Una fiscal pidió la intervención judicial total del Correo Argentino
La fiscal comercial Gabriela Boquin cree que la familia Macri está “vaciando” la firma con un abuso del concurso de acreedores, y quiere que se desplace a su administración.
Historia de una causa compleja
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios.Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner.
A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%.
La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla "ruinosa, abusiva" y cuya "irregular aceptación" perjudicaba "gravemente el patrimonio del Estado nacional".
El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado.
Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la "condonación de la deuda" que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033.
Sin embargo, el abogado experto en quiebras Daniel Vitolo explicó que el cálculo de la fiscal estaba equivocado porque se trataba de una empresa concursada.
Esto derivó en una causa penal que tiene a su cargo el juez Ariel Lijo, donde están imputados el ex ministro de Comunicaciones y de Defensa, Oscar Aguad; el entonces director de Asuntos Jurídicos de ese Ministerio, Juan Mocoroa; el presidente de la empresa de la familia presidencial, Jaime Cibils Robirosa; y el abogado de la firma Jaime Keidermarcher.
Lijo ordenó la realización de un "informe técnico contable" vinculado a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, en el marco del concurso de acreedores de la firma, informaron fuentes judiciales.
El magistrado pidió a la justicia Comercial que le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso, y dispuso la realización del estudio que analizará la deuda de la empresa, y el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno, para determinar si fue "abusivo" como denunció la fiscal general de ese fuero, Gabriela Boquin.
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