Desde hace años Medoza y los mendocinos estamos como "María la paz..." ¿Se acuerdan?... "Dos pasos pa' 'tras/ pa' este costado, pa' el otro lado" la opinión que se reproduce, a continuación, muy atinadamente señala que se debe tener en cuenta para tomar una decisión que contenga a todos y que la relación costo/beneficio sea favorable al conjunto.
- Martes, 2 de diciembre de 2014
La reapertura del debate sobre la minería en Mendoza
Por Ignacio A. Boulin Victoria - Abogado, LL.M. Harvard, profesor universitario
Una intervención quirúrgica de bajo riesgo puede entrañar un serio peligro para el paciente si quien toma el bisturí es un alumno de primer año de medicina que nunca antes realizó una cirugía. En este caso particular, carecerá de importancia que otros médicos hayan realizado el mismo procedimiento innumerables veces con resultados exitosos si quien va a operar no sabe o no puede hacerlo.
Algo parecido puede decirse respecto del debate sobre la minería en
Mendoza. La discusión en abstracto -minería sí, minería no- sin
detenerse a considerar la situación actual del Estado que controla la
actividad (y olvidando por un momento a las empresas concesionarias) es
un sinsentido.
Resulta válido, entonces, indagar acerca de qué materias podrían servir como indicadores sobre la confianza que deberíamos tener en el Estado mendocino como agente de control. A tal efecto, propongo tres parámetros: transparencia, gasto público y capacidad técnica de los organismos ambientales.
En primer lugar, cabe decir que ninguna de las fuerzas que gobernaron la provincia desde la vuelta de la democracia mostraron voluntad política para sancionar una ley de acceso a la información pública. Esta grave falencia institucional permite, por lo menos, dudar de las promesas que el gobierno formula alegando que será abierto a la hora de transparentar los beneficios que la minería genere.
A tenor de lo ocurrido hasta hoy, cuánto ingresa y a qué se destina esa renta serán preguntas sin respuesta.
Una posible solución a este problema consiste en que Mendoza -lo óptimo sería que lo haga el Estado nacional- adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas, convenio internacional que ha tenido un éxito notable en varios países con muchos recursos y baja institucionalidad.
Consideremos el segundo punto: el gasto público (o en otras palabras, cómo se utilizarán las ganancias que la minería produzca). Previo a todo, debe tenerse en cuenta que no hay más que una chance para aprovechar los recursos que deja una explotación minera. Extraído el mineral, no crece por segunda vez. Esto hace imprescindible asegurar que el dinero que genere la actividad no se desperdicie en gastos corrientes.
¿Podemos confiar en que quien ocupe el gobierno (pues tampoco ha habido gran diferencia entre radicales y justicialistas en el rubro) utilizará estos fondos de manera prudente? Vamos a los hechos: según el estudio realizado por Fernando Diez, desde 1983 hasta 2013, sólo los cargos permanentes aumentaron en 126,76%.
Estos datos empíricos muestran que los gobiernos, sin distinción de color político, han hecho de la estructura estatal un botín de guerra, contratando una multitud de empleados sin concurso, generando un Estado que presta malos servicios y cuya recaudación genuina se utiliza casi en exclusividad para pagar sueldos.
Un tercer y fundamental aspecto: debe mejorarse la capacidad técnica de los órganos de gobierno en materia ambiental que permita ejercer un control efectivo sobre el manejo de los residuos peligrosos y la contaminación generada por la actividad industrial en la provincia.
Muestra de esta falencia es la reciente denuncia del fiscal de Estado en contra de una empresa farmacéutica extranjera que mantenía un depósito no habilitado para sus residuos peligrosos. A pesar de que esta situación era conocida por la Dirección de Protección Ambiental, no había generado ninguna acción al respecto.
Una reforma en la ley de residuos peligrosos y en su organismo de aplicación es imperiosa para construir instituciones que, en materia ambiental, sean capaces de garantizar una fiscalización efectiva sobre toda actividad que produzca un impacto significativo en el medio ambiente.
Noruega y el Congo son dos países ricos en recursos naturales. Sin embargo, mientras Noruega ocupa consistentemente los primeros puestos en desarrollo humano según el índice elaborado por la ONU, el Congo suele ocupar los últimos. La diferencia entre ellos radica en que en el primero las instituciones son realmente sólidas; en el segundo, la corrupción y la guerra destruyeron las instituciones.
Los tres problemas señalados evidencian la necesidad de una rotunda mejora institucional para que la minería se convierta en una actividad sustentable para la provincia.
Este progreso institucional redundará en una real capacidad técnica para controlar, mayor transparencia para percibir y verdadera prudencia para gastar. Sin estos cambios, solo conseguiremos pan para hoy y hambre para mañana.
FUENTE
"LOS ANDES", 02.12.2014
{ SUBRAYADO ES NUESTRO}
Resulta válido, entonces, indagar acerca de qué materias podrían servir como indicadores sobre la confianza que deberíamos tener en el Estado mendocino como agente de control. A tal efecto, propongo tres parámetros: transparencia, gasto público y capacidad técnica de los organismos ambientales.
En primer lugar, cabe decir que ninguna de las fuerzas que gobernaron la provincia desde la vuelta de la democracia mostraron voluntad política para sancionar una ley de acceso a la información pública. Esta grave falencia institucional permite, por lo menos, dudar de las promesas que el gobierno formula alegando que será abierto a la hora de transparentar los beneficios que la minería genere.
A tenor de lo ocurrido hasta hoy, cuánto ingresa y a qué se destina esa renta serán preguntas sin respuesta.
Una posible solución a este problema consiste en que Mendoza -lo óptimo sería que lo haga el Estado nacional- adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de las Industrias Extractivas, convenio internacional que ha tenido un éxito notable en varios países con muchos recursos y baja institucionalidad.
Consideremos el segundo punto: el gasto público (o en otras palabras, cómo se utilizarán las ganancias que la minería produzca). Previo a todo, debe tenerse en cuenta que no hay más que una chance para aprovechar los recursos que deja una explotación minera. Extraído el mineral, no crece por segunda vez. Esto hace imprescindible asegurar que el dinero que genere la actividad no se desperdicie en gastos corrientes.
¿Podemos confiar en que quien ocupe el gobierno (pues tampoco ha habido gran diferencia entre radicales y justicialistas en el rubro) utilizará estos fondos de manera prudente? Vamos a los hechos: según el estudio realizado por Fernando Diez, desde 1983 hasta 2013, sólo los cargos permanentes aumentaron en 126,76%.
Estos datos empíricos muestran que los gobiernos, sin distinción de color político, han hecho de la estructura estatal un botín de guerra, contratando una multitud de empleados sin concurso, generando un Estado que presta malos servicios y cuya recaudación genuina se utiliza casi en exclusividad para pagar sueldos.
Un tercer y fundamental aspecto: debe mejorarse la capacidad técnica de los órganos de gobierno en materia ambiental que permita ejercer un control efectivo sobre el manejo de los residuos peligrosos y la contaminación generada por la actividad industrial en la provincia.
Muestra de esta falencia es la reciente denuncia del fiscal de Estado en contra de una empresa farmacéutica extranjera que mantenía un depósito no habilitado para sus residuos peligrosos. A pesar de que esta situación era conocida por la Dirección de Protección Ambiental, no había generado ninguna acción al respecto.
Una reforma en la ley de residuos peligrosos y en su organismo de aplicación es imperiosa para construir instituciones que, en materia ambiental, sean capaces de garantizar una fiscalización efectiva sobre toda actividad que produzca un impacto significativo en el medio ambiente.
Noruega y el Congo son dos países ricos en recursos naturales. Sin embargo, mientras Noruega ocupa consistentemente los primeros puestos en desarrollo humano según el índice elaborado por la ONU, el Congo suele ocupar los últimos. La diferencia entre ellos radica en que en el primero las instituciones son realmente sólidas; en el segundo, la corrupción y la guerra destruyeron las instituciones.
Los tres problemas señalados evidencian la necesidad de una rotunda mejora institucional para que la minería se convierta en una actividad sustentable para la provincia.
Este progreso institucional redundará en una real capacidad técnica para controlar, mayor transparencia para percibir y verdadera prudencia para gastar. Sin estos cambios, solo conseguiremos pan para hoy y hambre para mañana.
FUENTE
"LOS ANDES", 02.12.2014
{ SUBRAYADO ES NUESTRO}
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