Desde la Casa Rosada respondieron que, más allá de los planteos judiciales, "no hay plata" para otorgar un incremento generalizado, indicó el diario La Nación.
Con la firma de cerca de 7000 jubilados, con el patrocinio del director de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, y otros abogados, fue presentada ayer una acción de amparo colectivo contra el decreto 163, que establece una suba de las jubilaciones y pensiones decidida de manera discrecional por el Gobierno.
En la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no habían recibido la notificación, fuentes del organismo que lidera Alejandro Vanoli anticiparon al matutino que "se va a defender la legalidad de la ley [de emergencia económica]", que suspendió la actualización de las jubilaciones por 180 días y le otorgó al presidente Alberto Fernández una amplia delegación de facultades legislativas.
Ahora, en la Anses esperarán el dictamen del fiscal.
"Somos respetuosos de la Justicia y del derecho a peticionar", agregaron allegados a Vanoli.
El Gobierno anunció un aumento para jubilados y pensionados de 2,3 por ciento más una suma fija de 1500 pesos, a partir de marzo, lo que significó un incremento del 13% para los que perciben la jubilación mínima, que pasará de $14.068 a $15.891.
La decisión del Presidente generó que más de dos millones de personas reciban en marzo un aumento de haberes inferior al que hubieran percibido en caso de no estar suspendida la aplicación de la ley de movilidad previsional.
Pese a la posibilidad de que se inicien miles de demandas, en el Gobierno descartaban que se hubiera extendido la preocupación.
"Ya pasó en otros tiempos", se lamentó un funcionario que tiene despacho en la Casa de Gobierno.
Y agregó: "El tema es la plata que tenés en el bolsillo. Los invitaría a que vean los números".
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