MENDOZA Y…
EL JUEGO… ¿SUCIO?
La Corte, el Casino y el juego de relaciones en el poder de Mendoza
Una sentencia de la Corte
dejó al descubierto cómo las relaciones personales se cruzan en los distintos
poderes de Mendoza.
Además, desautorizó una investigación penal.
Giro rotundo en la investigación por sobreprecios en el Casino: empresario imputado y legisladores en la mira
La sentencia de la Suprema Corte en la que exculpa
administrativamente a Carlos Bianchinelli, Miguel Bondino y Federico Domínguez
por el supuesto pago de sobreprecios a una empresa de limpieza es al menos
polémico por todo lo que acarrea esa causa, iniciada por un fallo del Tribunal
de Cuentas, pero fuera de los detalles del caso también sirve para tejer el
juego de relaciones institucionales que suele haber alrededor del poder en
Mendoza.
El Tribunal de Cuentas había ordenado que los directivos del
Instituto de Juegos y Casinos devolvieran más de 2 millones de pesos porque
entendían que se habían pagado sobreprecios a la empresa Masterful por el
servicio de limpieza del Instituto.
El mismo mecanismo ocurrió al menos por
tres años.
Los funcionarios recurrieron a la Suprema Corte para que se anule
esa decisión y en un fallo que generó polémica la Sala 1 les dio la razón.
Conclusión, no deberán pagar esos cargos.
Pero las consecuencias políticas son
mayores, pues esa sentencia puede condicionar la investigación penal que se
lleva adelante, donde se investiga si hubo corrupción en esas maniobras.
Ahora
la Fiscalía de Delitos Económicos tiene por encima la opinión de tres jueces de
la cúpula de Tribunales que dicen que no hubo perjuicio al erario público, a
pesar de que no hubo investigación penal.
El juego de relaciones
Fuera de los detalles del caso
administrativo, el caso de Masterful sirve para entender cómo funciona el
andamiaje de poder.
Esa empresa es propiedad de Alejando Balengo, quien es
allegado a Bianchinelli, quien lo contrató en el Casino y, como consta en los
testimonios de las causas administrativas y penales, tenía privilegios para
cobrar los millones que facturaba.
La demanda recayó en la Sala 1 de la Corte y
fue Pedro Llorente el sorteado para “preopinar” en la causa y votar en primer
lugar.
Pues el propio Llorente reconoció que es íntimo amigo de Miguel Bondino,
el radical que como ex directivo del Casino también había sido sancionado por
el Tribunal de Cuentas.
A pesar de esa relación, ambos son de San Rafael y
tienen origen radical, Llorente no se apartó de la causa.
El otro juez que votó es Mario Adaro, quien compartió
militancia en el PJ con Bianchinelli, pero además tiene un vínculo cercano con
el Instituto de Juegos.
Su hermano, Gustavo, fue gerente del Hipódromo de
Mendoza y tuvo a Bianchinelli como jefe político.
Masterful también tenía a su
cargo la limpieza del Hipódromo.
En la causa tramitada por la Corte se
mencionan testigos que también tienen un pasado particular. Uno de ellos es
Miguel Alonso.
No se trata de un simple empleado, sino de un ex presidente del
Instituto en un momento clave: fue quien ejecutó la política de expansión del
juego en la provincia, con una red de tragamonedas que fue repartida entre
empresas y el propio Estado.
Alonso fue investigado por enriquecimiento ilícito
y Cobos "lo echó".
Sin embargo, como tenía un cargo de planta
permanente, ese empleado radical sigue dentro de la estructura del Instituto.
La empresa Masterful también tiene un
vínculo que incomoda a la actual gestión.
Es que los mismos dueños de esa
empresa son los propietarios de Dela SA, la empresa que la Secretaría de
Cultura contrató para arreglar el Espacio Contemporáneo de Arte.
Ese arreglo
terminó en una tragedia patrimonial: el ECA se incendió, destruyendo la cúpula
y generando una pérdida para la cultura y el patrimonio que costó cerca de 20
millones de pesos.
Los directivos de esa empresa y el secretario de cultura
Diego Gareca fueron demandados por Fiscalía de Estado para que paguen los
daños.
Bianchinelli consiguió “piedad” o, para ser
más agudos, protección del oficialismo.
A pesar de las denuncias por “lentitud
de la justica para investigar” casos donde se sospecha que hubo corrupción, en
el caso del Casino no ocurre lo mismo.
Justamente ese organismo descentralizado
ha sido parte siempre de los repartos de cargos y responsabilidades entre los
partidos políticos.
Por eso, por ejemplo, en el directorio hay siempre al menos
un peronista y un radical.
Eso genera que cualquier intento de avanzar, se
anule por los intereses cruzados.
En esos casos es cuando cobra sentido la
queja por el copamiento de funcioanrios políticos en los organismos de control
y el cruce de cargos.
Ocurre en la Corte, donde hay ex ministros políticos, en
al Tribunal de Cuentas, donde pasa exactamente lo mismo, y también en Fiscalía
de Estado.
En Mendoza el mismo "círculo de confianza" gira alrededor
de cargos clave para ejecutar e investigar; o todo lo contrario.
Uno de los argumentos de la Corte para
exculpar a los dirigentes políticos que pasaron por el Casino es que el
servicio se prestó (más allá del costo).
Pues sí; en el lugar hay menos polvo,
aunque a la luz de los hechos está en duda si está limpio.
Fuente
“MDZ”, 01.05.2019
“MDZ”, 01.05.2019
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