PUEBLOS ORIGINARIOS
-II-
El
Estado nacional identificó 1.600 comunidades indígenas pero sólo relevó el
territorio de la mitad
Lucía Martínez
16 ENERO, 2018
La Ley 26.160, aprobada hace 11 años, ordenó un relevamiento de
las tierras que ocupan los pueblos originarios en todo el país.
La norma no
incluye la entrega de títulos pero es un primer paso para que se identifiquen
los territorios y se pueda avanzar con la formalización de su propiedad.
Esta semana, el
papa Francisco comenzó su
visita a Chile y Perú en donde, entre otras actividades, se reunirá con
comunidades indígenas.
El miércoles oficiará una misa en el aeródromo de Maquehue,
en las afueras de Temuco, que contará también
con una ceremonia mapuche.
En
este país esta comunidad reclama principalmente por territorios dentro de la
región de la Araucanía.
¿Cuál
es la situación en la Argentina?
De acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, a los que Chequeadollegó a través de un pedido de acceso a la información, el Estado argentino identificó 1604
comunidades indígenas, ubicadas principalmente en las provincias de Salta,
Jujuy, Formosa, Chaco y Misiones.
En relación a los reclamos territoriales de los pueblos
originarios, la Ley
26.160, sancionada en 2006 y prorrogada en noviembre último por
tercera vez, declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las
tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas” y suspende la
ejecución de desalojos en estas tierras.
La norma, además, determina que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas(INAI), que depende del
Ministerio de Justicia de la Nación, deberá
realizar un relevamiento de las tierras que ocupan las comunidades indígenas,
para conocer su extensión y sus límites.
Sin embargo, a
pesar de los más de 11 años de vigencia de la ley, en la actualidad poco más de
la mitad de las comunidades identificadas en todo el país fueron
relevadas o su relevamiento está en trámite (52%).
En 10 provincias, la mayoría ubicadas en
el norte del país, los
porcentajes son menores al promedio nacional, y en tres jurisdicciones no se ha
relevado ni siquiera una comunidad (Corrientes, La Rioja y San Luis).
En el caso de las provincias
patagónicas en donde se registraron conflictos en los últimos meses,
también se observa que queda
mucho trabajo por hacer: en Neuquén, en donde comunidades
reclaman por los territorios donde se encuentra la formación Vaca Muerta, entre
otros, el relevamiento de las comunidades llegó a un 43%; en Chubut, en donde murió Santiago Maldonado después de un operativo de
Gendarmería nacional, el relevamiento avanzó hasta el 56%; y en Río Negro, en donde Rafael Nahuel murió durante un operativo de la
Prefectura, el proceso de reconocimiento alcanzó al 74% de las comunidades.
La ONG Amnistía Internacional -que cuenta con un relevamiento
nacional de conflictos relacionados con pueblos originarios- señaló que la ley “no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”, aunque
sí “constituye un paso previo positivo muy importante para que las comunidades
indígenas puedan identificar su territorio y puedan obtener los títulos de
propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
Por su
parte, Jimena Psathakis, presidenta del INAI, indicó a Chequeado que, entre las causas
del retraso, se encuentran los “conflictos
al interior de las propias comunidades respecto a la representatividad”, los “procesos de judicialización” o mismo el “desconocimiento” por parte de algunas
comunidades del relevamiento creado por la ley.
En relación al poco avance del relevamiento, la Auditoría General de la Nación(AGN) alertó en dos oportunidades, en 2012 y en 2017, sobre
los pocos recursos que tiene el INAI para llevar adelante la tarea que le
encomienda la ley.
En Chile, por su parte, se encuentra vigente un Registro
Público de Tierras Indígenas, creado por ley en
1993, y que tiene una actualización permanente.
Según señala su sitio web, la acreditación de estos territorios en el
registro “genera efectos jurídicos” por lo que “permite otorgar los beneficios
y la aplicación de medidas de protección que la ley contempla para dichas
tierras”, como la exención del pago de impuestos territoriales y la prohibición
de embargar esos terrenos, entre otros.
Fuente
“Chequeado.com”, 16.01.2018
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