Ella afirmó que su protesta fue en rechazo a las reformas laborales que prepara el Gobierno en atención al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estas incluirían nuevos tipos de contratos y aumento del periodo de prueba, según ha trascendido.
Grupos como el Frente Popular del Guayas, el Núcleo 8 de Marzo Mujeres por el Cambio, y otras, se unieron a la movilización, organizada por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que culminó en el parque Centenario.
Eduardo Ortega, presidente del FUT, señaló que a pocos días de que el Gobierno cumpla dos años, hay ‘retrocesos’ en el sector laboral: “Son medidas indolentes y no estamos de acuerdo porque están planteando una nueva modalidad de contratación y esto es una afectación ligada con la seguridad social. (Porque) si incrementan la edad, es igual con los aportes, pero con las reformas laborales cómo vamos a seguir aportando. Son medidas parches”, cuestionó y agregó que prevén realizar una huelga nacional.
A la par se desarrolló la marcha de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que planteaba un tratamiento urgente del tema en la Asamblea.
Sindicatos de servidores públicos, asociaciones de trabajadores autónomos, de trabajadoras remuneradas del hogar, jubilados, entre otros, iniciaron esta concentración en Eloy Alfaro y General Gómez hasta llegar a la avenida 9 de Octubre.
Richard Gómez, presidente de la CUT, manifestó que exigen del Gobierno un Pacto por el Empleo que dignifique a la clase obrera, le dé estabilidad y fortalezca la seguridad social: “No podemos aceptar que los empresarios (...) como siempre han tenido (...) ese discurso de que quieren generar empleo con flexibilización”, dijo.
En las movilizaciones del FUT en Quito, que terminaron en la plaza San Francisco, el gremio anunció que presentará una propuesta de nuevo Código de Trabajo, que está enfocada a garantizar la estabilidad laboral y el derecho a la organización.
Mesías Tatamuez, dirigente de la Cedocut, dijo que la nueva reforma tiene que partir de un acuerdo nacional con empleadores, legisladores y Gobierno.
Desde el Parlamento Laboral, cuya movilización llegó hasta la plaza de Santo Domingo, se cuestionó la propuesta de laborar 40 horas con jornadas extendidas de 10 horas diarias en tres días y medio y complementar las horas restantes el sábado o domingo.
Según su dirigente, Jaime Arciniega, el objetivo es que el sector empresarial no pague las horas suplementarias y extraordinarias.
“Es una actitud de carácter regresivo que no estamos dispuestos a ceder”.
El ministro del Trabajo, Andrés Madero, manifestó que se harán las reformas necesarias, se respetarán los derechos y se generarán más plazas de empleo.
Él también participó, ayer, en las marchas de la capital.
“No caigamos en falsas ironías o en temas que están tratando de confundirnos los agoreros del desastre. Simplemente, veamos que estamos consensuando entre trabajadores, empleadores y el Estado la mejor manera para que las reformas laborales tengan el suceso necesario a fin de incorporar nuevos empleados al sector formal”, señaló el funcionario en la Plaza Grande.
Correístas con pancartas de defensa a Patiño
Pancartas con la frase “Ni un perseguido más”, en referencia a la investigación en contra del exministro de Relaciones Exteriores Ricardo Patiño por el presunto delito de instigación, se exhibieron ayer en la concentración y marcha que realizaron grupos afines al expresidente Rafael Correa.
Ellos se concentraron en el parque El Arbolito para luego dirigirse hacia el centro.
También se hizo referencia al denominado caso INA Papers que, basado en investigaciones periodísticas, vincularían al presidente Lenín Moreno con empresas en paraísos fiscales.
Pasadas las 10:30, los afines a Correa aún no habían salido a su marcha pues a esa hora se hacía el desfile del Parlamento Laboral Ecuatoriano.
Al pasar uno junto al otro se unieron en gritos de “fuera, Moreno, fuera”, aunque también hubo cruce de palabras.
El exoficialista Luis Reina, concejal reelecto por el movimiento Fuerza Compromiso Social liderado por el exmandatario, mencionó que hay un “mal gobierno” y neoliberalismo.
Ello se traduce en precarización laboral y despidos de trabajadores del sector público en salud o educación.
Otro motivo, sostuvo, es el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que significa, a su juicio, privatizaciones y reducción del gasto social.
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