MOYANO – PROCELAC: MEGADENUNCIA
MEGADENUNCIA
-II-
ANTECEDENTES
Causas por
corrupción
Caso: Moyano, Hugo y otros s/ delito de acción pública.
Causa
Expte:
18304/2006
Fuero:
Federal
Jurisdiccion:
Capital federal
Juzgados:
Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 11
Fiscalias:
Fiscalía Nº 12 en lo Criminal Correccional Federal
Delitos:
Delito de acción pública
Persona:
Situacion procesal:
Imputado
Detalles causa
Monto
perjuicio:
AR$:
570000000
Etapa
proceso:
Investigación
Fecha denuncia:
Domingo, 1 Enero 2006
El caso
La causa se inició en el año 2006 a partir de una presentación realizada por la
Diputada Nacional Graciela Ocaña.
El expediente tramita ante el Juzgado Federal
N° 11, a cargo del Juez Bonadío.
El 16 de septiembre de 2013, Hugo Moyano fue denunciado por la Unidad de
la Información Financiera (UIF) mediante un informe entregado al Área de
Delitos contra la Administración Pública de la Procuradoría de Criminalidad
Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quien remitió a la Fiscalía Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, que hoy se encuentra a cargo de
dicha causa.
Fue investigado para determinar
si era el autor intelectual de una "ingeniería" empresarial que le
permitió sustraer más de $ 570 millones a través de la contratación de prestatarias que
gerenciaban su mujer, su hijo Pablo y otros familiares.
La maniobra se habría puesto en
evidencia a partir de cuatro registros de operaciones sospechosas que
remitieron los bancos.
La investigación de la UIF,
también involucra a Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano, a
Christian Asorey, hijo de Vicente Asorey, quien también está en la mira junto
con Omar Andrés Perez, el secretario General de la Asociación de Camioneros
Profesionales y Conductores de Vehículos de Cargas.
El trabajo de la UIF se inició a
partir de cuatro Registros de Operaciones Sospechosas en las que un banco muy
importante le advirtió a la entidad antilavado que existía
una triangulación de dinero que ingresaba proveniente de la obra social y el
sindicato de camioneros que controlan Hugo y Pablo Moyano y volvían al entorno
familiar a través de IARAI S.A., ACONRA S.A. y Dixey S.A., tres firmas
controladas por la propia familia Moyano.
En el escrito, que redactaron
especialista de la PROCELAC, entidad que está a cargo de Carlos Gonella, se
advierte con claridad que "del material analizado por la UIF se observa la
existencia de una ingeniería empresarial en la que parte de los fondos que
salen de la Obra Social de Camiones y del Sindicato de Choferes de Camiones
retornarían al Grupo Familiar de Moyano a través de las compañías que se
encuentran dirigidas por personas de su entorno".
Pero profundiza aun más al
señalar que "es el caso de su esposa Liliana Zulet; la hija de su esposa,
Valeria Salerno; el suegro de Salerno, Vicente Asorey, el esposo de Salerno,
Christian Asorey y Pablo Moyano, quienes ocupan cargos decisorios en las
empresas que brindan servicios a las entidades dirigidas por Moyano, en forma
exclusiva".
En el trabajo, que tiene casi 30
carillas, se describe de forma minuciosa la integración societaria y la
relación directa que las une en condición de prestatarias con la Obra Social de
Camioneros y el sindicato de Camioneros.
IARAI S.A. se encuentra inscripta
legalmente como prestadora de servicios geriátricos y servicios relacionados
con la Salud Humana.
Esta firma comienza a trabajar el
16 de setiembre de 2003 y en su directorio está Valeria Salerno, la hija de
Liliana Zulet y actual esposa de Hugo Moyano. geriátricos y servicios
relacionados con la Salud Humana.
Esta firma comienza a trabajar el
16 de setiembre de 2003 y en su directorio está Valeria Salerno, la hija de
Liliana Zulet y actual esposa de Hugo Moyano. Pero en solo tres años, IARAI
dejó de tener pérdidas y pasó a ganar más de $ 2 millones con una facturación
de $ 22,7 millones.
Según se desprende del trabajo de
la UIF, la sociedad IARAI tenía casi de forma
exclusiva como único cliente a la Obra Social de Camioneros.
ACONRA es la segunda sociedad de
las tres, que está sospechada de ser una sociedad que habrían utilizado Hugo y
Pablo Moyano para hacer caja.
Esta empresa empezó a funcionar
en 1998, con el nombre de Jewerly Fashion S.A. pero hasta 2004 no tuvo ningún tipo de actividad.
Pero desde ese año comenzó un
ascenso inesperado cuando fue comprada por Vicente Asorey e ingresó al
directorio Valeria Salerno, hija de la esposa de Hugo Moyano.
A partir de
entonces, el patrimonio neto de la firma pasó de
unos pobres $ 12 mil en 2003 a más de $ 155 millones en febrero de 2011.
Por último, la tercera entidad
comercial se denomina Dixey S.A., cuyos inicios se formalizan en 2002, bajo la constitución de Clara Simona
Gariello y Lucio Vicente Pizarro.
Gariello ya constituyó, según
datos de la UIF, 42 sociedades que se vendieron a terceros.
Dixey tiene el mismo
domicilio fiscal que IARAI y ACONRA (Florida 278, Capital Federal).
Al igual que ocurrió con las dos
sociedades anteriores, Dixey presentó perdidas entre 2003 y 2005, pero a partir
de 2006, cuando esta empresa comenzó a brindarle
servicios al sindicato de Choferes de Camiones, aumentó
"notoriamente" sus beneficios.
Con todos estos elementos en la
mano, la PROCELAC le pidió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal Nº 12 que
aplique el caso de "conexidad" que existe entre la Obra Social y el
Sindicato de Camioneros con las tres empresas en cuestión, que están dominadas
por el clan Moyano.
La defensa de Hugo Moyano
presentó un pedido de recusación al Juez Bonadío aduciendo que había
“prejuzgado” al momento de tomarle declaración indagatoria al empresario
farmacéutico Néstor Lorenzo, uno de los imputados.
Pero la Sala II de la Cámara
Federal porteña, el día 19 de marzo de 2010 ratificó al juez Claudio Bonadio al
frente de la causa en donde se investiga una presunta defraudación de obras
sociales del gremio de los Camioneros.
Bonadio analizó si hubo
defraudación con los tratamientos y medicamentos que son financiados con fondos
que administra la Administración de Prestaciones Especiales (APE), del
Ministerio de la Salud, y en donde estarían vinculadas droguerías que también
son investigadas por el juez Norberto Oyarbide.
De hecho, en el mes de marzo de
2010 el Juez Bonadio le pidió al Juez Oyarbide que se excuse de investigar a
Moyano por este tema, porque ya lo estaba haciendo su juzgado.
En la resolución, la Cámara
indica que “los motivos en que se funda este planteo no constituyen causales
que conlleven a apartar al magistrado que interviene en la instrucción”.
Además, agrega que Bonadio le
relató los hechos a Lorenzo, porque tenía la obligación de hacerlo, según el
artículo 298 del Código Procesal Penal.
El día 6 de septiembre de 2010,
la Sala II de la Cámara Federal porteña rechazó el planteo de la defensa de
Hugo Moyano para que se invalidaran una serie de medidas de prueba que habían
sido ordenadas por el juez que entiende en la causa, Claudio Bonadio.
La defensa alegó que el fiscal
del caso no había sido notificado de aquellas medidas ni avisado del curso que
se le dio a la pesquisa.
Según el tribunal, “las
constancias de la causa revelan que en dichas ocasiones el fiscal avaló la
orientación otorgada a la instrucción, enfocada en ciertas derivaciones de los
eventos inicialmente señalados en su requerimiento, sin objetar ninguna de las
diligencias y actos producidos.
Eso es suficiente para descartar
el agravio de la defensa sobre el punto pues se advierte una actividad
persecutoria por parte de la Fiscalía siendo que ésta ha tenido noticias de lo
actuado desde su inicio contando con la posibilidad de manifestar su oposición
al progreso casuídico o de convalidarlo expresa o tácitamente”.
El día 5 de octubre de 2010, la Sala II de la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal rechazó un recurso de casación presentado por
la defensa de Hugo Moyano.
Según la Cámara, “la Corte
Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que las resoluciones que resuelven
nulidades no constituyen, por regla, sentencia definitiva ni equiparable a tal
por su efectos”.
En ese sentido, agregó que “no se
han expuesto fundamentos que demuestren la concurrencia de una excepción al
principio enunciado pues no basta con aducir un gravamen de imposible o difícil
reparación para que pueda equipararse un fallo a sentencia definitiva, sino que
es necesario señalar cómo y dónde surgirá un agravio de esa índole”.
El día 4 de noviembre de 2010, la Sala II de la Cámara Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal confirmó el fallo que había rechazado el
planteo de nulidad presentado por la defensa del titular de la CGT, Hugo
Moyano, contra la resolución que ordenaba realizar un estudio pericial sobre
troqueles de un medicamento oncológico, en el marco de una investigación contra
las obras sociales de Camioneros por supuesta defraudación en el financiamiento
de tratamientos.
Moyano había cuestionado la
validez de una declaración testimonial, por no haberse permitido la presencia
de su abogado y dijo que, por haberse invocado estos dichos al ordenarse la
medida de prueba cuestionada, “los efectos de la sanción deben extenderse a esa
disposición”.
Además, pidió que se impugne la
resolución sobre la base de que no contendría la debida motivación legal.
Para los camaristas Horacio Cattani
y Martín Irurzun, “la vía de nulidad, en este marco, aparece como una forma
indirecta de convertir en recurrible una disposición que, por previsión legal,
no lo es.
Cabe, por ende, avalar la
decisión de rechazar el planteo formulado por la defensa”.
Fuente
“cipce”
CIPCE - Centro
de Investigación y Prevención de la Criminalidad EconómicaTalcahuano 256 piso
2 - C1013AAF - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina Teléfono:
4373-6303/04 - contacto@cipce.org.ar.
El artículo precedente es útil para advertir como con el paso del tiempo varían y vuelven a variar las posiciones adoptadas por los sectores políticos. En este caso "La Cámpora" olvida livianamente el pasado cercano
El artículo precedente es útil para advertir como con el paso del tiempo varían y vuelven a variar las posiciones adoptadas por los sectores políticos. En este caso "La Cámpora" olvida livianamente el pasado cercano
Corrupción sindical
La Cámpora salió a bancar a Hugo Moyano y habla de "apriete" del Gobierno
Sacaron un comunicado en defensa del camionero y de Víctor Santa María, jefe de los porteros.
Ambos son investigados por la Justicia.
Moyano junto a Cristina cuando eran aliados. Luego se distanciaron. Ahora La Cámpora salió a defenderlo.
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