LA SEÑORA FERNÁNDEZ Y…
EL GAS LICUADO
Procesaron a Cristina
Kirchner por la causa de gas licuado y dictaron su prisión preventiva
Se trata de la causa por la que
estuvieron inicialmente presos De Vido y Baratta.
Un cuestionado peritaje
revocó los primeros procesamientos, que ahora se renuevan con la ex presidente
incluida y por la acusación de asociación ilícita
Por Patricia Blanco
18 de marzo de 2019
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Cristina Kirchner en Comodoro Py (Gustavo Gavotti)
La ex presidente Cristina
Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha,
Roberto Baratta, fueron procesados con prisión preventiva por asociación
ilícita y defraudación, junto a un grupo de empresarios y ex
funcionarios por la compra de gas natural durante
su gestión.
El juez Claudio Bonadio consideró a la senadora jefa
de una organización ilícita y a De Vido y Baratta como organizadores,
revelaron a Infobae fuentes judiciales.
También
fueron procesados el ex titular de Enarsa Walter Fagyas, el ex secretario de
Energía Daniel Cameron y el empresario Roberto Dromi –ex
ministro durante la gestión de Carlos Menem- y su hijo.
El procesamiento
incluye ex directivos de YPF y Enarsa.
A Cristina la embargaron por mil
millones de pesos y 500 millones de pesos.
Bonadio
inició su investigación en 2014 a partir de la denuncia de los entonces
legisladores del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y
Patricia Bullrich.
Según se expuso, la empresa ENARSA
participó en la importación de GNL y a partir del día 12 de noviembre
de 2012 también intervino la empresa YPF.
Según la
investigación, desde 2008 a 2015 arribaron al puerto de Bahía Blanca un total
de 232 barcos con GNL y al de Escobar otros 265 para descargar GNL.
Para el
juez Bonadio, existió una maniobra defraudatoria que provocó un
perjuicio económico porque el precio que se pagó por el GNL fue superior a los
valores de mercado.
Dromi había dicho a La
Nación que YPF, a cargo de Enarsa, realizó compras de gas
licuado desde 2012 con contratos que "no tienen los códigos de
transparencia que la ley le exige".
Aquella vez fue en octubre de
2017 y provocó la detención de Baratta días antes de las elecciones, y aceleró
el pedido de desafuero de De Vido, también investigado por el caso Río Turbio.
Sin embargo, en un fallo dividido, la Cámara Federal dictó la falta de mérito
de todos los implicados en base a una serie de cuestionamientos al peritaje que
se usó para evaluar los sobreprecios.
Baratta fue liberado pero De
Vido no porque era investigado en la causa Río Turbio.
Pese al
revés de la Cámara Federal, Bonadio ordenó nuevos peritajes y llegó a la
conclusión de que, otra vez, el Estado pagó el GNL con sobreprecios.
Pero esta
vez no
sólo responsabilizó a De Vido y Baratta sino que procesó también a la ex
presidente y habló de una asociación ilícita.
Hoy De
Vido y Baratta también están presos en la causa de los cuadernos que instruye
Bonadio.
Precisamente, esta causa fue la que permitió que el
caso de los cuadernos quedara en manos de Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli,
por entender que las anotaciones del chofer Oscar Centeno eran
"conexos" a esta investigación.
En tanto, en otra causa, el perito
Daniel Cohen fue procesado hace diez días por falso testimonio agravado, tal
como lo reveló Infobae.
En el
fallo firmado este lunes, Bonadio sostuvo que la ex presidente, De Vido y
Baratta -en su carácter de Titular a cargo de la Subsecretaría de Coordinación
y Control de Gestión dependiente del Ministerio de Planificación-, cuyos cargos
desempeñaron durante el período investigado, fueron quienes tuvieron a su cargo
la administración y disposición de los fondos públicos y debían velar por su cuidado".
"Los
funcionarios De Vido y Baratta tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan
delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL.
A su vez,
tuvieron posibilidades reales de terminar con la maniobra en cualquier momento
o permitir que continuara.
Esto muestra el dominio del hecho que tenían, lo que
deriva necesariamente en la atribución de responsabilidad en calidad de
coautores", se afirmó.
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Julio De Vido y Roberto Baratta en sus tiempos en el Ministerio de Planificación (foto NA)
El fallo procesó sin
prisión preventiva a funcionarios de ENARSA (Exequiel Omar Espinosa;
Walter Rodolfo Fagyas; Juan José Carbajales, José Ramón Granero, Gastón Ghioni,
Tamara Natalia Pérez Balda, Fernando Omar Salim, Alejandra Marcela Tagle, Jorge
Alberto O´Donnell, Nilda Clementina Minutti, Karina Noemí González, Flavia
Analía García, Martín Ignacio Busti, Haydee Justa Fernández, Alexis Guillermo
Zuliani y Mónica Edith Bisconti) al ex secretario de Energía Daniel Omar
Cameron y a quienes ejercieron cargos en la empresa YPF (Rodolfo Alejandro
Luchetta y Stella Maris Babilani).
El listado incluyó a Jorge Alberto Samarin
-Presidente de la agencia ´Marítima Meridian SA´- José Roberto Dromi
-Presidente de la empresa ´DYSAN´ y Roberto Nicolás Dromi San Martino
-Director Ejecutivo y apoderado de la empresa ´DILIGENTIA SA´- "si bien no
tuvieron a su cargo la administración y el manejo de los fondos, sí ejercieron
una participación necesaria en el hecho delictivo, dado que sin sus aportes no
se habría podido concretar la maniobra ilegal".
El juez
afirmó que "los que prestaron funciones en ENARSA e YPF, fueron quienes
concretaron los procesos de gestión, adjudicación y compra/pago de los
cargamentos con GNL, elaborando de esta manera una parte esencial de la
maniobra ilegal desplegada, en tanto que el Secretario de Energía fue quien
informaba a Roberto Baratta los volúmenes de GNL a importarse, tomando
conocimiento a su vez sobre los cargamentos que iban amarrando en los
puertos".
"Esto muestra la importancia de sus participaciones en la
actividad ilegal y permite entender cómo pudo sostenerse durante el
tiempo", señaló.
El fallo
añadió que "José Roberto Dromi y Roberto Nicolás Dromi San Martino
intervinieron como intermediarios de ENARSA y ciertas empresas proveedoras del
GNL (Morgan Stanley, Gas Natural Aprovisionamientos SDG, luego denominada Gas
Natural Fenosa) por medio de las firmas DYSAN y DILIGENTIA SA, incidiendo de
esta manera en el precio abonado por el GNL".
"Por
último, adquiere relevancia la participación de la agencia ´Marítima Meridian
SA´, presidida por Jorge Alberto Samarin, que intervino -como representante de
los armadores (o propietarios) de los barcos, en la totalidad de los buques
metaneros que amarraron en el puerto de Bahía Blanca y en gran parte de
aquéllos que lo hicieron en el de Escobar; sin licitación y facturando los
barcos a precios con variaciones no justificadas",
se añadió.
Fuente
“infobae”, 18.03.2019
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