COSTOS DE LA...
(y detalles) INTELIGENCIA
Los servicios de inteligencia, sin control
del Congreso durante el kirchnerismo y el macrismo
14
Marzo, 2019
Manuel Tarricone - Matías
Di Santi
§ La Comisión Bicameral que debe fiscalizar las
actividades de inteligencia no informa cuántas veces se reúne al año ni las
actividades que realiza. Todo es secreto.
§ En 2016, Macri derogó una norma que transparentaba
gastos de los organismos de inteligencia y hoy todos son secretos. El decreto
de Cristina Fernández de Kirchner que
apuntaba a esto (y cumplía con un fallo de la CIDH) nunca se aplicó.
§ En el presupuesto de este año, en un contexto de
recorte general, la función Inteligencia crece un 7% contra la inflación. En
2015 había aumentado 19% en términos reales.
Se reunió hoy la Comisión
Bicameral de control de las actividades de inteligencia, que
entre otros temas analizó la información remitida por el juez federal de
Dolores, Alejo Ramos Padilla, en la causa en la que se investiga a Marcelo D’Alessio por
asociación ilícita y extorsión y en la que está imputado
el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, que investiga la llamada causa de
los “cuadernos de la corrupción”.
Este organismo actúa en un marco de absoluto secretismo y es el único con
poder de control sobre los fondos de Inteligencia, que
este año crecerán por encima de la inflación como ocurrió durante los últimos
años del kirchnerismo.
De
acuerdo con el Presupuesto 2019, la función Inteligencia recibirá a lo largo del año $7.603
millones.
Esto significa un aumento del 7,1% en términos reales,
considerando la inflación estimada por el Ministerio de Hacienda.
Esto no
abarca sólo el dinero que el presupuesto asigna a la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), ya que incluye
también los fondos de Inteligencia en manos de los ministerios de Defensa y
Seguridad, que se distribuyen entre las fuerzas armadas y las
fuerzas de seguridad.
Este
aumento se produce en un contexto de recorte general (de acuerdo con el
presupuesto, todas las carteras perderán en términos reales respecto a la
inflación), aunque la
suba es menor a la que hubo en 2015, último año de gestión
de Cristina
Fernández de Kirchner, cuando esta función había aumentado un 19% en
términos reales.
Dentro
de todo el presupuesto asignado a Inteligencia, la AFI es el organismo que más recibe (ver datos).
En 2019 contará con $2.697 millones, un 34%
más que en 2018.
Durante la Presidencia de Mauricio Macri, los fondos de la AFI no
aumentaron.
En 2016 y 2018 registraron una caída superior al 15% en términos reales, mientras
que en 2017 evolucionaron en la misma proporción que los precios, al igual que
ocurriría este año.
En 2015, cuando Oscar Parrilli estaba a cargo, en cambio,
habían crecido un 46% en términos reales.
Si
bien se conocen los montos totales que asigna el Poder Ejecutivo Nacional (PEN)
en cada presupuesto, por un decreto de 2016 del presidente
Macri es imposible
saber en qué gastan específicamente los organismos de inteligencia sus
partidas.
Históricamente, los gastos de inteligencia fueron secretos, ya que se
consideraba que todo gasto de este tipo era parte de las tareas de
Inteligencia.
En
2015, diez años después de que el Estado argentino asumiera su responsabilidad
por la denegación de Justicia en la causa AMIA y se comprometiera a
transparentar los fondos de Inteligencia ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Fernández de Kirchner reglamentó una nueva ley aprobada por el Congreso y estableció
una política más abierta respecto de la información de estos fondos de
inteligencia de los ministerios y de la AFI (que ese año suplantó a la ex
SIDE), en medio de un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con un sector de la ex
SIDE.
Esa
norma distinguió entre fondos
públicos y “reservados”, es decir los vinculados
directamente con tareas de Inteligencia.
Además, estableció que los únicos empleados con restricción de
identidad eran los que cumplen tareas operativas, es
decir, los agentes de
inteligencia y no todos los empleados del organismo.
Este
decreto, sin embargo, nunca
llegó a aplicarse.
“No pudimos saber el detalle de los fondos públicos ni el
organigrama del personal, y otras disposiciones que debían
formar parte de la información accesible”, explicó a Chequeado Valeria
Calaon Moscova, coordinadora del Sector Inteligencia del Instituto
Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), y concluyó: “Ni siquiera
pudimos saber si la Comisión solicitó esa información a la agencia”.
En
2016, en el primer año de la Presidencia de Macri, esa norma se derogó y se volvió al estado de opacidad total
anterior.
El nuevo régimen estableció que todo el personal de la AFI es considerado
personal de inteligencia.
“Esto supone que aun quienes
prestan servicios de
apoyo, como limpieza o administración, sean considerados ‘agentes de
inteligencia’”, señaló tras el dictado de esta norma un grupo
de organizaciones de la sociedad civil agrupados en la Iniciativa Ciudadana
para el Control de las Actividades de Inteligencia (Iccsi).
También se volvió a
disponer que todos los fondos de inteligencia sean reservados, por lo que no se
puede saber en qué se gasta el dinero.
Por
esto, tiene más relevancia la tarea de la Comisión Bicameral.
Sin embargo, este
organismo no lleva
registro de la cantidad de reuniones que realiza, y las actas de sus reuniones
son secretas.
“Realizamos distintos pedidos de acceso a la
información para conocer la cantidad de reuniones de la Comisión y si se
elaboraron los informes de debe elevar al Poder Ejecutivo y al Congreso, pero
la respuesta siempre fue que la Comisión está amparada por el mismo secretismo
que la AFI”, señaló a Chequeado Sidonie
Porterie, vicepresidenta del ILSED.
“Sabemos
que ha habido en el último tiempo algunas reuniones, pero en todos los casos
fue para la constitución
de la Comisión, la designación de autoridades o ante algún escándalo público que
involucra al espionaje. No hay constancia de que la Comisión realice las
reuniones necesarias para cumplir con las funciones que la ley le da. No
creemos que desde allí se ejerza ningún tipo de control”, agregó la
especialista.
La Ley de Inteligencia Nacional, sancionada en
2001 y modificada en 2015, durante los últimos días del gobierno de Fernando De
la Rúa, creó la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y
Actividades de Inteligencia en el ámbito del Congreso de la Nación.
Según la
norma, la Comisión, que actualmente preside el senador
radical Juan Carlos Marino e integran otros 14 diputados y senadores, tiene “amplias facultades para controlar e
investigar de oficio” y los organismos de inteligencia
deben “suministrar la
información o documentación que la Comisión solicite”.
La
Comisión, que entre 2001 y 2014 estuvo presidida por el Partido Justicialista y
hasta 2015 tuvo entre sus integrantes a la actual subdirectora de la AFI, la ex
diputada nacional del PRO Silvia Majdalani,
tiene muchas funciones que le asigna la ley: analizar el Plan de Inteligencia
Nacional y el informe anual de actividades de Inteligencia, la elaboración de
un informe secreto que debe ser elevado al Ejecutivo y al Congreso y otras
tareas de control.
Pero
el que quizás es el rol más destacado es el que le asigna
el artículo 37: el de supervisión
y control de los “gastos reservados” de inteligencia, que
siguen siendo todos los gastos de los organismos dedicados a esta tarea.
Fuente
“chequeado.com”,
14.03.2019
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