ECUADOR:
JUBILADOS UNIVERSITARIOS
Cobro de haberes, un
viacrucis para jubilados de Universidad de Guayaquil
5 de mayo, 2019
1.501 casos de jubilados ha atendido la Comisión de Intervención en
funciones desde octubre del año pasado.
Los ojos se le inyectan y la voz se le entrecorta al referirse a su
situación.
Después de 45 años de servicio en la Universidad de
Guayaquil, Máximo Astudillo se jubiló como docente de la Facultad de
Odontología pensando que su entrega en el trabajo sería recompensada,
mas, el tiempo lo desilusionó.
Otros jubilados del centro superior dicen experimentar igual sensación
al sentirse afectados en beneficios que por ley les corresponde,
según ellos.
A muchos, la muerte los ha sorprendido en espera de cobrar sus haberes,
partieron sin cumplir ese propósito y hoy la lucha es de sus familiares.
Quienes se sienten perjudicados atribuyen su problemática a la “caótica
administración” que tuvo en años anteriores el centro porteño.
Esas
irregularidades administrativas, financieras y académicas fueron causales para
que el Consejo de Educación Superior (CES) disponga la intervención de la
institución, proceso que culminará en enero del 2021.
En la actualidad, la Comisión de Intervención y Fortalecimiento
Institucional (CIFI) ha analizado 1.501 casos relacionados con jubilación
complementaria, patronal y compensación económica con proyección al
plan anual de inversión (PAI) correspondiente al 2019.
“Lo mismo nos dijeron la primera vez que hubo la intervención de la
Universidad, que nos iban a pagar lo más pronto posible (...) hasta la fecha no
nos pagan esos valores”, expresa Astudillo con desazón.
Hace un año, por razones que él aún no tiene claras, dejó de recibir
valores correspondientes a la jubilación complementaria, por lo que su pensión
de unos $ 1.500 se redujo en alrededor del 50%.
Aquello le dificulta costear el tratamiento adicional al del Seguro
Social, que tiene particularmente, para la diabetes y mal de Parkinson que
sufre hace 19 y 15 años, respectivamente.
Hace una semana le detectaron una
enfermedad renal, de la que también se debe atender.
“Los medicamentos que me proporcionan son medicamentos que no satisfacen
plenamente la necesidad que tengo, especialmente para el párkinson”, expresa
Astudillo, de 84 años, sobre los insumos que recibe del Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social (IESS).
El hombre que, a la par de la docencia, mantuvo un consultorio
particular hasta hace cinco años, calcula que cada mes gasta más de $
300 en medicamentos para sus males.
Según dicen van a pagar lo más pronto posible, tenemos la esperanza,
porque nos han engañado muchas veces. Hemos ido y dicen que regresemos en
quince días y así sucesivamente ”.
Máximo Astudillo
Tanto él, que fue profesor de Endodoncia, como Remberto
Rodríguez, su colega excatedrático de Cirugía Dentomaxilar, tienen
expectativa de que en esta ocasión sí se cumpla el anuncio de que sus haberes
serán cancelados pronto.
Rodríguez, jubilado en el 2012 con 30 años de servicio y 60 de edad,
considera que las malas administraciones de la Universidad de Guayaquil
(intervenida dos veces en cinco años) provocaron que se cometa una injusticia
al suspendérseles el valor de la jubilación complementaria.
“De pronto el exrector Salcedo (Galo) suspendió la complementaria y que
se iba a investigar, porque había colegas, o sea, compañeros docentes que
cobraban de más...”, relata y agrega que a él le suspendieron el pago por ocho
meses, pero que antes de la salida del funcionario en mención le cubrieron esos
valores.
Con 68 años, este jubilado tiene problemas prostáticos y hace un año le
detectaron prediabetes.
Ello se suma a una intervención quirúrgica
que le practicaron por complicaciones en el corazón.
Por ende, afirma, mensualmente gasta $ 250 en medicamentos adicionales a
los que recibe del Seguro Social.
Rodríguez señala que también apoya económicamente a uno de sus nietos
que está en sexto grado de básica.
Por eso su pedido es: “Que las autoridades reconozcan, hay que ser
recíprocos. Hablamos de tanto humanismo, que lo pongan en práctica”.
Jorge Ayala se jubiló en marzo del 2017, tras 34 años como profesor
titular de Finanzas en la Facultad de Ciencias Administrativas y 70 de
edad.
Han pasado 25 meses y no recibe la compensación económica (pago por el
retiro jubilar), cuyo cálculo tiene un tope de $ 53.100, en función de la carga
horaria.
A él, según estima, le corresponden unos $ 40 mil.
Ya están barriendo las irregularidades que ha habido, eso es bueno. Aquí
la gente está en silencio. Es el miedo que tienen, porque aquí había un sistema
oscuro que ha manejado la Universidad”.
Jorge Ayala
¿Por qué no le consignan ese pago? Ayala sostiene que hasta hace poco en
la Dirección de Talento Humano de la Universidad no aparecía su nombramiento
como profesor titular y que esa ha sido la traba que le impide cobrar hasta
hoy.
“Aquí deben tener ellos obligadamente ese documento en su registro, no
lo tienen. Y ellos (administraciones anteriores) no buscaron alternativas de
solución”, reseña el exprofesor.
Ahora Ayala y su excompañero Manuel Ochoa, jubilado con 42 años
de servicio que estaba en la misma situación, esperan cobrar en un
mes, según diálogos mantenidos con una comisión formada para atender los casos
de los jubilados de la U. (I)
Roberto Passailaigue: ‘Esperamos que Finanzas asigne los
valores’
Roberto Passailaigue, rector de la Universidad de Guayaquil y presidente
de la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional (CIFI), señala
que el pago de ciertos haberes a los jubilados está pendiente desde el
2013, periodo en el que el centro superior fue intervenido por primera
vez.
Sostiene que de las situaciones analizadas en este segundo proceso de
intervención que se inició en octubre del año pasado ya se han generado órdenes
de pago en 773 casos.
“Estamos esperando que el Ministerio de Economía y Finanzas nos asigne
los valores. Como yo he dicho, ya no depende de mí”, expresa al ser consultado
sobre cuándo se harán efectivos los pagos.
Passailaigue calcula que para que la Universidad de Guayaquil cumpla con
las obligaciones pendientes con el personal jubilado requiere de alrededor de $
3’500.000.
El rector menciona que aunque inicialmente en el centro superior
se hablaba de una cifra de 1.300 jubilados, la CIFI hizo una base de datos
de 1.501.
De estos, agrega, se han tramitado 1.018 procesos; 671
corresponden a jubilación complementaria, 275 a jubilación patronal y 72
son de compensación económica.
“En un proceso de reajuste tributario y presupuestario estamos viendo
cuál es el derecho real de esa persona. Y cuando ya se determina que tiene el
derecho, se le paga lo que por derecho le corresponde”, argumenta Passailaigue.
Manejo político
Y añade que cierto grupo de jubilados está siendo manejado políticamente
por quienes estuvieron en contra de la intervención y ahora pretenden
desestabilizar ese proceso.
Oswaldo Pacheco, quien fue vicerrector general del centro superior
porteño, considera que la administración actual está haciendo esfuerzos
para cumplir con los jubilados.
No obstante, dice, hay “mandos medios” que están haciendo liquidaciones
que no corresponden a la realidad y aquello causa perjuicio económico.
Pacheco, quien representa a los jubilados ante la Asociación de
Profesores de la Universidad de Guayaquil (APUG), manifiesta que el año pasado
los recursos estuvieron asignados, pero por procesos engorrosos no se
canceló a todos.
Fuente
“EL UNIVERSO”, Ecuador, 05.05.2019
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