CORREO ARGENTINO
DATOS NECESARIOS
10/02/2017
La renegociación del Estado y el Grupo Macri.
La deuda del Correo ya no es del padre, sino de los hermanos y de tres hijos del Presidente
Socma, ex dueña del Correo, fue transferida por Franco Macri a sus hijos en 2007. Luego Mauricio lo imitó.
Los directivos de la empresa Socma (Sociedad Macri) están habituados a tener un bajo perfil.
Pero ante el escándalo que se generó por el acuerdo entre el Correo Argentino -que perteneció a Socma- y el Estado nacional, una fuente de la empresa y un letrado vinculado a la causa hablaron en exclusiva con Clarín, aunque pidieron preservar su anonimato.
Durante el diálogo realizado en las oficinas que la empresa tiene en el edificio conocido como el Rulero, de Avenida del Libertador y Carlos Pellegrini, la primera revelación que llamó la atención de este cronista es que Franco Macri no tiene ninguna relación con la empresa, desde que se la cedió a sus hijos en el año 2007.
“Pese a lo que salió en todos los medios, hoy los dueños de Socma son tres de los cinco hijos de Franco, que son Gianfranco, Mariano y Florencia Macri; más los dos hijos de Sandra, que falleció, y los tres hijos del primer matrimonio de Mauricio”, aclaró la fuente.
Y agregó que el actual Presidente cedió a sus tres primeros hijos los derechos políticos sobre sus acciones en esa empresa en 2008 y, seis años después, amplió la cesión a los derechos económicos, “dejando de tener él relación con Socma”.
La otra cuestión que destacaron en la empresa de la familia Macri es que el acuerdo entre el Correo Argentino y el Estado nacional se hizo el 28 de junio del año pasado.
“Lo que pasa es que ahora emitió su dictamen la fiscal Gabriela Boquín, acusando al Gobierno de querer condonar la deuda.
Y la difundió por el sitio de la Procuración, que maneja Gils Carbó, justo el mismo día que cumplía años Mauricio, sin siquiera notificar a quienes somos parte de ese juicio.
Es como que quisieron darle ese ‘regalo’ al Presidente”, dijo uno de los letrados.
Las fuentes de la empresa afirmaron que la fiscal Boquín no es imparcial, ya que “es titular de la cátedra Derecho Comercial en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y ocupa el mismo lugar como fiscal de Cámara que antes tenía Gils Carbó, quien la puso en ese lugar, es su pollo”, agregaron.
Además, señalaron que la fiscal Boquín pidió a la Dirección de Asesoramiento Financiero (DAFI) de la Procuración una actualización de la deuda con la tasa activa más alta, “algo que no ocurre con ningún proceso concursal, ya que la deuda queda congelada mientras dura el proceso”.
Y se preguntaron porqué la fiscal ahora rechazó la participación del director general de Legales del Ministerio de Comunicaciones, cuando nunca había rechazado la participación de otros funcionarios, pese a que eran de menor rango.
“Ella no pedía las mismas condiciones para rechazar el acuerdo que para aprobarlo”, dijeron en Socma.
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (67%) y socios minoritarios, entre ellos Banco Galicia, Corporación Financiera Internacional y los empleados del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Pero en 2003 Néstor Kirchner dio de baja esa concesión. “Los bancos se retiraron cuando cayó la concesión y el PPP nunca se llegó a constituir, así que quedamos nosotros para cobrar una indemnización del Estado por quedarse con nuestros bienes y el pasivo del canon que no pagamos el último año y medio”, dijo la fuente de Socma.
Y agregó: “Nosotros pagamos el canon durante tres años y, en los cinco años que duró la concesión, habíamos invertido entre US$ 300 millones y US$ 400 millones, que después tuvimos que pagar, pese a que se quedaron con nuestros bienes.
Tuvimos que vender otras empresas y reducir el tamaño de Socma para poder pagar eso, porque el gobierno de entonces se quedó con nuestros bienes y no nos indemnizó, como sí hizo con YPF”.
Según las fuentes, “el Tribunal de tasación y la actualización de la Sindicatura calcularon en el año 2011 que eran $ 4.000 millones los bienes que el Estado nos había quitado”.
En función de esa cifra, nosotros ofrecimos que en cuanto el Estado nos pague la indemnización íbamos a cancelar automáticamente toda la deuda con el Estado, pero mientras ofrecíamos un plan de pagos de $ 600 millones.
fuente
"Clarin.com", 10.02.2017
No hay comentarios:
Publicar un comentario