EDITORIALES Y LOS JUBILADOS

EDITORIALES Y LOS JUBILADOS

Editorial I

Continúa el saqueo de los fondos jubilatorios

El Gobierno sigue financiando el gasto desmedido con el dinero de la Anses, comprometiendo así el presente y el futuro de los jubilados

  

La durísima realidad que afrontan buena parte de los jubilados sigue desmintiendo el panorama cuasi idílico que se pretende pintar desde el oficialismo.

Prueba de ello es que han vuelto a aumentar los juicios que los jubilados se ven obligados a iniciar para intentar obtener un ajuste de sus haberes, siempre rezagados respecto de la inflación. Fue tal el incremento en la cantidad de pleitos iniciados que hubo que alquilar un edificio para poder almacenar la enorme cantidad de expedientes, que actualmente ingresan en los juzgados previsionales a razón de 150 demandas por día. El promedio diario del año pasado fue de 130.

Mientras tanto, el titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), Diego Bossio, hace profusa propaganda en su campaña como precandidato a gobernador bonaerense por el Frente para la Victoria, basándose en su gestión. En otro país, esto sería un argumento para no confiarle el voto. No le importa a Bossio que, para cubrir "deficiencias estacionales de caja", el Gobierno ha renovado un préstamo de 5000 millones de pesos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El FGS aceptó suscribir Letras del Tesoro en pesos a corto plazo. A cambio de los fondos que presta, que obviamente estaban destinados a solventar las jubilaciones actuales y futuras, la Anses se conformará con una Letra del Tesoro a 91 días que devengará una tasa nominal anual inferior a la inflación real.

En la actualidad, de los 450.000 millones de pesos del FGS de la Anses, el 65 por ciento son papeles del Gobierno -Letras y Bonos- que deben renovarse debido al creciente déficit del Tesoro que es financiado contrayendo más deuda.

A su vez, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina ha manifestado en un reciente comunicado que la Anses, "con el beneplácito cómplice de la Justicia, está violando las leyes, dilapidando los fondos previsionales y estafando descaradamente al pueblo argentino".

Agrega que los jubilados se ven forzados a hacer juicios que "en la mayoría de los casos terminan cuando el jubilado ya está muerto" y recuerda que en más de una oportunidad Bossio adujo que la excusa para no cumplir siempre fue que el dinero no alcanza. "¿Por qué? -se pregunta la Mesa Nacional de Jubilados-. Porque la Anses no respeta las leyes y la Justicia lo permite."

En los últimos años nos hemos ocupado en esta columna, cada vez con mayor preocupación, de las dos caras del drama previsional gestado y continuado por el Gobierno con la más absoluta indiferencia por la grave situación de los actuales jubilados y la incertidumbre acerca de qué ocurrirá con los futuros beneficiarios del sistema debido al saqueo de los fondos de la Anses por parte del Estado. Es que el Gobierno gasta cada vez más: en febrero pasado el gasto trepó un 39%, y en el primer bimestre del año el rojo fiscal subió 176%. De ahí la necesidad creciente de echar mano del dinero destinado a los jubilados mientras se sigue demorando el pago de las sentencias que ellos ganan para que les actualicen sus paupérrimos haberes.

Ése fue el tema del editorial que publicamos el 19 de enero pasado, titulado "El saqueo de la Anses por el propio Estado", en el que elogiamos las intenciones de la moratoria que permite jubilarse a quienes no reúnen los 30 años de aportes mínimos, generalmente por haber trabajado en negro. Pero al mismo tiempo señalamos allí la enorme duda que plantea esta política previsional acerca de cuánto tiempo resistirá un sistema que ve saqueados sus fondos por quienes, en vez de administrarlos como corresponde, los destinan al proselitismo, cuando lo que en verdad deberían hacer es pagar en tiempo y forma montos acordes con los aportes realizados sin colocar a los jubilados en la angustiante situación de iniciar largos, costosos y engorrosos juicios para ajustar sus haberes.

El aumento del trabajo en negro en la Argentina se produjo durante los gobiernos kirchneristas. Si aún existe y sigue creciendo ese trabajo, que priva de los aportes sociales y jubilatorios a un alto porcentaje de los trabajadores, es porque el Gobierno no sólo no lo combate, sino que, lo que es peor, sigue agitando el cóctel de condiciones que lo fomentan, como una alta y no reconocida inflación e impuestos desorbitados, como el de Ganancias.

Al financiar su desmedido aumento del gasto apropiándose de los fondos jubilatorios, el Gobierno desnuda su indiferencia ante la dura suerte de los jubilados de hoy y de mañana. Sin ninguna duda, es una enorme bomba de tiempo que el kirchnerismo le deja activada al próximo gobierno.

fuente
"lanacion.com", 23.04.2015

Editorial I

La estafa con los planes sociales

Los fondos previsionales se desvían para financiar ayudas estatales, comprometiendo a los jubilados, al tiempo que se disfraza la pobreza

No son pocos quienes consideran que, cuando se haga un balance objetivo de los logros del kirchnerismo, los planes sociales posiblemente figurarán entre los aciertos de una gestión que se prolongó a lo largo de 12 años.

Sin embargo, dos argumentos refutan esa posibilidad. En primer lugar, un plan de ayuda social jamás puede ser un logro, pues se trata de una medida de forzosa índole provisoria para hacer frente a una emergencia y asistir a quienes lo necesiten hasta que el país supere esa eventualidad.

En segundo lugar, cuando se inquiere por el origen del dinero que financia esos planes, se advierte con sorpresa que proviene en su mayoría de fondos destinados a los jubilados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aporta poco más de la mitad y el Ministerio de Desarrollo Social, el resto. Obviamente, los perjudicados son tanto los actuales jubilados, de los cuales el 75 por ciento sólo cobra el haber mínimo, como los futuros "beneficiarios" del sistema, que, lejos de "beneficiarse", se verán perjudicados, pues percibirán montos muy inferiores a los que por ley les corresponderían.

Según un estudio publicado por LA NACION, el Gobierno repartirá en el corriente año 18,2 millones de planes sociales, que costarán 157.209 millones de pesos, según el presupuesto 2015. En los últimos 12 años, esas transferencias impidieron que aumentara la indigencia, pero no sirvieron para reducir la pobreza. El presupuesto de transferencias sociales se duplicó en dos años, pues creció el 111,4 por ciento. En 2013, ascendía a 74.370 millones de pesos y trepó, en 2014, a 120.573 millones y, en 2015, a 157.209 millones. A fin de año podría alcanzar los 180.000 millones.

Se ve entonces que los planes sociales tratan de suplir, sin lograrlo, la ausencia de políticas de fondo para combatir la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En el mejor de los casos, son paliativos que hacen un poco más llevadera la prolongación de una situación crítica, pero que, por desgracia, terminan convirtiéndose en una forma de vida precaria y sus beneficiarios, en votantes casi obligados del partido gobernante por temor a que un régimen de distinto signo político se los quite. Es que muchos planes sociales, al convertirse, como dijimos, en una forma de vida, generan también una especie de subcultura que concibe erróneamente al Estado como proveedor del sustento que, en verdad, debería provenir del trabajo.

Se degenera así el sentido de esas ayudas estatales que deberían ser temporales y coyunturales y terminan eternizándose y degenerando en una perversa modalidad de sujeción.

Lo paradójico es que, como ha señalado la diputada Alicia Terada (ARI-CC), es el dinero destinado a los pobres el que, en definitiva, termina financiando la ayuda a los pobres. El haber mínimo que cobran tres de cada cuatro jubilados no alcanza a cubrir la mitad de la canasta básica. En aras de la política populista del Gobierno se sigue destruyendo la ya muy deteriorada caja de la Anses. "Es irrisorio que, existiendo un Ministerio de Desarrollo Social, sea la Anses la que financie la mayor cantidad de programas de asistencia. Se les sacan recursos a los pobres para financiar la ayuda social a otros pobres", sostuvo Terada.

Como agravante es preciso mencionar que, como anunció el titular de la Anses, Diego Bossio, en virtud de la nueva moratoria hay 516.992 nuevos jubilados en la Argentina que ya están cobrando su primer haber, con lo que se superó la cifra inicial estimada en 473.000. Si se incluye también la primera moratoria del kirchnerismo, en 2005, han sido incorporados al sistema de la seguridad social más de tres millones de beneficiarios.

Tenemos entonces que sobre el futuro inmediato de los jubilados pesará negativamente no sólo el desvío de los fondos de la Anses, sino también la masiva incorporación de los nuevos beneficiarios, que, en su mayoría, no habían aportado al sistema.

Claro que esta bomba de tiempo a corto plazo no les quita el sueño a los actuales funcionarios, a punto de dejar el Gobierno. Será, en cambio, una mortal herencia para quienes los sucedan en el poder.

Hace ya varios años que padecemos otra estafa y otra mentira: la de las estadísticas del Indec que invisibilizan a pobres e indigentes.

 

Desviar el dinero de los jubilados también es estafarlos. Otra estafa, en este caso a toda la sociedad, es que en los 12 años de gestión kirchnerista no se atacaron las razones de fondo de la pobreza y la indigencia y se quiso paliar estos dos flagelos mediante los planes sociales, de claro sello clientelista, que constituyen un engaño, estafando a sus legítimos beneficiarios para hacerse de votos cautivos.

fuente
"lanacion.com", 16.06.2015
(Colaboración I. Bacarelli)