La verdad del relato K en números
Mientras el relato K proclama su lucha contra los privilegios de las corporaciones, los subsidios a las empresas públicas y del sector privado —concentrados principalmente en las áreas de energía y transporte— totalizaron 179 mil millones de pesos, el equivalente al total del déficit, con un incremento del 60% respecto del 2013. Si a este monto se le restan los subsidios destinados al transporte automotor y a los ferrocarriles —que efectivamente favorecen a la población por el precio de los pasajes—, resalta que sólo el sector energético recibe unos 130 mil millones de pesos, lo cual representa más del 70% del déficit fiscal.
Una de las claves está en la irracional e inaceptable decisión del Gobierno de favorecer a las corporaciones petroleras instaladas en Argentina: mientras el precio internacional del barril de petróleo bajó a 45 dólares promedio, somos el único país en el mundo que les reconoce un precio de 77 dólares: 32 dólares más por barril.
Calculado sobre 195 mil millones de barriles, estos subsidios rondan los 6.500 millones de dólares, a los cuales se suman otros 1.500 millones en concepto de subsidios al gas. En total, son 8 mil millones de dólares que el modelo K regala cada año a las transnacionales y a los grupos locales amigos vinculados con los hidrocarburos.
La cifra de 8 mil millones de dólares también es significativa, si se considera que por el total de las exportaciones mineras el país recibe 4 mil millones de dólares anuales. En síntesis, por la devastación de montañas y la contaminación del aire y el agua; por la destrucción de periglaciares y ríos que arrastran cianuro, ácido sulfúrico y metales pesados; por aceptar que nos definan como “zona de sacrificio” precisamente en la Cordillera, uno de los principales reservorios de agua dulce del mundo; por la represión a las protestas sociales en defensa de su vida y del ambiente; el país recibe la mitad de lo que regala a las petroleras. Sin mencionar que, bajo juramento, las corporaciones mineras declaran que extraen cinco metales y el barro de exportación contiene otros cincuenta de contrabando, ante la mirada ciega de las autoridades.
En contraste, dado que el Gobierno se resiste a subir el mínimo no imponible, mientras el conjunto de los ingresos fiscales disminuyó en un 9%, el aporte de la categoría 4 correspondiente a los asalariados, creció en un 100%. Ello significa que los trabajadores están financiando gran parte del regalo que el modelo brinda a las petroleras. Otros datos verifican este peculiar concepto de equidad.
Según información de la Administración Federal de Ingresos Públicos, las grandes fortunas aportan una alícuota del 16%, pero quienes ganan 25.000 pesos aportan un 35%. Sin mencionar que las ganancias por renta financiera no pagan ni un centavo de impuestos, gracias a la ley de Alfredo Martínez de Hoz de la dictadura, aún vigente.
Si de ajustar se trata, la pregunta sería: ¿quién debe pagar ese ajuste? La respuesta parece simple: si se eliminan los subsidios corruptos a las petroleras; si se impone un impuesto a la renta financiera, afectando el privilegio de los bancos y los rentistas; si se retrotrae el aporte patronal de las grandes empresas a 1993, cuando Domingo Cavallo los bajó en un 50%; si se nacionaliza y se restringe el juego, para pesar de los zares; si se recupera la renta de hidrocarburos aberrantemente entregada con la privatización de YPF, entre otras medidas similares; el país contaría con más de 25 mil millones de dólares anuales para revertir la crisis fiscal y no habría necesidad de endeudarse más. Estos breves cálculos evidencian que el relato K es puro cuento.
fuente
"infobae", 22.10.2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario