REFORMA PREVISIONAL
El Gobierno da el primer
paso de la reforma previsional: revisa los gremios que gozan de regímenes de
jubilación temprana
El Gobierno
está recabando información sobre los esquemas especiales, en el marco de una
futura reforma integral del sistema de seguridad social
Por Juan Manuel Barca
06.03.2019
La reforma jubilatoria
impulsada por el Gobierno tendrá como primera escala a los gremios.
Por estas horas, una comisión de
expertos presidida por la secretaría de Seguridad Social, encabezada por
Gonzalo Estivariz, revisa los regímenes diferenciales de unas 50 actividades
del transporte, la industria y servicios, que prevén un retiro con un mínimo de
edad de 55 años y 25 de aporte en promedio por trabajo riesgoso o envejecimiento
prematuro.
La iniciativa, que ya despertó el
malestar de los sindicatos, es una de las que varias que integran los
lineamientos trazados por el FMI para reducir el gasto social y sirve de ensayo
para avanzar en cambios ambiciosos, hoy cajoneados por falta de consenso
político.
Seguridad Social recolectó en los últimos días
nuevos datos sobre los esquemas de jubilación anticipada y contribuciones
patronales de medio centenar de gremios y entidades empresarias del sector
aeronáutico, marítimo, ferroviario, taxista, tranviario y portuario, según
confirmaron desde el área a iProfesional.
Fue luego de enviarles una batería de
notas en las que les solicitaban consignar en un plazo de 30 días "las
tareas y puestos de trabajo incluidos en el régimen diferencial",
"condiciones y medio ambiente en que se desarrolla cada puesto",
"organización del trabajo", "regímenes horarios",
"cantidad de trabajadores en actividades diferenciales", y
"factores de riesgo para la salud", entre otros items.
Por decreto, el Ministerio de Trabajo y Producción le encomendó en junio del
año pasado a los funcionarios, técnicos y médicos de Seguridad Social, ANSES y
la Superintendencia de Riesgo del Trabajo elaborar un informe en el plazo de un
año sobre las actividades o tareas que "merecen" ser objeto de un
régimen diferencial previsional, con los requisitos de edad, servicios y
cotizaciones adicionales correspondientes.
Aunque las autoridades niegan que
esté en estudio un "recorte" de dichas jubilaciones, en la comisión
evalúan la elevación de la edad, la supresión de regímenes o tareas
consideradas obsoletas por el cambio tecnológico y la supuesta desaparición de
riesgos, junto con un incremento de contribuciones patronales adicionales.
El temor a un tijeratazo motivó una reunión de urgencia el 22 de febrero pasado
en la sede de la Confederación gremial del Transporte (CATT), donde una
comitiva recibió al ministro Producción y Trabajo Dante Sica, y al secretario
de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio.
Los sindicalistas
les trasmitieron su rechazo a cualquier cambio en su esquema de retiro
temprano, mientras los funcionarios se comprometieron a gestionar una audiencia
en los próximos con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley.
Del encuentro, participaron Omar Maturano (La
Fraternidad), Juan Carlos Schmid (portuarios), Mario Caligari (UTA), Andres
Junor (Aeronavegantes) y Roberto Coria (guincheros).
Schmid fue uno de los dirigentes que recibió en las últimas semanas una carta
con membrete de la cartera de Stanley dirigida a la Federación Portuaria y de
la Industria Naval (Fempinra).
"Se considera fundamental que los regímenes diferenciales se
propongan ser sustentables a partir de la implementación de un adecuado
financiamiento y para las tareas estrictamente justificadas desde el punto de
vista técnico, es decir, que efectivamente se compruebe un riesgo, un desgaste
o un envejecimiento precoz de la salud de los trabajadores que la
desempeñan", reza la misiva a la que tuvo acceso este medio.
La argumentación oficial, sin embargo, no convenció a los
gremialistas, quienes sostienen que el carácter anticipado de sus jubilaciones
está justificado por el envejecimiento prematuro y las enfermedades
profesionales que provoca la actividad.
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Los choferes de colectivo, por caso, se jubilan con 30 años de
aporte y 55 años de edad, mientras que en el sistema general el requisito es 60
años de edad para las mujeres y 65 para los hombres .
En
la CATT intuyen que el pedido del Gobierno no solo apunta a restringir los
beneficios de los que hoy gozan determinadas actividades sino que además sería
el primer paso de una eventual reforma de todo el sistema previsional,
como advirtió Maturano a este medio previo a la reunión de la CGT con el FMI.
En dicho encuentro, la cúpula de la central obrera anunció la posibilidad de
realizar un paro en contra de las medidas económicas "de ajuste", a
lo que la misión encabezada por el italiano Roberto Cardarelli respondió que la reforma laboral y presivional "no son
parte del programa" acordado con la Argentina, según revelaron fuentes del
organismo a iProfesional.
Tras las conversaciones, el propio Cardarelli ratificó, sin
embargo, la necesidad de avanzar en "reformas estructurales" para que
la economía crezca.
Y en cuanto a las jubilaciones, el Fondo ya hizo varias
recomendaciones desde que el Gobierno inició la revisión de sus cuentas bajo el
artículo IV.
Tareas pendientes
En enero pasado, el Fondo propuso "reducir la generosidad
de las jubilaciones", incluidos los retiros tempranos en un documento que
analiza "el futuro del ahorro" a nivel mundial.
Allí, los
técnicos recomiendan a la Argentina "reformas adicionales", tales
como la disminución de la "tasa de beneficio" en relación a los
salarios.
Las sugerencias van en línea con el compromiso asumido en
octubre por el Gobierno de reducir en 2019 el gasto en pensiones del 4,5% al
4,2% del PBI, por lo que el rubro debería insumir un total de $1.634.000
millones.
Se trata de un aumento de $334.000 millones o del 24%, que al
estar por debajo del 30% de la inflación esperada para este año representa una
caída en términos reales.
Las cifras surgen de la primera revisión del stand-by
en la que el organismo volvió a insistir con la "necesaria reforma previsional".
La
otra presión que enfrenta el Gobierno es la influencia de Brasil, en donde el
presidente Jair Bolsonaro aprobó una reforma que elevó la edad jubilatoria y los
años de aporte.
Sin margen para implementar semejantes cambios en un año
electoral, Macri intentará al menos enviar señales del reordenamiento fiscal
que prevé hacer en 2020 de uno de los gastos más sensibles que abarca a 5,7
millones de jubilados y pensionados.
Después de todo, la revisión del regimen previsional estuvo
siempre en su agenda.
En junio del año pasado, advirtió que todos los
argentinos debían trabajar "la misma cantidad de horas y de años", y
pidió terminar con los "privilegios".
Una de las primeras tareas en ese sentido fue la creación en
2016 una Comisión de Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Social destinada
a diseñar un sistema de tres pilares (no contributivo, contributivo y
voluntario o de capitalización privada) y donde trascendieron algunos de los
criterios que finalmente derivaron en la Ley de Movilidad Jubilatoria
sancionada en diciembre del 2017.
Dicha norma implicó que los haberes y asignaciones dejaran de
actualizarse por recaudación para quedar solo atados a la inflación, lo que
ocasionó una pérdida para los beneficiarios.
Pero los sucesos violentos frente
al Congreso frenaron los otros cambios que estaban bajo estudio.
Así y todo, el Gobierno pudo avanzar en la "conformación de
una agenda para la futura reforma de la seguridad social", como
reza la memoria de lo realizado en el 2017 por la comisión.
En línea con las
propuestas del FMI, se creó el denominado segundo pilar del nuevo regimen, la
Pensión Universal para el Adulto Mayor, un beneficio de carácter no
contributivo que aumentó la edad para la mujer a los 65, rebajó el haber mínimo
garantizado a un 80% de la mínima y es incompatible con el derecho a otra
pensión.
La comisión, por otra parte, dejó planteada las tareas
pendientes del plan oficial, que fueron rechazadas tanto por las dos CTA como
por la CGT:
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-Modificar de los regímenes especiales de jubilación.
Apunta a diplomáticos, judiciales, científicos o docentes, quienes se jubilan a
los 60 en el caso de los hombres y a los 57 en el de las mujeres.
-Armonizar las cajas de jubilación provinciales. La Ley de
Reparación Histórica aprobada en 2016 contemplaba una eventual reducción de las
transferencias de la ANSES a las provincias.
-Resolver la "asimetría" entre la edad jubilatoria de
los hombres y las mujeres. El FMI había recomendado aumentar la edad de las
mujeres a 65.
-Avanzar en un tercer pilar voluntario, que implicaría un
regimen de capitalización privada o mixta, como las AFJP y las mutuales, de las
que en su momento participaron los sindicatos.
-Constituir un
fondo de reserva.
Todas estas medidas tendrán que pasar primero por el filtro de
la oposición y el sindicalismo.
Como quedó reflejado en la memoria, las dos CTA
plantearon que la capitalización individual "va en detrimento de la
sustentabilidad del sistema previsional público y de reparto",
cuestionaron la baja de contribuciones patronales por considerar que atentan
contra el financiamiento de la seguridad social, y rechazaron el
"vaciamiento" del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.
Mientras que los representantes de la CGT explicitaron la falta
de consenso en torno a las iniciativas y advirtieron que"no acompañarán
ningún menoscabo de los derechos previsionales hoy
existentes".
Fuente
“iProfesional”, 06.03.2019
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