Suba de jubilaciones con suma fija ahorrará al Gobierno mitad del gasto de la fórmula de Macri
Ese sería el resultado fiscal si la administración de Alberto Fernández decidiera otorgar el mes que viene y en junio una suma fija más un porcentaje –una opción que barajan por estas horas-, en lugar de los incrementos previstos por la ley suspendida por el Congreso, que preveía ajustes trimestrales de los haberes, el salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
El nuevo ajuste será resuelto en los próximos días, una vez que el Presidente regrese de su gira por Europa.
Fernández tendrá que definir, en primer lugar, si en marzo aplica el 11,56% correspondiente a la fórmula para los 9,5 millones de titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones.
De seguir esos pasos, el costo fiscal adicional ascendería a $40.000 millones por mes.
Ya en diciembre, el renglón de las prestaciones sociales absorbió $345.000 millones, según los datos del Ministerio de Economía.
Pero el mandatario y su equipo anunciaron que habrá sumas fijas y se priorizará a los sectores más golpeados por la crisis, lo que achatará las escalas.
Una posibilidad en estudio es otorgar un monto de $1.250 más un 3% de aumento a todos los jubilados y pensionados.
En ese caso:
- Los que cobran el haber mínimo, de $14.068, recibirían un ajuste similar al 11,56%, que elevaría ese piso a $15.740.
- Los de $20.000 tendrían una suba del 9,25%.
- Los de $40.000, un aumento del 6,12%.
- Y los que perciben la máxima, de $103.000, un incremento del 4,21%.
En la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sostienen que todavía no está definida la fecha del anuncio y siguen estudiando todas las alternativas.
Lo cierto es que, de implementar un esquema de aumentos diferenciados, el costo de la medida sería de $20.000 millones por mes, la mitad de lo que hubiera correspondido por la Ley de Movilidad.
Dentro de ese universo entran 7,3 millones de jubilados y pensionados, además de 2,2 millones de beneficiarios de asignaciones, incluidos los titulares de la AUH, que cobran $2.746.
La idea del equipo de Fernández es recomponer los haberes e ingresos más bajos por encima de la inflación, y aumentar en menor medida el resto de las escalas.
Durante el debate de la Ley de Solidaridad en Diputados, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, pidió el "acompañamiento" de unos 400.000 jubilados –el 5%- del total- que "consumen el 20% de los recursos".
Así, se refirió a un sector de los que integran el régimen general pero también a aquellos que gozan de regímenes especiales con ingresos superiores a los $50.000.
Pero la realidad es que el ajuste recaería sobre un número más amplio de personas.
Se estima que bajo el esquema en estudio unos 4,5 millones de jubilados y pensionados recibirían el 11,56% y los 2,8 millones restantes quedarían retrasados una vez más, con incrementos por debajo de una inflación, que este año oscilaría en torno al 42%.
Este retroceso se sumaría a la pérdida acumulada por los haberes desde el cambio de fórmula en 2017.
Ya en diciembre, el mandatario advirtió que la movilidad suspendida era de "imposible cumplimiento".
En el proyecto original de la Ley de Solidaridad, se suspendía la movilidad a maestros, docentes universitarios e investigadores científicos, entre otros casos.
Pero la resistencia de los sindicatos, incluidos aquellos aliados al Gobierno, llevó a que la reforma se aplazara hasta nuevo aviso y a que las autoridades se concentraran en primer lugar en los magistrados y el servicio exterior, sin descartar un avance posterior sobre el resto de los sistemas.
La revisión de las jubilaciones más altas es uno de los cambios contenidos en un documento sobre el sistema previsional que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) le entregó a las nuevas autoridades en diciembre, según pudo saber iProfesional.
En las conclusiones, el estudio propone "mantener niveles de aportes y contribuciones que permitan financiar niveles de prestaciones aceptables", "incorporar componentes semicontributivos" financiados por rentas generales y contribuciones, y "discutir ajustes necesarios en la edad de retiro", así como "rediscutir la necesidad y magnitud del Fondo de Garantía de Sustentabilidad" (por sus siglas, FGS).
El organismo también recomendó "realizar una profunda revisión de la conveniencia y del alcance de los diferentes regímenes especiales y cajas complementarias", "eliminar, adicionalmente, la fragmentación territorial derivada de la existencia de cajas de empleados públicos provinciales no transferidas a la Nación" y "redefinir la situación de los monotributistas", junto con la propuesta de "reorganizar el sistema de prestaciones no contributivas con el objetivo de evitar superposiciones".
El Gobierno ya empezó a avanzar en varias de estas sugerencias.
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