Un sistema necesario que nivela hacia abajo
Ismael Bermúdez - Especial para Los Andes
La moratoria previsional fue un mecanismo que se ideó para que mucha gente con pocos años de aportes o sin aportes, perjudicada por las sucesivas crisis, la evasión, la quiebra de empresas y el trabajo en negro, pudiera jubilarse.
Así, actualmente por la anterior moratoria 2,7 millones de personas
accedieron al beneficio más la cobertura del PAMI. Por la actual
moratoria se espera que no menos de otro medio millón también se jubile.
Como señalamos en forma permanente, se trata de una deuda social tan válida como la de los que se jubilaron pagando los aportes completos. Pero este sector de jubilados sigue cobrando menos de lo que marca la ley previsional y los fallos judiciales y muy alejado del histórico 82% móvil.
Todavía hay más de 300.000 juicios en los distintos Tribunales de la Seguridad Social. En el Presupuesto 2015 se prevé destinar $ 130.164 millones para el pago de esos 2,7 millones de beneficios por moratoria. A ese monto habrá que agregar otros $ 20.000 millones si ahora se jubilan otros 500.000.
La propia Anses reconoció que por no ajustar las jubilaciones como ordenó la Corte Suprema dejó de pagar hasta entonces a los jubilados a valores actuales más de $ 100.000 millones y hacia delante otros $ 50.000 millones anuales. Con fondos de la Anses se pagan prestaciones sociales de montos bajos, como la AUH, que deberían ampliarse.
La mayoría de los jubilados por moratoria cobra el haber mínimo, hoy de $ 3.231, mientras que por la no extensión de los casos Badaro y Eliff a los que se jubilaron con aportes el haber promedio no llega a los $ 5.500.
Esta nivelación hacia abajo o achatamiento de la pirámide previsional lleva a que más del 75% de los jubilados cobre haberes inferiores a los $ 5.000, en momentos en que, en promedio, el sueldo de los trabajadores formales aportantes es de $ 10.900 mensuales.
La resolución de este conflicto es que los jubilados que hicieron los aportes completos no carguen con el detrimento de sus haberes con los costos de la moratoria. No son ellos los responsables del empleo en negro, ni de la quiebra de empresas ni de la evasión que perjudicó a los que accedieron o van a acceder a la moratoria.
Entonces, es el Tesoro Nacional el que debería aportar a la Anses el costo efectivo de los haberes que se pagan por moratoria y para las prestaciones sociales que no son propias del sistema previsional contributivo.
Esos fondos se podrían conseguir si se reestructura el Presupuesto nacional, donde abundan los gastos superfluos y de otra naturaleza; se eliminan las exenciones impositivas que benefician a determinados sectores o grupos económicos y se encara una reforma tributaria que incluya el impuesto a la renta financiera.
FUENTE
"LOS ANDES", 03.12.2014
Como señalamos en forma permanente, se trata de una deuda social tan válida como la de los que se jubilaron pagando los aportes completos. Pero este sector de jubilados sigue cobrando menos de lo que marca la ley previsional y los fallos judiciales y muy alejado del histórico 82% móvil.
Todavía hay más de 300.000 juicios en los distintos Tribunales de la Seguridad Social. En el Presupuesto 2015 se prevé destinar $ 130.164 millones para el pago de esos 2,7 millones de beneficios por moratoria. A ese monto habrá que agregar otros $ 20.000 millones si ahora se jubilan otros 500.000.
La propia Anses reconoció que por no ajustar las jubilaciones como ordenó la Corte Suprema dejó de pagar hasta entonces a los jubilados a valores actuales más de $ 100.000 millones y hacia delante otros $ 50.000 millones anuales. Con fondos de la Anses se pagan prestaciones sociales de montos bajos, como la AUH, que deberían ampliarse.
La mayoría de los jubilados por moratoria cobra el haber mínimo, hoy de $ 3.231, mientras que por la no extensión de los casos Badaro y Eliff a los que se jubilaron con aportes el haber promedio no llega a los $ 5.500.
Esta nivelación hacia abajo o achatamiento de la pirámide previsional lleva a que más del 75% de los jubilados cobre haberes inferiores a los $ 5.000, en momentos en que, en promedio, el sueldo de los trabajadores formales aportantes es de $ 10.900 mensuales.
La resolución de este conflicto es que los jubilados que hicieron los aportes completos no carguen con el detrimento de sus haberes con los costos de la moratoria. No son ellos los responsables del empleo en negro, ni de la quiebra de empresas ni de la evasión que perjudicó a los que accedieron o van a acceder a la moratoria.
Entonces, es el Tesoro Nacional el que debería aportar a la Anses el costo efectivo de los haberes que se pagan por moratoria y para las prestaciones sociales que no son propias del sistema previsional contributivo.
Esos fondos se podrían conseguir si se reestructura el Presupuesto nacional, donde abundan los gastos superfluos y de otra naturaleza; se eliminan las exenciones impositivas que benefician a determinados sectores o grupos económicos y se encara una reforma tributaria que incluya el impuesto a la renta financiera.
FUENTE
"LOS ANDES", 03.12.2014
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