María Eugenia Vidal interrumpió la reunión que comandaba Federico Salvai, su jefe de Gabinete.
El invitado en la sede de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires era Gerardo Martínez, máximo referente de sindicato de la Construcción, y la gobernadora tenía un solo objetivo: garantizarse el beneplácito del gremialista para avanzar contra Juan Pablo “Pata” Medina, jefe de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Regional La Plata.
Ese día, Vidal obtuvo lo que fue a buscar. Martínez dio el “sí”.
Fue en el otoño de 2017. Un mes después, comenzaba la embestida judicial contra el clan más temido por el empresariado platense.
En el año en el que la corrupción de la obra pública salió a la luz en la Argentina y llevó a prisión al otrora superministro de Planificación Federal Julio De Vido, el Pata se convirtió en uno de los íconos de la corrupción sindical y de la violencia al servicio de la recaudación ilegítima, estimada en decenas de millones de pesos.
Sólo a través de una de sus empresas desde 2011 blanqueó movimientos por más de $ 92 millones.
¿Por qué? Porque algunos cálculos estiman que el accionar ilícito del “clan” le costó $11 mil millones y 9.520 puestos de trabajo al sector.
Pero otros poderosos que posibilitaron su crecimiento exponencial hasta el límite de lo absurdo lograron resguardarse.
Funcionarios, grandes empresas y miembros del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires corren mejor suerte que el dantesco personaje que ayudaron a construir y que por un buen tiempo resultó funcional.
Un ejemplo de cómo cada engranaje de la maquinaria cumple su rol para que todo lo que los Medina se propusieron marchase sobre ruedas.
Nadie parece haber escuchado la frase que el propio Medina escribió sobre un afiche que pegó en la sede de la UOCRA platense: “Yo sólo soy una herramienta de Dios”. Aunque Dios poco tenga que ver.
Ante la Justicia, el sindicalista se negó a declarar.
Antes de quedar detenido y amenazar con “prender fuego la provincia”, el sindicalista había dicho desde el balcón de su gremio: “Que vengan con la verdad, acá hay un presidente democrático que dio la orden a su gabinete para investigarme sin fundamentos”.
Lejos de sus Toyota Hilux 4x4, sus siete propiedades, su casa en Cariló y su lancha deportiva.
Habita el penal de Ezeiza, separado de los más de $ 92,7 millones que movieron sus empresas pantalla en los últimos seis años.
La rutina carcelaria lo obliga a levantarse a las 7.30 y estar listo para el recuento de los reclusos.
Comparte pabellón con algunos de los célebres ex funcionarios kirchneristas detenidos, como Ricardo Jaime y José López, o el empresario Lázaro Báez.
También se encuentra junto a su hijo mayor, Cristián, un devoto de su padre, quien supo ser mano derecha del Pata en la UOCRA platense.
El joven Medina era uno de los encargados de exigir a los empresarios el cumplimiento de las imposiciones del gremio, según relataron seis empresarios para esta investigación y reiteraron como testigos ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella.
Ahora, Cristian está procesado por lavado de dinero.
Las tardes se matan en el salón de usos múltiples del penal.
Esta semana no recaudará “bonos” para las Fiestas entre las constructoras que operan en La Plata.
Deberá elegir entre clases de guitarra, visitas a la biblioteca penitenciaria o deportes. Puede optar por el metegol o el ping pong.
En diciembre, todas las causas contra los Medina y sus aliados quedaron concentradas en el juzgado federal de Quilmes.
Son once los imputados por los delitos de asociación ilícita y lavado de activos.
Eso incluye a la familia directa del Pata, sus principales lugartenientes y los titulares de Abril Catering, la empresa de viandas de comida que catapultó a los Medina al éxito... y también al ocaso.
La estrella: Abril Catering SA, una compañía fundada en 2006 en Ensenada, donde viven los Medina.
Se inscribió a nombre de Horacio Homs y su entonces esposa, Liliana Frontán.
De la mano de los Medina, pasaron de cocinar 27 viandas en un galpón a montar una empresa con más de 150 empleados y varias plantas.
Su capital social aumentó de $50 mil en 2006 a $9,5 millones en 2017.
Así consta en las publicaciones de la compañía en el Boletín Oficial.
En los últimos once años, la proveedora de viandas movió más de $1.032 millones a través de sus cuentas bancarias, según los documentos bancarios a los que accedieron Perfil y Chequeado.
Se lo dijo al juez Armella tras ser detenido como miembro de una organización montada para el lavado de dinero de la extorsión comandada por los Medina.
“Antes comían asado o lo que sea”, agregó Homs durante su indagatoria en el juzgado federal de Quilmes.
Año a año (con excepción de 2009, que registró una caída de las ventas), ese dinero se iba duplicando, de acuerdo con los registros bancarios a los que accedimos en exclusiva.
En 2016, los fondos que pasaron por sus cuentas bancarias habían crecido más de 143 mil veces: ese año, llegó a mover más de $ 277 millones y en 2017, iba por más.
Sólo entre enero y septiembre había registrado acreditaciones bancarias por más de $ 220 millones.
Pero el 26 de septiembre, la compañía eclipsó.
El juez Armella ordenó detener al Pata y a su hijo mayor, Cristian “Pulti” Medina, mano derecha del gremialista.
Garganta tenía intervenidos los teléfonos del clan y se enteró de que debía activar las medidas en una escucha en la que el Pata reconocía que estaba a punto de quedar detenido por orden de Armella, según revelaron fuentes del expediente.
Hablan también de complicidades de la Justicia, que nunca, dicen, actuó de oficio.
“Todos sabíamos que trabajaban con el gobierno de Scioli”, contó un sindicalista de la UOCRA.
Quedó a cargo de la fiscal provincial Ana Medina, quien investigó la paralización de varias obras de construcción por medidas de fuerza del sindicato.
En paralelo, el fiscal Garganta investigaba una asociación ilícita contra el clan desde principios de 2017, a raíz de una denuncia anónima.
Pero fue una denuncia por presunto lavado de dinero la que dio el golpe certero y activó al resto.
Se presentó otro anónimo con detalles sobre movimientos comerciales, automóviles, bienes y roles de los miembros del gremio y la familia del Pata.
Incluía información precisa sobre los mecanismos de extorsión.
Ingresó en el turno de junio en el juzgado federal de Quilmes.
Un mes después de la reunión entre Vidal y Gerardo Martínez, y lejos de La Plata, el territorio que Medina aprendió a manejar a sus anchas.
En tres meses, el juzgado federal tenía a Medina y a su hijo detenidos.
Nada dice sobre la imposición del gremio a las constructoras para contratar a su compañía.
Los empresarios plantean que, además, las viandas tendrían sobreprecio.
Entre desayuno, almuerzo y merienda, las viandas del combo Medina costaban más de $348 por cada obrero, por día, según la facturación a la que se accedió para esta investigación.
Seis empresas constructoras admitieron a Chequeado y Perfil que el sindicato imponía a las compañías la contratación de esta firma.
“Si una vianda valía $90, ellos te cobraban $150”, contó Jorge Del Río, uno de los empresarios que más enfrentó a Medina.
Entre los clientes de Abril Catering hay decenas de compañías de construcción y otros servicios, desde constructoras pymes hasta multinacionales.
YPF era la vaca lechera de esta compañía.
Todas las empresas que operaban en su refinería de La Plata contrataban a Abril: Techint, Contreras Hermanos, BTU, Esuco, Skanska y Panedile son algunas de las grandes empresas que pagaron servicios a Abril Catering y engrosaron de esa manera los bolsillos de los Medina.
Así consta en los registros de facturación de la empresa de catering.
El gremio exigió la contratación de Abril.
Las empresas se negaron porque los precios eran demasiado altos.
Entonces, los delegados pararon la obra y organizaron una asamblea en donde se determinó que los empleados querían comer viandas de Abril Catering.
La obra se pudo reactivar sólo cuando las constructoras contrataron a Abril Catering.
Allí trabajaron entre 800 y 1.000 empleados de Techint.
“Este servicio ya estaba siendo contratado dentro de la refinería por las otras empresas que realizaban obras de construcción en el lugar”, aclaró la constructora de los Rocca.
Pero nadie denunció penalmente a los Medina o a Abril Catering.
Techint la contrató para las obras en la línea H del subte, en Capital Federal, e incluso se hicieron cargo del catering en la apertura de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli.
También facturaron a organismos oficiales como el Ministerio de Educación (en 2017), la Universidad Nacional de La Plata y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).
También formaron otras dos firmas para blanquear los supuestos retornos de Abril Catering: El Rey del Cielo SA y Mejor que en Casa SRL.
Pero los Medina fueron por más: querían ser los dueños del negocio.
El 6,36 % de esa facturación fue a parar a una de las empresas montadas por los Medina: Rey del Cielo SA.
¿La razón oficial? La empresa del clan sindical, que está a nombre por una de las hijastras del Pata Medina y por una de sus nueras, habría sido “proveedora” de materias primas de Abril Catering.
Con esa excusa, en 2016 le facturó a Abril $ 4.938.935, de acuerdo con el informe del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura presentado al juez.
Equivale al 18 % de todas las compras que Abril Catering hizo en 2016.
La empresa se creó en 2014 para la venta de productos de panadería, confitería y pastelería, según los registros oficiales.
Seis empresarios consultados para esta nota coincidieron en adjudicar a Agustín Medina el manejo de Rey Del Cielo.
“Todo el pan que se consumía de Rey Del Cielo era para la UOCRA”, agregó.
Todo lo que Abril le proveía a otros clientes, como Presidencia de la Nación, el Ministerio de Educación de la Nación -entonces a cargo de Esteban Bullrich-, Tecnópolis y empresas de micros de larga distancia “no se lo comprábamos a Rey Del Cielo -agregó Homs-, ya que la calidad y el precio no servía para nada”.
Rey del Cielo comenzó también a vender directamente a las constructoras.
Se ocupaba del desayuno de los obreros en las obras por $48,5 más IVA por trabajador, por día.
“Rey del Cielo estaba terminando su planta elaboradora y cada vez me consumía más el trabajo que yo tenía”, contó Homs ante la Justicia. Homs se encuentra detenido y procesado por el juez Armella como miembro de una organización dedicada al blanqueo de dinero ilícito.
En 2017, el negocio siguió creciendo, pero no la sociedad.
Abril Catering vendió viandas por más de $116,3 millones y compró materias primas y otros productos por $111 millones.
Sin embargo, la entrega de dinero a Rey Del Cielo SA disminuyó considerablemente: a septiembre de 2017, apenas le “compró” materias primas por $1.145.462: el 1% de las compras de Abril.
Muy lejos de aquel 18% de 2016.
En los últimos años, no sólo habían creado a Rey Del Cielo.
También contaban con otra empresa de catering: Mejor que en Casa SRL.
Fue fundada en 2011 por familiares de Fabiola García: Alberto García, Eliana García, Marcela García y Beatriz Castello.
En la práctica, era manejada por Fabiola y su hermano David, uno de los lugartenientes del Pata en la UOCRA.
Así consta en las causas judiciales de Quilmes y La Plata, hoy unificadas.
Sus clientes no sorprenden. Son constructoras que operaron en La Plata y otras localidades donde la UOCRA de La Plata pisa fuerte.
Esuco, de Carlos Wagner -ex presidente de la Cámara de la Construcción- le pagó viandas por $259.555 sólo en el mes de septiembre último.
Amenazas; extorsión; la presunta complicidad de ex funcionarios y de ejecutivos de la petrolera estatal YPF durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli; silencio del Poder Judicial ante las denuncias; y aumento de costos laborales en al menos un 60% para cumplir con las exigencias del sindicato integran la larga lista de reclamos.
“Tienen que arreglar”, “tienen que pagar”, les contestaban los funcionarios de entonces.
“Nos obligaban a firmar ese acuerdo y además había exigencias extra”, contó Del Río, uno de los empresarios que viene denunciando a los Medina desde hace años, primero ante el Ejecutivo provincial y luego ante la Justicia.
Esos “extra” incluyen “tomar personal que ellos digitan bajo amenazas de no poder iniciar la obra. No había alternativa, o se firmaba el convenio o no podías trabajar”.
Ese año, los Medina firmaron un nuevo convenio con YPF -entonces en manos de la familia Esquenazi-, que mantuvo su vigencia después de la estatización de la compañía.
Luego de ese convenio, YPF se convirtió en la vaca lechera del clan.
El documento estableció que todas las empresas que operaban para la petrolera en La Plata debían firmar el mismo acuerdo, fueran o no empresa constructora.
Cualquier compañía de ingeniería, por ejemplo, debía acceder a los reclamos para poder hacer obras o prestar servicios a YPF.
Recibió la visita de uno de los lugartenientes de Medina y su lista de exigencias.
El ejecutivo a cargo de la compañía dijo que “no”.
Tras varias discusiones, pidió hablar personalmente con Medina.
El sindicalista lo citó en su casa en Ensenada.
Llegó, le abrieron el portón y le dijeron que aguardara en el patio delantero hasta que lo hicieran pasar.
Quedó frente a los perros de Medina, sabuesos bien entrenados para custodiar.
No dejaron de ladrar durante la hora que debió esperar la invitación para ingresar a la vivienda.
Adentro, un amable Pata acariciaba a un perrito, un coqueto caniche blanco.
El ejecutivo intentó negociar el convenio.
Al lado del Pata, un representante del gremio lo patoteó.
Medina tomó cartas en el asunto y le pidió a su lugarteniente que le sirviera café a su invitado.
Ese día, el ejecutivo sólo se llevó la anécdota.
Así lo reconstruyeron testigos directo del encuentro.
Sin embargo, los empresarios y ejecutivos de distintas contratistas aseguran que accedieron a contratar hasta 70% de los trabajadores de la “Bolsa de Trabajo” del gremio.
“Esos trabajadores uno no los podía elegir, directamente nos los mandan, los imponen”, contó un empresario de La Plata en su testimonio ante el juzgado de Quilmes.
“Si necesito 15 trabajadores para una obra en la refinería de YPF, tengo que contratar de la Bolsa. Pero ninguno está calificado, entonces tengo que duplicar el personal necesario para poder hacer la obra y cumplir con el gremio y que no paren todo. Termino pagando 25 sueldos, en lugar de 15. Algunos de los 10 extra van a trabajar al sindicato, por ejemplo”, contó un ejecutivo de una contratista de la petrolera.
Cada uno de ellos cubría un área específica.
David García, Miguel Federico, Pablo Neves, Rubén “El Colo” Roldán y la mano derecha del Pata: su hijo Cristian.
Lo relataron los empresarios y lo reconstruyó el fiscal Garganta en su pedido de detención a gran parte del grupo.
Otra exigencia era la contratación de mujeres en las obras para tareas de limpieza, coordinadas por Fabiola García, la mujer del Pata.
El gremio nunca rindió cuentas y se desconoce si ese dinero exigido a las empresas llegó a manos de los trabajadores.
Un empresario contó que también pagaba el “peluquero” (otros $11.800 la quincena).
De hecho, el gremio montó una peluquería en la sede de la seccional.
Se suponía que estaba destinada a los trabajadores.
Tampoco el gremio rindió cuentas de eso.
Días después, sus empresas recibieron una inspección del Ministerio.
“Los inspectores llegaron en vehículos del sindicato”, aseguraron.
Las fuentes que hablaron pidieron reserva de identidad.
Dice que “nunca” recibió “ninguna denuncia de parte de los empresarios por extorsiones del gremio”.
“Teníamos una política de mucha interacción entre empresas y sindicatos, siempre desde la intermediación y desde la igualdad. Mi relación era tirante con Medina. Cuando llegué al Ministerio desplazamos a un funcionario que le respondía y hacíamos inspecciones en obras en las que el gremio muchas veces había arreglado con las empresas. nosotros caíamos igual y eso generaba malestar. Yo llevaba en el auto oficial unos prismáticos, iba mirando en las obras de construcción si los trabajadores en altura usaban arnés y casco. El control de seguridad en el trabajo fue primordial en nuestra gestión”.
“Scioli está pagando indebidamente el costo en este caso. Jamás me dieron instrucciones para que diera tratamiento especial a Medina”, agregó el ex funcionario.
“¿Por qué no denunciaron penalmente a Medina antes?
Medina les fue funcional a muchos empresarios de La Plata.
El ‘cuco’ servía para espantar a empresas de otras regiones que querían invertir en la ciudad”, dijo.
El ex ministro, que hoy afronta sus propios problemas judiciales por haber supuestamente exigido más de $50 mil en aportes de campaña a unos 30 empleados de su cartera, negó haber descartado denuncias de los empresarios y haberles dicho que debían ceder a las exigencias de la UOCRA platense para trabajar.
Sí reconoció que muchas de las inspecciones del ministerio incluían la presencia de personal del sindicato de Medina. “Están habilitados por ley”.
Así lo reflejan los números.
“A partir de 2016, el gremio aumentó su intervención sobre el normal funcionamiento de las empresas llevando a la casi paralización de la construcción privada de emprendimientos de envergadura”, explicó en su testimonial ante el juez Armella Ricardo Alconada Magliano, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos Región Capital de la provincia de Buenos Aires.
Los “sobrecostos y la perdida de inversión” le costó a la ciudad $11 mil millones de desinversión en el sector y los trabajadores de la construcción perdieron 9.520 puestos de trabajo.
“En la ciudad de La Plata representa un impacto del 3,4% del empleado total”, agregó. Gustavo Calvi, representante legal de un grupo de empresas, declaró ante la Justicia que las exigencias del gremio encarecían entre el 66 y el 87% los costos de la construcción.
Los empresarios que mejor lo conocen lo adjudican a la intervención de la mujer detrás del gran hombre: Fabiola García (47).
Machismo, dirían algunos; o quizás no.
Ese año es 2014 y fue el momento clave en el que el clan comienza a blanquear los ingresos de la supuesta extorsión.
Un paso más hacia la evolución financiera del grupo.
Los hijos y la nuera de Fabiola fundan Rey del Cielo SA y la facturación de Mejor que en Casa SRL -comandada por su hermano- salta de $6,1 millones a $17,3 millones.
Así consta en los registros fiscales de ambas compañías.
Hasta su detención a fines de septiembre último, figuraba como empleada de una contratista de YPF: Contreras Hermanos.
Además, era empleada pública en la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense al momento de su detención.
Voceros de Contreras dijeron que la mujer del Pata Medina “estaba incorporada de manera eventual para el proyecto como veedora del cumplimiento de las condiciones laborales por parte del sindicato.
Este era un requerimiento excluyente del sindicato para operar en la zona Destilería” de la petrolera.
La hija de Fabiola, Marianela Pagnoli, también es una trabajadora vip de la construcción y figura trabajando para Contreras Hermanos.
Con anterioridad, cobró sueldos de otras contratistas de YPF, según los registros de la ANSES.
Además, junto al Pata, manejaba una camioneta Hilux SW4, propiedad de Abril Catering.
Tiene también cinco inmuebles, incluida una propiedad de 999 metros en Cariló, que comparte con su esposo.
Por primera vez en su vida, el Pata registró bienes ante la AFIP.
Hasta el momento, el fisco no tenía casi ningún registro del sindicalista, de 64 años.
Blanquearon unos $ 8 mil millones en sus cuentas del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
La Justicia de Quilmes determinó en base a informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la entidad bancaria que ninguno de los dos pudo justificar el dinero blanqueado ni demostrar el origen legal de los fondos.
Renunció al apellido de su padre -Pagnoli- por el de Medina.
Tiene 27 años y se alineó por completo con el Pata.
En los últimos nueve años, el sindicato logró que varias contratistas en la refinería de YPF en La Plata le pagaran salarios por más de $3 millones, entre ellas la brasileña Odebrecht, hoy investigada por irregularidades en licitaciones y pago de sobornos, que lo empleó entre 2009 y 2014 por $ 1,3 millones.
Allí, la constructora realizó la Planta de Reformado Catalítico Continuo y otras obras.
El contrato de la brasileña comenzó con la gestión de Eskenazi en YPF, en 2009, y se extendió hasta fines de 2014, cuando la petrolera ya había sido reestatizada.
Maneja un Audi A5. Su esposa, Lara Muñoz, tiene un Peugeot 208 y la empresa de catering, Rey del Cielo SA, ideada según la investigación del juez Armella para blanquear millones de origen ilícito.
El sueldo y la indemnización fueron acordes a su categoría establecida en el convenio gremial, el acta acuerdo vigente y el establecido en la ley laboral.
La desvinculación fue por la finalización del proyecto”.
Eran los supuestos “veedores”, una figura que sustituía a los delegados gremiales.
“Era una de las formas de blanquear el dinero que nos exigían para poder operar en YPF”, contó uno de los ejecutivos. Si una obra requería diez obreros, UOCRA La Plata exigía la contratación de otros diez que estuvieran afiliados al grupo de los Medina.
“Estos siempre debían percibir sueldos altos. Así que exigían que figuraran como veedores o personal especializado, aunque no lo fuera”, agregó otro ejecutivo. Así, recaudaban una suma fija por mes en cada obra y la blanqueaban en forma de salarios. El mecanismo se repetía, empresa por empresa, en todo el territorio de La Plata, “sin excepción”, dicen en las cámaras empresariales.
La Cámara de Apelaciones de La Plata le dictó la falta de mérito por el delito de asociación ilícita y lo liberó.
Las piezas del caso Medina siguen acomodándose.
Los empresarios, liberados de la lógica medinista, ahora se niegan a cumplir con las condiciones del convenio colectivo del que tanto renegaron, dijeron fuentes de la intervención.
“Si esto no se encamina, se va a repetir la historia”, dice una fuente directamente involucrada en la reorganización del gremio, que recuerda “una frase del general Juan Domingo Perón” sobre la corrupción sindical: “Yo les dí dignidad, la plata se la habrá dado otro”.
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