ECUADOR:
LEGISLADORES “DIEZMADOS”
Legisladores, en indagación por ‘diezmos’ y otros
casos en Ecuador
4 de mayo, 2019
Quito -
Al menos el 12 % de los legisladores en funciones -unos 16- es
investigado actualmente por la Fiscalía General por su
presunta participación en delitos como concusión (cobro de diezmos), tráfico de
influencias y violación, confirmaron fuentes cercanas a estos procesos.
El cobro de ‘diezmos’ en el Parlamento denunciado en septiembre del año
pasado por Fabricio Villamar (CREO), abrió la puerta para que se
presenten denuncias por parte de colaboradores y excolaboradores de los
asambleístas.
Tras esas denuncias, Norma Vallejo (AP) y Ana Galarza (CREO) fueron
destituidas por presunto tráfico de influencias.
Contra la primera está en
marcha una instrucción fiscal y se le dictó como medida cautelar la prohibición
de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades.
Contra Galarza se desarrolla una indagación previa.
La Asamblea aprobó, el 18 de septiembre pasado, una resolución por la
cual solicitó a la Contraloría General que con ayuda de
la Superintendencia de Bancos haga auditorías a las cuentas
bancarias que tienen registradas los servidores legislativos para que se
acrediten sus remuneraciones a partir de mayo del 2013.
También
se solicitó a la Unidad de Análisis Financiero y
Económico (UAFE) que revise las cuentas de funcionarios y
exfuncionarios para determinar si existían retiros o transferencias, y a qué
cuentas.
La resolución
hizo hincapié en que “por lo delicado del tema, se solicita a la Contraloría y
a la UAFE que la auditoría y el análisis financiero se los realice en un plazo
de 90 días”.
Ya han
transcurrido siete meses y aún no se conocen los resultados de esos exámenes.
Villamar
entregó, un día después, denuncias contra asambleístas que habrían otorgado
contratos ocasionales supuestamente a cambio de retribuciones económicas.
Un mes
después la
exfiscal subrogante Ruth Palacios abrió una indagación
previa.
La Fiscalía
inició indagaciones previas a Karina Arteaga, Johanna Cedeño, María
José Carrión, Marcia Arregui, Teresa Benavides y Alberto Zambrano, de las filas
del oficialismo; Juan Pablo Velín, exmilitante de AP; Fernando Burbano, antes
de CREO-Podemos; Sebastián Palacios, de SUMA; Washington Paredes, antes de
SUMA; Tito Puanchir, de Pachakutik; Raúl Aquilla, antes de CREO, hoy PSC; y
Fernando Flores, de CREO.
Byron
Suquilanda (CREO), en tanto, espera que se archive una denuncia presentada en
su contra por supuesta violación.
Igualmente, José
Serrano (AP) fue denunciado por un exasesor en el
Ministerio del Interior por concusión.
Una de las
últimas denuncias públicas que se presentó ante la Fiscalía fue contra la
actual presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas (AP).
Ronny Aleaga (afín a Rafael Correa) la acusó de
tráfico de influencias tras la filtración de un audio en el que se la escucha
hablar con la ministra del Interior, María Paula Romo, sobre la votación de una
moción del correísmo que pedía fiscalizar el caso INApapers, relacionado con
una supuesta vinculación del presidente Lenín Moreno a empresas offshore.
Procesos en
marcha
Tres fiscales
Fabricio
Villamar (CREO) recordó que hace siete meses entregó a la Fiscalía información
de los casos que llegaron a su despacho.
Este tiempo, hubo tres fiscales; y
dice que ha pedido por escrito información del avance de las investigaciones y
no obtuvo respuestas.
Otro caso
Sofía Espín
(antes de AP) también fue destituida por el pleno de la Asamblea y ahora es
investigada por la Fiscalía, pero su caso tuvo que ver con la visita que
realizó en la cárcel a una de las exagentes acusadas en el proceso que se inició
por el secuestro de Fernando Balda.
Tiene orden de prisión preventiva.
Fuente
“EL UNIVERSO”, Ecuador, 04.05.2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario