- Jueves, 16 de abril de 2015
Fútbol para todos “El Estado paga un dinero para que la AFA lo maneje”
El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, salió a aclarar que nos existe “ninguna anomalía” en el programa oficial, pero la Auditoría General de la Nación asegura que hay un faltante de 179 millones.
La AFA nunca cumplió con las medidas de
saneamiento económico de los clubes comprometidas ante el Gobierno, que
nunca exigió su puesta en marcha. |@ Internet
DyN y CC.
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que no existe "ninguna anomalía" en el programa oficial Fútbol Para Todos (FPT), y que se intenta "inventar una cosa que no existe", en referencia a la denuncia por supuestos desvíos de fondos, que la Auditoría General de la Nación remitiría a la Justicia, según se anticipó.
La Auditoría General de la Nación remitirá a la Justicia un informe
que revela graves errores y gastos sin respaldo por 179 millones de
pesos entre 2009 y 2012, en el marco del manejo del programa Fútbol Para
Todos. Al respecto, el ministro, al formular declaraciones a
periodistas esta mañana en la Casa de Gobierno, sentenció que "no hay
ninguna anomalía" y que el Fútbol Para Todos "debe ser una de las cosas
más simples de administrar" ya que "en el Estado no tiene secretos la
cosa". "Para que haya un pago tiene que haber todo un andamiaje, un
expediente, autorizaciones, un trabajo previo", indicó el funcionario,
para concluir que "quieren encontrarle la quinta pata al gato; y bueno,
que lo vean, y se saquen el gusto".
Al responder el informe, precisó que "no le pertenece al Estado la publicidad de Iveco (fábrica de camiones y único auspiciante de FPT), sino que le pertenece a la AFA. De común acuerdo de palabra, que después se plasma en acuerdos escritos, la AFA le cedía ese espacio al Estado nacional, y este contrataba alguna empresa que le sirviera".
"Son tramos (en el espacio de TV) muy chiquitos, y nosotros eso lo transformamos en camiones que se entregaron a distintas jurisdicciones", añadió, para puntualizar que "Iveco no pertenece al Estado, (sino que) lo ha conquistado con la muñeca del que está hablando, para que se lo cedan al Estado, y lo ponga en funcionamiento con camiones, y así se ahorra dinero".
Por tanto, afirmó que "quieren inventar una cosa que no existe, comenzando por la inoperante de (Graciela) Ocaña, que es la denunciante en este tema, y la televisión, que le prestó un ratito para que diga esta barbaridad, y algunos que le siguen la corte a esta estupidez".
"En todos los que hemos trabajado en este tema hay una tranquilidad absoluta, sabemos lo que se está haciendo y se hizo", advirtió el ministro, quien aclaró que "el Estado paga un dinero para que la AFA lo maneje como entienda" ya que "es una institución con vida propia que no tiene que darle explicaciones a nadie".
En relación a la cifra supuestamente faltante, de 179 millones de pesos, el ministro aseguró que "no faltan" sino que "son una manera de ver una contabilización, que seguramente esta vista de otra manera, y por eso no se explica". Respecto al anticipo del informe, confió que "se han valido de alguna infiel, como suele ocurrir en estos casos, que me imagino quiénes son, por vocación política, y han dado un informe que se cree que va a sacar; así que vamos a ver qué dice la Auditoría hoy".
Después de casi seis meses de dilaciones y retrasos, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobaría un duro informe que enumera una docena de irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados al programa Fútbol Para Todos entre agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. Según los objetivos del programa, la intervención del Estado en la transmisión televisiva del fútbol debía servir para sanear las castigadas finanzas de los clubes.
Pero la AGN detectó, por ejemplo, que en el lapso analizado fueron devengados 2.967 millones de pesos pero se libraron órdenes de pago por sólo 2.788 millones. Es decir que hubo 179 millones de pesos entregados sin la correspondiente documentación que certifique cuál fue su destino.
El informe, que fue anticipado antes de su aprobación por el diario La Nación, advierte que en el contrato entre el Gobierno y la AFA no figuran los documentos que certifiquen las declamadas deudas millonarias de los clubes, ni un estudio técnico que justificara los 600 millones de pesos que la Jefatura de Gabinete le garantizó como pago mínimo a la AFA en 2009. También critica que nunca haya habido un mecanismo de control periódica del programa, que permitiera "al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida". Y dice que la indexación anual del acuerdo sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable es ilegal.
Una de las críticas centrales de la AGN apunta a la falta de metas presupuestarias en el programa, algo básico -y legalmente ineludible- en cualquier proyecto que incluya el uso de fondos públicos. Pero en el Fútbol Para Todos, el único objetivo es que los argentinos accedan a la transmisión de los partidos gratuitamente, sin importar el dinero que eso le cueste al Estado.
Los auditores son muy duros con los oscuros procesos de producción y transmisión de los partidos. Su informe detalla gastos por casi 189 millones de pesos que no tienen la orden de compra correspondiente, que habrían ido a parar a los bolsillos de las firmas VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias SA (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales).
La Jefatura de Gabinete explicó que esos gastos se pagaron bajo la figura del “legítimo abono”-una figura administrativa que admite el pago de gastos sin orden de compra- porque era habitual la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. Pero la AGN considera que “el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública”.
Los auditores cuestionan, además, la falta de reglamentos que organicen los acuerdos de cesión de las imágenes del FTP a los canales y la ausencia, sin razón aparente, de pauta publicitaria privada en los partidos desde el 27 de febrero de 2010.El informe también se refiere al contrato de publicidad con la fábrica de camiones Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010: “No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante", dice el texto. “No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie", ni fue posible "establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor". La AGN calculó que si Iveco hubiera tenido que pagar por los minutos en pantalla según las tarifas vigentes en 2010, le habría costado 28,9 millones de pesos. Pero sólo pagó 7 millones. Es decir, un 75,76% menos.
Hace un mes, la jueza federal María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo, cuyos datos alimentaron su investigación sobre el uso del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública/
FUENTE
"LOS ANDES", 16.04.2015
Al responder el informe, precisó que "no le pertenece al Estado la publicidad de Iveco (fábrica de camiones y único auspiciante de FPT), sino que le pertenece a la AFA. De común acuerdo de palabra, que después se plasma en acuerdos escritos, la AFA le cedía ese espacio al Estado nacional, y este contrataba alguna empresa que le sirviera".
"Son tramos (en el espacio de TV) muy chiquitos, y nosotros eso lo transformamos en camiones que se entregaron a distintas jurisdicciones", añadió, para puntualizar que "Iveco no pertenece al Estado, (sino que) lo ha conquistado con la muñeca del que está hablando, para que se lo cedan al Estado, y lo ponga en funcionamiento con camiones, y así se ahorra dinero".
Por tanto, afirmó que "quieren inventar una cosa que no existe, comenzando por la inoperante de (Graciela) Ocaña, que es la denunciante en este tema, y la televisión, que le prestó un ratito para que diga esta barbaridad, y algunos que le siguen la corte a esta estupidez".
"En todos los que hemos trabajado en este tema hay una tranquilidad absoluta, sabemos lo que se está haciendo y se hizo", advirtió el ministro, quien aclaró que "el Estado paga un dinero para que la AFA lo maneje como entienda" ya que "es una institución con vida propia que no tiene que darle explicaciones a nadie".
En relación a la cifra supuestamente faltante, de 179 millones de pesos, el ministro aseguró que "no faltan" sino que "son una manera de ver una contabilización, que seguramente esta vista de otra manera, y por eso no se explica". Respecto al anticipo del informe, confió que "se han valido de alguna infiel, como suele ocurrir en estos casos, que me imagino quiénes son, por vocación política, y han dado un informe que se cree que va a sacar; así que vamos a ver qué dice la Auditoría hoy".
Después de casi seis meses de dilaciones y retrasos, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobaría un duro informe que enumera una docena de irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados al programa Fútbol Para Todos entre agosto de 2009 y el 31 de diciembre de 2012. Según los objetivos del programa, la intervención del Estado en la transmisión televisiva del fútbol debía servir para sanear las castigadas finanzas de los clubes.
Pero la AGN detectó, por ejemplo, que en el lapso analizado fueron devengados 2.967 millones de pesos pero se libraron órdenes de pago por sólo 2.788 millones. Es decir que hubo 179 millones de pesos entregados sin la correspondiente documentación que certifique cuál fue su destino.
El informe, que fue anticipado antes de su aprobación por el diario La Nación, advierte que en el contrato entre el Gobierno y la AFA no figuran los documentos que certifiquen las declamadas deudas millonarias de los clubes, ni un estudio técnico que justificara los 600 millones de pesos que la Jefatura de Gabinete le garantizó como pago mínimo a la AFA en 2009. También critica que nunca haya habido un mecanismo de control periódica del programa, que permitiera "al Estado monitorear el resultado de las acciones de saneamiento financiero y reordenamiento administrativo de los clubes y determinar, en su caso, en qué momento esta finalidad se encuentra cumplida". Y dice que la indexación anual del acuerdo sobre la base del aumento del Valor Básico de Referencia (VBR) del abono de cable es ilegal.
Una de las críticas centrales de la AGN apunta a la falta de metas presupuestarias en el programa, algo básico -y legalmente ineludible- en cualquier proyecto que incluya el uso de fondos públicos. Pero en el Fútbol Para Todos, el único objetivo es que los argentinos accedan a la transmisión de los partidos gratuitamente, sin importar el dinero que eso le cueste al Estado.
Los auditores son muy duros con los oscuros procesos de producción y transmisión de los partidos. Su informe detalla gastos por casi 189 millones de pesos que no tienen la orden de compra correspondiente, que habrían ido a parar a los bolsillos de las firmas VTS SA (servicio de generación de imágenes), Farolito International Entertainment (servicios de producción general), Wayson Producciones (servicios de móviles y enlaces), Transvideo SA (servicios de móviles y enlaces), Santa Mónica Argentina SA (derechos de TV), Torneos y Competencias SA (realización integral de partidos de la B Nacional y derechos televisivos de la selección), Torneos y Competencias Internacional (derechos de TV por la Copa América 2015, por el Sudamericano Sub 20 de Mendoza 2013, por 32 partidos del Mundial Brasil 2014 y por el Mundial Sub 20 de Turquía, al cual no se clasificó la Argentina), la AFIP (retenciones por Ganancias) y el Banco Nación (compra de divisas para pagos de derechos de TV de partidos internacionales).
La Jefatura de Gabinete explicó que esos gastos se pagaron bajo la figura del “legítimo abono”-una figura administrativa que admite el pago de gastos sin orden de compra- porque era habitual la prestación de servicios de las citadas empresas para desarrollar el cometido del FPT sin cumplir con los procedimientos de contratación pública. Pero la AGN considera que “el organismo ha desvirtuado un procedimiento de excepcional aplicación en el ámbito de la administración pública”.
Los auditores cuestionan, además, la falta de reglamentos que organicen los acuerdos de cesión de las imágenes del FTP a los canales y la ausencia, sin razón aparente, de pauta publicitaria privada en los partidos desde el 27 de febrero de 2010.El informe también se refiere al contrato de publicidad con la fábrica de camiones Iveco, el único sponsor del Fútbol para Todos desde 2010: “No es posible conocer las razones que llevaron a la Jefatura de Gabinete a contratar con Iveco en forma directa y no con otro auspiciante", dice el texto. “No están explicitados los motivos por los cuales el organismo aceptó recibir pagos en especie", ni fue posible "establecer si guardó correspondencia con el valor de la publicidad para este tipo de contratos de sponsor". La AGN calculó que si Iveco hubiera tenido que pagar por los minutos en pantalla según las tarifas vigentes en 2010, le habría costado 28,9 millones de pesos. Pero sólo pagó 7 millones. Es decir, un 75,76% menos.
Hace un mes, la jueza federal María Servini de Cubría recibió una versión preliminar del trabajo, cuyos datos alimentaron su investigación sobre el uso del dinero del Fútbol para Todos iniciada en 2014 a raíz de una denuncia de Graciela Ocaña , legisladora porteña por Confianza Pública/
FUENTE
"LOS ANDES", 16.04.2015
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