RÉGIMENES
ESPECIALES…
… A COMISIÓN
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para modificar las jubilaciones
de privilegio
La iniciativa ingresó hoy a la
Cámara de Diputados.
El lunes lo analizarán los presidentes de los bloques y
será debatido en el actual período de sesiones extraordinarias
14 de febrero de 2020
Alberto Fernández y Sergio Massa
Alberto Fernández envió al Congreso un proyecto de ley para
modificar las jubilaciones de privilegio de los funcionarios del Poder Judicial
y del Servicio Exterior.
El texto ingresó poco antes de las 20 por la mesa de
entrada de la Cámara de Diputados.
Según fuentes del oficialismo, el presidente de la Cámara
baja, Sergio Massa, convocará este lunes a los líderes de los bloques
para comenzar a analizar el texto.
Sin embargo, descartan
que puede ser tratado durante la próxima semana.
En la actualidad, estos regímenes especiales alcanzan a más de
8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos
por mes, es decir hasta 17 veces más que la jubilación mínima, que es de
$14.067.
Según informaron fuentes oficiales, a pesar de que representan
un 3 por ciento del total de los jubilados, el Estado gasta en estos
regímenes especiales más de $25 mil millones anuales.
Tal como explicita la norma en sus fundamentos, esta reforma es parte de un
conjunto de iniciativas que buscan “reducir las inequidades existentes en el
sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas
reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos
sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que
impactan”.
Además, el proyecto señala que el déficit del sistema
previsional ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los 2 puntos porcentuales
del PBI, situación que impone “tomar medidas conducentes a la corrección de
tales desequilibrios”.
Entre los cambios propuestos al régimen previsional especial
para el Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público de la Nación se
destaca en primer lugar el aumento escalonado de la
edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los sesenta y cinco (65) años.
A su vez, aumentarán los aportes
adicionales en un 7%, por lo alcanzará el 18% de los salarios; se limitará el
ámbito de aplicación personal (por ejemplo, quedarán excluidos los
prosecretarios administrativos, medida que podría generar tensión con los
sindicatos judiciales) y se incrementarán los años de servicio con aportes
requeridos en los cargos que dan derecho al beneficio jubilatorio.
El proyecto plantea que la
jubilación de los magistrados será equivalente al 82% del promedio de las
últimas ciento veinte remuneraciones actualizadas, es decir de los últimos diez
años.
Entre las correcciones propuestas al régimen especial para
funcionarios del Servicio Exterior de la Nación cabe mencionar la reducción
de la tasa de sustitución de la jubilación ordinaria y por invalidez y el
incremento de los aportes personales adicionales.
Además, los funcionarios que sean
designados a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley “estarán
obligatoriamente comprendidos en el Régimen Previsional General” por lo cual
queda “derogado el régimen previsional especial instituido por la Ley N°
22.731”.
Al igual que con los judiciales,
para los haberes se calculará el 82% del promedio de los salarios de los
últimos 10 años.
Por otro lado, se propone incluir obligatoriamente en el
régimen público previsional general a los nuevos funcionarios de carrera que
ingresen al Servicio Exterior de la Nación, iniciando así la paulatina
integración de los funcionarios al régimen general.
Fuentes parlamentarias adelantaron a Infobae
que también buscarán introducir un congelamiento por 180 días de los
aumentos de jubilaciones de jueces y embajadores, hasta tanto se resuelva el
sistema general de movilidad jubilatoria.
Además, se invitará a la Corte
Suprema a “compensar” a la ANSES -utilizando su fondo anticíclico de más de $40
mil millones- hasta que empiece el nuevo régimen de aportes para que los
trabajadores no pierdan parte de sus ingresos.
La cuestión de las jubilaciones de privilegio había generado
polémica durante el debate de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación
Productiva que se discutió en el Congreso durante diciembre.
Allí, la oposición, e incluso algunos oficialistas, se
quejaron porque jueces y diplomáticos quedaban al margen de la suspensión de la
aplicación de la ley de movilidad previsional, que alcanzaba a la mayoría de
los beneficiarios del sistema.
Senadores y diputados de la Nación había sido convocados hoy a
integrar la comisión que deberá, junto con funcionarios del Ejecutivo,
confeccionar una nueva fórmula de movilidad previsional para el ajuste de los
haberes de jubilados y pensionados.
Fuente
“infobae”, 14.02.2020
"iProfesional"
22.12.2019 Actualidad
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