibilidades económicas y a notificar a los beneficiarios involucrados
para que hicieran su descargo en oficinas de ANSeS en un plazo de diez días
hábiles, con un período de gracia de otros 30 días más.
En
esta primera etapa de análisis, surgieron más de 10 mil casos
de incompatibilidades, según confirmaron a Clarín desde la
Agencia.
“Muchos figuraban con trabajo registrado. Otros que ni siquiera
estaban en el país. Y hasta hubo casos de beneficiarios que pasaban tres meses
sin ir a cobrar que va en contra del requisito de estar en situación de
vulnerabilidad social que se debe cumplir para gozar de la pensión”, repasaron
desde el organismo, conducido por Santiago Ibarzábal.
Este punto ya generó
controversia en el pasado, cuando Badino dio de baja pensiones a personas con
el argumento que tenían a su nombre un vehículo.
En
2017, un entrecruzamiento de datos permitió detectar unos 7 mil casos de
beneficiarios que habían muerto pero igual se les seguía pagando la pensión.
Aunque en un porcentaje menor, desde la Agencia admiten que también se
detectaron casos y que una vez agotadas todas las instancias administrativas de
control y revisión, serán dados de baja.
En
el Gobierno apuntan que en parte esto se explica a partir del caos organizativo
que heredaron.
“Es muy difícil encontrar un expediente
entre un millón de papeles”, grafican en relación a que todos
los legajos se confeccionaban en formato papel y se guardaban en distintas
dependencias.
Por
eso, hacia adelante, la idea es terminar con el expediente papel: para las
personas que deseen tramitar una pensión, el Gobierno ya puso en marcha el
circuito de Certificados Médicos Oficiales (CMO) digital, que deberá tramitarse
en hospitales públicos y en el que cada médico tendrá que validar en forma
online la discapacidad de la persona que tramita el beneficio.
Esta
digitalización, exponen desde la Agencia, evitará que no haya más documentos
ilegibles, como sucede hoy en tantos expedientes afectados por el deterioro del
formato papel.
Y que ningún médico pueda desconocer que firmó un certificado de
discapacidad sin que se cumplieran los requisitos.
Fuente
“CLARÍN”, 05.02.2019
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PENSIONES POR DISCAPACIDAD - El Patagónico
https://www.elpatagonico.com/pensiones-discapacidad-a6576
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