Ocurre que tres millones de jubilados que realizaron aportes previsionales en su etapa laboral activa cobrarán en promedio un 37% menos de lo que les correspondería si se hubiese aplicado la ley de Movilidad para el trimestre marzo-mayo, con extremos como una ganancia del 11,7% para el haber mínimo y una quita del 57,2% para los superiores.
En tanto, la reasignación de recursos que representará para el Estado nacional un ahorro mensual de $5.586,7 millones, detalla Infobae.
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En una previsión de las demandas que podrían realizarse, Castiñeira señaló en su cuenta de twitter que "licuar las jubilaciones arriba de la mínima entre 2002-2006 gatilló una lluvia de juicios contra el Estado", aunque distinguió entre esa "lluvia" y la "garúa de sentencias y un mero goteo de gasto público para su pago".
"Los pocos que cobraron lo hicieron 10 años más tarde vía reparación histórica, o quedó de herencia", lamentó, según indica Infobae.
Tomando como referencia el incremento del 11,56% que hubiese correspondido aplicar según la ley de Movilidad suspendida en diciembre, Castiñeira presentó cuatro realidades diferentes de acuerdo con los aumentos anunciados de una suma fija de $1.500 más 2,3%:
- Los jubilados con aportes tendrán en promedio un aumento del 7,3%, lo que implica una quita del 37% respecto de la suba del 11,56%.
- Los pensionados con aportes tendrán un aumento del 9,8%, con un recorte del 15%.
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- Por último, los pensionados con moratoria una suba del 12,9%.
En el desagregado según el nivel del haber jubilatorio, Castiñeira precisa que aquellos que cobran el haber mínimo tendrán una mejora del 11,7%, ya que el aumento combinado de $1.500 más 2,3% les representa un incremento del 13%.
A medida que se incrementa el haber jubilatorio, el porcentaje efectivo de aumento disminuye, ya que el componente de suma fija representa una proporción menor.
Para aquellos que perciban el equivalente a 2 jubilaciones mínimas ($28.136) el ajuste combinado será un equivalente al 7,6%, con una pérdida del 34,2% en relación con lo que hubiesen cobrado con la aplicación de la ley.
Al respecto, planteó en declaraciones a Infobae que "la base del sistema es aportar y cobrar en función de lo aportado, pero de repente te dicen que todo eso es un verso. No se sabe de cuánto va a ser el próximo aumento, vuelve la discrecionalidad".
Por el contrario, CEPA puntualizó que "no resulta menor" discutir "cómo se aplica la suma fija y el complemento variable sobre los segmentos de jubilaciones" y en ese sentido destacó que "una mayor mejora, en términos relativos, para los jubilados de menores ingresos favorece aún más al consumo, el principal componente de la actividad económica".
Por esa vía, CEPA llega a la paradoja de sostener que "no se puede hablar de ajuste sobre los jubilados", aunque a la vez admite que "considerando esta estructura de distribución de jubilaciones, el aumento implicaría una reducción del monto de jubilaciones agregadas de unos $5.500 millones".
"El incremento de un monto fijo de $1.500 más 2,3% implica un incremento de casi 8% de aumento respecto del monto agregado de jubilaciones previas, es decir, no habría pérdida de poder adquisitivo si se considera una estimación de inflación de 8,04% para el trimestre marzo-mayo de 2020", sostuvo, para agregar que en el caso de la jubilación mínima el aumento anunciado representa "unos $200 adicionales" sobre lo que se hubiese dispuesto con la ley de Movilidad, señala Infobae.
A diferencia del cálculo de Econométrica, la entidad dirigida por Hernán Lechter aseguró que "el aumento para los primeros tres quintiles (el 60% de los casos) superaría la fórmula de la movilidad anterior, el cuarto quintil quedaría al nivel de la inflación estimada por CEPA y solo el 20% quedaría por debajo de la inflación".
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