ESPAÑA / INGLATERRA
GIBRALTAR
España amaga con denunciar a Reino Unido por
Gibraltar
El Gobierno
protesta por el enésimo episodio de expansión de la colonia británica
Vista del aeropuerto internacional de Gibraltar. FOTO: JON NAZCA (REUTERS) | VÍDEO: EFE
Madrid 26 FEB 2019
España alza la voz por el
control del territorio en Gibraltar.
El Ministerio de Exteriores ha enviado una carta a las
autoridades británicas en la que amenaza con emprender acciones legales por lo
que considera una violación del principio de soberanía por un proyecto
urbanístico acometido en Gibraltar.
El Gobierno protesta por el enésimo
episodio de expansión de la colonia británica a través de maniobras que
implican “ganar terreno al mar de forma ilegal por tratarse de aguas de
soberanía española”, explican fuentes de Exteriores.
La queja, emitida el
pasado 19 de febrero, supone elevar un peldaño el malestar diplomático
expresado ya en 2017.
Entonces, las autoridades del Peñón idearon un proyecto
que contempla 665 viviendas de protección oficial repartidas en seis torres de
hasta 33 pisos.
Exteriores alude ahora a “nuevas informaciones” que inducen a
pensar que el proyecto sigue en pie.
En esas circunstancias, el Gobierno “insta
a que se detengan estas operaciones”.
Si la exigencia no prospera, “se reserva
su derecho a emprender las acciones legales que estime más apropiadas para
defender su posición”, explican a EL PAÍS fuentes de ese departamento.
Las
objeciones han sido expresadas a través de lo que se denomina una nota verbal,
la comunicación diplomática de un Estado a otro para trasladar una queja.
El Ejecutivo esgrime el
argumento que emplea en todas las disputas suscitadas respecto a la colonia
británica: que el Tratado de Utrecht de 1713, por el que España cedió ese
territorio al reino británico, solo contemplaba la ciudad, el castillo, el
puerto y las fortalezas.
Ni el istmo, sobre el que se ha construido el
aeropuerto, ni las aguas adyacentes estaban incluidos, por lo que España niega
soberanía a Reino Unido sobre esos territorios.
Más allá de esa constante en
todas las protestas, el ministerio alude a que esos terrenos forman parte de la
zona de especial protección Estrecho Oriental, protegida según la normativa
europea de lugares de interés comunitario.
Esa referencia a las normas de
la UE induce a pensar que la eventual denuncia podría presentarse ante la
Comisión Europea y, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El Brexit, sin embargo, siembra incertidumbre
sobre la viabilidad de ese procedimiento.
Porque si Reino Unido abandona el
club comunitario —en principio el próximo 30 de marzo, aunque la hipótesis de
una prórroga cobra cada vez más fuerza—, ya no se le podrán pedir cuentas ante
la justicia europea, al menos no de manera automática.
Si se cierra la vía europea,
España podría presentar sus quejas ante un tribunal internacional (como el de
La Haya), aunque resulta improbable una escalada de ese tipo.
La magnitud del plan programado
por las autoridades gibraltareñas ha impulsado a España a amagar con acciones
legales en su protesta.
Exteriores ya envió una primera nota verbal a Londres
cuando trascendió el plan, a finales de 2017.
La nota estaba fechada el 19 de
octubre de ese año.
Ante la falta de reacción, el Gobierno endurece el tono en
la segunda comunicación.
Este nuevo choque se produce en
un momento clave en la relación de España con la colonia británica.
El Brexit
ha forzado a Londres a aceptar por primera vez unas mínimas condiciones que
equilibren la conflictiva relación entre España y la colonia.
Con el divorcio
británico, el Peñón también sale de la Unión Europea, lo que da a España una
posición más ventajosa para exigir mejoras a cambio de mantener el vínculo con
los socios europeos.
El contexto del Brexit
España ha logrado que el
tratado de retirada de Reino Unido incluya un protocolo específico sobre Gibraltar y se ha
garantizado el derecho de veto sobre la aplicación al Peñón de cualquier
acuerdo futuro entre Bruselas y Londres.
En el ámbito bilateral, ha firmado
cuatro memorandos de entendimiento sobre las cuestiones más espinosas.
Una de
ellas es precisamente la medioambiental y el texto compromete a las dos partes
a discutir sobre asuntos de alcance, “incluida la recuperación de tierras”,
según precisa ese documento.
Además de lo ya firmado, Madrid y Londres tienen
muy encarrilado un tratado fiscal destinado a evitar las prácticas de
competencia desleal por parte del Peñón a cambio de que este territorio salga
de la lista española de paraísos fiscales.
Pese a todo, ninguno de estos logros
está garantizado en caso de Brexit abrupto.
La estrategia gibraltareña de
ganar artificialmente terreno al mar enfrenta a ambas administraciones desde
hace años.
Los grupos ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones esa
práctica, denominada relleno, por la que España también ha presentado denuncias
ante la Comisión Europea por presunta comisión de delitos medioambientales.
EL
EMPLEO DEL TÉRMINO COLONIA ENTURBIA EL DIÁLOGO
El diálogo que
han emprendido España y Reino Unido sobre Gibraltar a cuenta del Brexit se ha
encontrado con un obstáculo fundamental: la controvertida definición del Peñón
como colonia en un texto legal de la UE.
La inclusión de este término por
primera vez en un documento oficial de la UE irritó a las autoridades
británicas, lo que como mínimo ralentiza los dosieres pendientes con el Peñón.
Fuentes cercanas a la negociación de esos acuerdos (entre ellos el tratado
fiscal) admiten que la polémica no ayuda a agilizar las tareas por concluir.
Aunque el término
colonia no aporta nada al texto en el que figura —una modificación del
reglamento de visados para que todos los británicos, incluidos los
gibraltareños, viajen a la UE sin visado en caso de Brexit duro—, España lo
considera un logro y pretende no ceder. De momento el texto está bloqueado en
el Parlamento Europeo, en buena medida porque un diputado laborista británico,
Claude Moraes, rehúsa avalar esa denominación.
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Fuente
“EL PAÍS”, España, 26.02.2019
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