DECLARACIÓN JURADA…
“PA” TODOS Y TODAS Y... "TODES"
Buscan obligar a los líderes de sindicatos a
presentar su declaración jurada
8 marzo, 2019
09:10 – Así lo establece la
ley de ética pública que presentó el Gobierno; se regula el conflicto de
interés
Por: Laura Serra
El Poder Ejecutivo pretende
hincar el cuchillo en el poder de los sindicatos y apunta a uno de sus puntos
más sensibles: el patrimonio de sus principales jerarcas.
En efecto, con el proyecto de
ley de ética pública que acaba de presentar en el Congreso se obliga a los
directivos de las asociaciones gremiales y de obras sociales a presentar sus
respectivas declaraciones juradas patrimoniales.
De no hacerlo, no podrán
continuar en sus cargos hasta subsanar la omisión.
Este segmento de la
iniciativa es fuertemente resistido por los líderes sindicales, muchos de ellos
con amplios intereses económicos.
El proyecto propone
perfeccionar el sistema de declaraciones juradas que deben presentar los
funcionarios de los tres poderes del Estado.
En este sentido, no solo
regirá un formulario único con control anual para verificar eventuales
irregularidades, sino que además establece que este debe ser público.
Este es un punto que
históricamente ha generado resistencia en ciertos sectores de la Justicia ,
sobre todo en la Corte Suprema .
La iniciativa, que el
Gobierno presentó anteayer en la Cámara de Diputados, contempla además de un
nuevo régimen de declaraciones juradas normas específicas y regulatorias sobre
conflictos de intereses, contratación de familiares y recibo de obsequios,
entre otras cuestiones.
La elaboró la Oficina
Anticorrupción, comandada por Laura Alonso , en conjunto con la Secretaría de
Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez, y la colaboración
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del
Banco Mundial.
Asimismo, recibió el aporte, vía consulta pública, de distintas
ONG dedicadas a la materia.
“Ya transcurrieron más de 18
años desde la sanción de la primera ley de ética pública, por lo que resulta
necesario introducir modificaciones con objeto de adecuar sus disposiciones a
los nuevos tiempos y tecnologías, procurando mejorar las herramientas
destinadas a prevenir violaciones éticas que puedan derivar en hechos de
corrupción y transparentar el ejercicio de la función pública”, fundamentó el
Gobierno.
El nepotismo es otro de los
puntos claves de la iniciativa: en este sentido, se hacen extensivas a los tres
poderes del Estado las restricciones que hoy están vigentes en la
administración pública nacional.
Entre ellas, la prohibición
al Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y los funcionarios
con rango y jerarquía equivalentes designar parientes hasta el segundo grado en
el sector público nacional.
La propuesta agrega una
prohibición similar para secretarios, subsecretarios (o funcionarios con rango
y jerarquía equivalentes), máximas autoridades de entes descentralizados,
senadores, diputados, auditores generales de la Nación, defensor del pueblo y
magistrados y secretarios del Poder Judicial y del Ministerio Público, en sus
respectivos ámbitos.
Asimismo, el proyecto propone
la regulación integral de los conflictos de intereses, un tema espinoso para el
Gobierno si se considera la cantidad de exempresarios que hoy cumplen funciones
públicas.
En este sentido, se prevén deberes y prohibiciones adicionales para
los funcionarios de más jerarquía.
Por ejemplo, se regulan las
participaciones societarias de los funcionarios del sector público nacional con
jerarquía de subsecretario o superior (con la previsión de que deban constituir
fideicomisos ciegos en algunos casos), para quienes también se establece un
deber de exclusividad.
Como otra novedad, los
diputados y senadores deberán informar los intereses privados que tuvieran en
relación con los proyectos en los que intervendrán.
En materia de obsequios, el
proyecto extiende a los tres poderes del Estado el régimen que actualmente solo
atañe al Poder Ejecutivo.
En este sentido, se prohíbe
recibir obsequios con motivo o en ocasión del desempeño de las funciones, salvo
que se trate de regalos de cortesía o costumbre diplomática.
El proyecto prevé que se
puedan pagar total o parcialmente gastos de viaje necesarios para la
participación de funcionarios en conferencias, actividades culturales y
similares cuando no provengan de personas con derechos o intereses que pudieran
verse afectados por el organismo donde se desempeña el funcionario. (La Nación)
Fuente
“OPI Santa Cruz”, 08.03.2019
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