VENEZUELA:
MÁS SOBRE EL TRANSPORTE
Deterioro del sistema de transporte afecta el día a día del
venezolano
La crisis en el sector se ve reflejada en las regiones venezolanas
donde los ciudadanos tienen que ingeniárselas para poder movilizarse
Por EL NACIONAL WEB
09 DE DICIEMBRE DE 2017
La crisis del sector transporte afecta el diarismo del venezolano.
En el año 2013 se creó la Misión Transporte bajo la promesa de generar
“movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios
justos”.
Sin embargo, cada día hay menos unidades de transporte público y la
misma cantidad de ciudadanos en la calle.
De acuerdo
con Transparencia Venezuela, durante el tercer aniversario de la
Misión Transporte, el programa del Estado destacaba sus logros en la
creación 60 sistemas de transporte con 2.960 unidades Yutong en 175
ciudades del país, 43 proveedurías de repuestos e insumos en el territorio
nacional.
Además, del financiamiento de 12.409 vehículos y
el impulso de 82 soluciones viales.
Sin embargo,
la crisis se ve reflejada en las regiones venezolanas donde los ciudadanos
tienen que ingeniárselas para poder movilizarse diariamente.
En Carabobo, hay
personas que se movilizan en un camión de carga con barandas y cuerdas.
En
el Zulia, utilizan un tren infantil, usados en celebraciones especiales, para poder
trasladarse.
En Barinas, de 1000 unidades de transporte que deberían funcionar
solo están operativas 369.
Maduro
aseguró durante la entrega de 410 vehículos, en julio del 2017, que iba a
afianzar el sistema de transporte público en Venezuela "en el que esté
suscrito la eficiencia y el respeto al usuario”.
Hasta ahora, solo se puede
observar un deterioro del sector que afecta a los venezolanos.
TRANSPARENCIA VENEZUELA
Corrupción en
el sector transporte “deja a pie” a los venezolanos
Caracas, 8 diciembre 2017.-
La “movilidad colectiva incluyente, digna,
segura, de calidad y a precios justos”, prometida por la llamada
Misión Transporte, que desde su nacimiento en 2013 está bajo las directrices
del mismo presidente de la República, Nicolás Maduro, se estrella contra la
realidad que se vive en las calles.
Cuando Maduro tenía apenas siete meses en el cargo, este
programa se convertía en su primera gran “misión”.
Asumía así el compromiso de
aliviar el trajín diario de los venezolanos a la hora de movilizarse.
Desde
“refugios para gandolas”, pasando la llamada “fiesta del asfalto”, hasta
promesas gruesas como la “constitución de nuevos sistemas de transporte”.
Todo
a favor de la gente, era el discurso oficial.
Cuatro años después,la realidad parece no tener frenos.
Buena
parte del servicio de transporte público sigue estando en manos de privados, a
quienes la crisis económica les hace cuesta arriba adquirir repuestos,
lubricantes y cauchos para sus unidades, con lo que ha mermado sustancialmente
la flota operativa.
Las cada vez menos unidades deben trasladar a la misma cantidad
de gente y la desesperación por el tiempo de espera para tomar un bus, ha
llevado a muchos a tomar el riesgo de trasladarse en vehículos no aptos para
movilizar a seres humanos en masa.
La situación cobró este 6 de diciembre sus
primeras víctimas y fue en el estado Bolívar: cuatro personas que, a falta de
buses, se trasladaban en un camión volteo, un vehículo destinado al sector
construcción.
“Dos personas tendidas en el
asfalto y un camión volteo de costado era la escena que describía otro trágico
episodio del caos de transporte público en Ciudad Guayana, este miércoles 6 de
diciembre”.
Así reseñó el accidente el portal El
Pitazo, lo que coloca sobre la mesa una situación que enciende las
alarmas.
foto "EL PITAZO", 06.12.2017
La prensa local identificó a los muertos en
el accidente como Luis Salazar, Daniel Farfán,
Luis Padilla y Julio Pérez Maita.
Hubo nueve
heridos: Willian López, Yornelis
Bermúdez, José Cedeño, Larry Mujica (conductor), Elpidio Ramón, Javier Rondón,
Jonathan Carrasquel, Ezequiel Requena y David Alpon.
A pesar de lo sucedido en Bolívar, Erika Farías, candidata del
partido oficial PSUV para la alcaldía de Libertador (Caracas) y autodenominada
“combatiente del ejército del Comandante Chávez”, propuso que los caraqueños se
trasladen en una suerte de unidades-jaula “camiones de contingencia para
que en las horas pico puedan ayudar a aligerar la espera”.
Los
derechos están en el autobús equivocado
La primera “misión” con la que Maduro inauguró su presidencia
montó los derechos de los venezolanos en el autobús equivocado, pese a los
millonarios recursos destinados a “revolucionar” el sector.
“Todas las personas tendrán
derecho a disponer de bienes y servicios de calidad”, reza
el artículo 117 de la Constitución Nacional,
una norma en la que también se destaca la garantía de “un
trato equitativo y digno”.
El sistema de transporte público urbano permite a los ciudadanos
movilizarse desde y hasta sus lugares de trabajo, estudios, recreación,
cultura, deporte e incluso su hogar.
El Estado debe garantizar a los ciudadanos
la adecuada prestación de servicio pues su afectación no solo limita el derecho al
libre tránsito, si no el derecho a la educación,
el trabajo, las transacciones
económicas y la recreación.
El mal estado de las unidades, así como el exceso de
pasajeros,son factores que también atentan contra la seguridad de la gente y el derecho
humano a la vida.
Las personas también optan por caminar hasta
su destino, en ocasiones a altas horas de la noche, colocando en riesgo su seguridad
personal y propiedades.
Una
crisis nacional mirada de cerca en las regiones
En Carabobo, muchos ciudadanos han optado por tomar un camión de
carga con cuerdas y barandas para movilizarse “cual
ganado al matadero”, tal como lo registró la coordinación de Transparencia
Venezuela en esa entidad.
En Zulia,
los usuarios han optado por el servicio de un tren infantil, de los usados para
paseos cortos en eventos especiales, casi siempre, bajo techo.
“Con uno, dos y hasta cuatro
vagones que se saturan de pasajeros, los trencitos no están dotados de las
condiciones de seguridad necesarias para cohabitar en calles y avenidas con los
grandes aunque ya escasos autobuses de las rutas urbanas.
En cada vagón se
montan, de día y de noche, no menos de 18 personas que apenas están protegidas
de la eventualidad de una colisión por unas delgadas barras de metal o hasta
listones de madera”.
Las demoras en discusión del pasaje mínimo y el hacerse “de la
vista gorda” frente al aumento que unilateral de las tarifas por parte de los
camioneteros, ha dejado indefensos a los venezolanos.
En Lara para
el 30 de noviembre el ´pasaje corto´ valía Bs. 700
y el ´largo´ Bs. 1.200. Tan solo 24 horas después, el 1° de diciembre, costaba
Bs. 1.000 y 1.500, respectivamente.
En ese estado los transportistas se declaran en “paro
técnico”, porque de 7.800 unidadessolo
están circulando 2.340 unidades,
básicamente por falta de repuestos.
Las líneas sub urbanas del eje andino en Barinas muestran los
efectos de las malas políticas en el sector: de 1000
unidades de transporte, sólo 369 se encuentran operativas y no en las
mejores condiciones, según información recopilada en ese estado por Transparencia
Venezuela.
En Táchira,
la Línea Unión Cordero a finales de noviembre de 2017, tenía operativas 12 de
84 unidades, solo el 14 por ciento de la flota.
“He pensado en dejar de
trabajar, porque ya la situación no se aguanta. Últimamente he tenido que optar
por quedarme a dormir en las casas donde trabajo para que me quede algo de
dinero para comprar alimento”.
Es el comentario de la
señora Rosa Parra.
Ella vive en el barrio La Cruz, al sur de Barquisimeto.
Su
testimonio a Transparencia Venezuela coincide
con las vivencias de muchos ciudadanos que ven afectada su calidad de vida.
La coordinación de nuestra organización en el estado Mérida verificó
la situación de los habitantes de los sectores periféricos del municipio Campo
Elías, como El Salado Alto.
Foto cortesía de María Fernanda Rodríguez para El Pitazo.
Ellos enfrentan las peores limitaciones a la hora de cumplir con
sus actividades laborales y de estudio.
“En la parada principal de
Ejido el tiempo de espera ronda entre 35 y 45 minutos, que sumado al tiempo del
trayecto, suma unas dos horas y media. Es preciso entonces para algunos caminar
desde El Salado hasta una parada más próxima a Ejido, en calles no aptas para
peatones, sin suficiente iluminación y a merced de la delincuencia.”
En el estado Bolívar, Transparencia
Venezuela ha constatado el malestar de la población, que se ha
traducido en manifestaciones de calle.
Foto cortesía de @Marzanrobert
El 18 de noviembre habitantes de San
Félix protestó por la falta de buses y por el aumento discrecional de las
tarifas.
Los afectados cerraron la avenida Guayana, a la altura del Hospital
Dr. Raúl Leoni de Guaiparo.
El
motor fundido
Ni la eficiencia ni el respeto al usuario se ven en las calles
luego de tres años del nacimiento de la primera misión que formalmente lidera
Maduro, su primer gran programa social como jefe de Estado.
Tampoco la promesa inicial de “revolucionar el transporte
público en Venezuela” y “ofrecer al pueblo una opción de movilidad colectiva
incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos”.
Y a juzgar por las quejas de quienes prestan el servicio, mucho
menos se percibe que se haya logrado “dignificar al transportista, brindándoles
condiciones laborales justas”.
“Vamos a afianzar un verdadero
sistema de transporte público en Venezuela, en el que esté suscrito la
eficiencia y el respeto al usuario”, dijo Maduro en julio
de 2017 al entregar 410 vehículos, en la zona militar de Los Próceres, en
Caracas, en un acto de la Misión Transporte.
De allí 300 unidades eran taxis
marca Orinoco y 100 autobuses Yutong, con 31
puestos cada uno.
En el tercer aniversario de la Misión Transporte, celebrado a
inicios de 2017, una nota de prensa oficial destacaba los “logros” del
programa: la creación de 60 sistemas de transporte con 2.960 autobuses Yutong de
última tecnología en 175 ciudades del país, 43 proveedurías de insumos y
repuestos en toda Venezuela (lubricantes, baterías, frenos, cauchos y otros
consumibles para vehículos “a precios justos y sin especulación”).
También se habrían impulsado 82 soluciones viales construidas y
16 refugios (uno para transporte de carga y otros 15 para motorizados), así
como el financiamiento de 12.409 vehículos, entre autobuses, motos, camiones y
taxis, a través de una alianza con la banca pública (entre ellos 1.110 buses
para cooperativas y asociaciones del transporte público).
El contraste entre lo que ocurre en las calles y los “logros” de
la Misión Transporte, se le agrega la poca transparencia en el manejo de los
recursos que se estarían destinandoa este programa.
La misión que conduce Maduro no aparece reflejada ni siquiera en
el Presupuesto
de la Nación de 2017, estimado en su totalidad en 8,48 billones.
Ni
siquiera en los cómputos de gastos e ingresos del país en los años 2014, 2015 y
2016.
La Misión Transporte no es un organismo adscrito a un ente con
personalidad jurídica establecido en el sector público, sino un proyecto en el
cual participan distintos actores, en función de contribuir a la solución de la
movilidad en Venezuela.
Esto tiene efectos negativos sobre la evaluación de resultados y
la rendición de cuenta de los recursos públicos manejados por la Misión
Transporte, al sobreponerse las funciones y los recursos de los entes miembros.
Con este tipo de manejo se diluye la responsabilidad y efectividad de las
acciones, promoviendo la discreción y corrupción,pues no existe una estructura
institucional clara que establezca responsables y procedimientos.
Otro elemento que refuerza el carácter opaco de misión, es que
no existen los elementos al alcance de los ciudadanos para verificar o
consultar cómo se ejecutan los recursos manejados por la Misión Transporte,
dejando la puerta abierta para que la discrecionalidad de funcionarios, sin la
supervisión adecuada en organismo con poca fortaleza institucional.
Se gestan
las condiciones para procesos de malversación y desvío de los fondos en
perjuicio del patrimonio de la nación.
De allí que gran parte de la información oficial sobre este
programa se desprende solo de las declaraciones públicas de los altos
funcionarios ligados a su ejecución.
La prensa oficial informa que durante el primer año de gestión
de Maduro se crearon 17 sistemas de transporte urbano, conformado por líneas de
autobuses, que atenderían a 850 mil pasajeros a diario en 32 ciudades.
Son los sistemas: Bus Barlovento, Bus Vargas, Bus Mara,
TransCosta Oriental, TransGuajira, TransFalcón, BusTaguanes, TransAragua,
TransBolívar, Transbarca, Bus Guarenas, TransAmazonas, Bus Cumaná, Transpuerto,
Bus Barinas, Bus Caribia y Bus Los Teques.
En mayo de 2016 Maduro aprobó 4 mil 930 millones de Bolívares para
expansión de fábrica de autobuses Yutong, inaugurada el 2 de diciembre de 2015
en el estado Yaracuy, como parte del convenio de cooperación China – Venezuela.
En esa misma oportunidad dijo que 13
millones de dólares serían destinados “para la fábrica de
autobuses más grande y moderna de América Latina”.
También ordenó “crear 20
nuevas rutas en los municipios y estados del país” y entregarles 200 autobuses
Yutong.
Pero la fábrica de la que ha hecho alarde el presidente Maduro
fue objeto de denuncias por corrupción en enero de 2017.
El diputado a la
Asamblea Nacional, Jony Rahal, denunció en pleno debate parlamentario queel
Gobierno destinó 2 mil 877 millones de bolívares la
ensambladora, pero el establecimiento estaría inoperativo.
También manifestó que hubo irregularidades en la compra de 7
mil 16 autobuses Yutong, que costaron a la nación entre los
años 2011 y 2015 la cantidad de mil 261 millones de dólares y
que al menos 3 mil 500 unidades estaría abandonadas.
Según el parlamentario, cada unidad tenía un valor real promedio
de 87 mil dólares,
pero el precio que pagó Fontur por cada una fue de 179
mil 852 dólares, es decir 92 mil 852 dólares de
sobreprecio.
“Con lo que se han robado, se
pudo haber comprado 10.795 autobuses más, o 5 millones de cauchos, o 20
millones de baterías, y en pasaje estudiantil, se pudo haber subsidiado 219
millones de estudiantes”, dijo en esa ocasión el
diputado
En mayo de 2017, Tareck El Aissami, vicepresidente ejecutivo,
anunció la aprobación de recursos para atender los retrasos en el pago del
subsidio estudiantil a los transportistas, situación que genera muchos roces
entre choferes y estudiantes.
7 millones 907 mil 152 dólares serían
destinados a la adquisición de dispositivos de cobro inteligente del pasaje
estudiantil y otros 14 mil millones de bolívares para
el pago de la deuda con los transportistas por este mismo concepto
correspondiente a ese mes.
Pero el monto global de lo invertido en dar “un mejor servicio”
de transporte a los venezolanos es una cifra negra desde la creación de este
programa social en 2013.
Una
crisis que tampoco puede aliviar el Metro
En noviembre de 2016, Transparencia Venezuela denunció
junto a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional
irregularidades financieras, opacidad e imprecisión de la información en 12
obras de vialidad y transporte inconclusas, cinco de ellas
asignadas a la cuestionada empresa Odebrecht y bajo la responsabilidad del
Ministerio del Poder Popular para Transporte y Obras Públicas.
Se logró constatar el incremento de los recursos asignados a
obras aún sin concluir, por la reprogramación de las fechas de culminación, que
tenían variaciones de hasta un 3.000%.
Lo que representa construir tres veces
cada obra, con un desembolso adicional en perjuicio de la nación por el orden
de los 222 mil millones de bolívares.
Entre las obras investigadas están siete líneas de Metro (Línea
5 Metro de Caracas, Línea 2 Metro de Valencia, Línea 2 Metro de Los Teques,
Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas, Metro Cable Mariche, Metro
Guarenas-Guatire y Línea 2 Metro de Maracaibo-), tres sistemas
ferroviarios (el Nacional Centro Occidental Simón Bolívar, Central Ezequiel
Zamora y el Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco) así como
los puentes Nigale, Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo y Tercer Puente
sobre el Río Orinoco.
En enero de 2017, el presidente de la Comisión de Contraloría de
la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó denunció la pérdida de $
2.533.362.348 en la construcción de la Línea 2 del
Sistema Metro Los Teques del estado Miranda, caso en el cual también salió a
relucir la constructora de Norberto Odebrecht,
En este caso el retraso
registrado fue de dos años.
También a finales de enero del presente año, el gobierno anunció
51 obras de infraestructura, de las cuales 15 estarán destinadas al
mejoramiento de la vialidad y el transporte en el país, según el ministro del
Poder Popular para Obras Públicas, César Salazar.
La inversión alcanza los 300 mil millones de bolívares.
El Gobierno de Maduro debe asumir su responsabilidad en la
crisis de transporte existente, que es consecuencia de la debacle económica que
ha puesto fuera del alcance de los transportistas el mantenimiento de las
unidades y la evidente pérdida de miles de millones de bolívares en obras y
equipamiento de transporte, que han impedido desarrollar un sistema público
como el tantas veces prometido.
Fuente
-“TRANSPARENCIA VENEZUELA”, 08.12.2017
-“EL NACIONAL”, Venezuela, 09.12.2017
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