RAMOS PADILLA…
DIME CON QUIEN ANDAS…
Opinión
Ramos
Padilla: los conocidos de siempre
Juan María Ramos Padilla ordenó en
1988 que le quitaran a una familia una niña adoptada.
Determinó que era hija de
desaparecidos.
Luego se comprobó que esa nueva familia no estaba relacionada
genéticamente con la niña.
Juan María Ramos Padilla, en una imagen de 2005. Pepe Mateos
18/03/2019
La irrupción en la escena política
y judicial de una trama de espionaje y contra espionaje cuyo principal objetivo
es, a todas luces, voltear la llamada “causa de los Cuadernos” de la corrupción
kirchnerista y procurar la impunidad de la expresidenta y actual senadora Cristina
Fernández de Kirchner y de sus más prominentes
exfuncionarios, nos trajo a la memoria un episodio ocurrido hace 31 años y
cuyos titiriteros fueron el entonces juez federal de Morón, Juan
María Ramos Padilla, y el entonces periodista estrella de
Página/12, Horacio
Verbitsky.
En
mayo de 1978 José Treviño y Carmen
Rivarola lograron la adopción provisoria de una niña
a la que llamaron “Juliana”, quien había sido encontrada
en la calle, abandonada, y llevada a la Casa Cuna.
Gustavo
Mitchell, el juez que dio tenencia provisoria a los
Treviño-Rivarola, era primo de la madre adoptiva.
Los médicos calcularon que al
momento de ingresar a la Casa Cuna Juliana tenía unos diez días de vida y que
había nacido el 20 de mayo de 1978.
Así quedó registrado en sus documentos y
trámites de adopción.
En octubre de 1979 un juzgado civil otorgó la tenencia a
la pareja.
José
y Carmen, ambos periodistas y simpatizantes del partido socialista, nunca
ocultaron a Juliana el origen y las circunstancias de su adopción.
A mediados
de los 80, impactados por la película “La historia oficial” y por las
exposiciones de María Elena Walsh y Jorge Sábato en una conferencia sobre casos
de niños nacidos en cautiverio, se contactaron con Abuelas de Plaza de Mayo y a
fines de 1987, cuando se estableció el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG)
llevaron a Juliana,
entonces de 9 años, al Hospital Durand, donde le hicieron
extraer sangre para cotejar con muestras de diferentes familias que buscaban
niños nacidos en cautiverio.
El
23 de junio de 1988 Abuelas informó a los Treviño Rivarola que Juliana tenía
99,92% de probabilidad de ser hija biológica de Liliana Fontana y Pedro
Sandoval.
Liliana
y Pedro, dos jóvenes militantes de Montoneros, habían sido secuestrados de su
casa en Caseros, provincia de Buenos Aires, y vistos por última vez en el
Centro Clandestino de Detención “Club Atlético”.
En virtud de ello, la “causa
Juliana” recayó en manos del juez federal de Morón, Juan María Ramos Padilla.
Cercano
a Madres y Abuelas, hombre de ambiciones políticas y ligado al sector de la UCR
bonaerense de Leopoldo Moreau, Ramos Padilla actuó con celeridad:
en la tarde-noche del 24 de junio citó a su juzgado a los Treviño Rivarola y a
las familias Sandoval y Fontana y tras una reunión en la que advirtió
a los padres adoptivos que, si no aceptaban voluntariamente que la niña fuera
de inmediato a vivir con sus “abuelos biológicos”, aplicaría la ley de
Patronato de Menores, que confería los jueces la “disposición
de los incapaces autores o víctimas de delito, si se encontraran en peligro”, y
enviaría a Juliana a un instituto de Guardia.
Aterrados
por la posibilidad de que Juliana fuera enviada por la fuerza a un orfanato,
José y Carmen cedieron.
Entre gritos y llantos desgarradores, esa
misma noche la niña de diez años fue “restituida” a los
Fontana, supuestos abuelos biológicos por vía materna.
Además,
y contra la práctica de casos anteriores de restitución, Ramos Padilla decidió
que Juliana debía pasar un período prolongado e indefinido de tiempo sin
ver a sus padres adoptivos, pues hacerlo afectaría su proceso
de “reconstrucción de identidad”.
Cualquier contacto, estimó, sería “un
retroceso dañino para su salud psicosocial”.
Durante
dos meses, José y Carmen intentaron en vano que los dejaran visitar a
Juliana.
Mientras, descubrieron que, según un panfleto de
Abuelas, la criatura que Liliana llevaba en su vientre cuando fue secuestrada era
aparentemente un varón.
Tampoco
las fechas coincidían.
Al momento del secuestro, el embarazo era de diez
semanas, por lo que la concepción de la criatura debió haber ocurrido a más
tardar en enero de 1978.
Juliana, además de ser una nena, había
nacido en mayo.
Tanto Abuelas como Ramos Padilla se atuvieron a rebuscadas
hipótesis para sostener la decisión judicial.
José
y Carmen, sin embargo, habían hecho también contrapruebas de sangre en
laboratorios del exterior que indicaban que Juliana no era hija de
Pedro Sandoval y Liliana Fontana y tras varios intentos
frustrados para verla, finalmente llevaron el caso a los medios y expusieron la
historia en “Tiempo Nuevo”, por entonces el programa político de TV más visto
de la Argentina.
Aliado
de cruzada de Ramos Padilla, Verbitsky, quien
desde Página/12 seguía la historia como un leading case, aumentó entonces la
frecuencia e intensidad de sus notas.
En ellas describió a José y Carmen como “aliados a
una jauría de nostálgicos del orden militar de los cementerios”,
reprochó a Carmen su parentesco con Gustavo Mitchell, un “juez del Proceso” y
hasta, citando pericias judiciales que le proveía Ramos Padilla, escribió que
los Treviño Rivarola atormentaban psicológicamente a Juliana.
Igual
que para el juez, para Verbitsky los hechos y Juliana eran lo de menos.
Nuevos
exámenes del BNDG demostraron, sin embargo, que Juliana no era hija de los
Sandoval-Fontana.
Las pruebas originales habían sido mal
hechas, mal interpretadas o manipuladas.
“El error fue de la Justicia y del BNDG,
el Banco produce los exámenes, la Justicia la restitución; ahí no teníamos nada
que ver”, se excusó la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto.
En
busca de una diputación nacional con su aureola de defensor de los DD.HH.,
Ramos Padilla ya había renunciado al juzgado de Morón.
El juez subrogante,
Alejandro Sañudo, ordenó la restitución de Juliana a sus padres adoptivos y en
1990 la Cámara Federal de San Martín otorgó la patria potestad definitiva a los
Treviño Rivarola.
En 2006 se confirmó también que el hijo de los Sandoval
Fontana era, efectivamente, un varón, Alejandro, nieto recuperado número 84 y
rebautizado “Pedro”, como su padre biológico.
Frustrada
su carrera política, Ramos Padilla fracasó también como
funcionario.
Por roces con sus pares, renunció a su cargo de
subsecretario de Investigaciones del entonces Ministro de Seguridad bonaerense,
Carlos Arslanian.
Buscó reinsertarse en la carrera judicial y finalmente lo
logró en 2005, de la mano de Verbitsky y el kirchnerismo, tras lograr que el
Consejo de la Magistratura desestimara la impugnación presentada por Juliana,
quien argumentó que Ramos Padilla “carece de los atributos de prudencia,
templanza e idoneidad técnica que lo habiliten para ser propuesto como Juez
Federal en lo Criminal”.
Ramos Padilla alegó que la impugnación había sido
presentada fuera de término y que Juliana, que tenía entonces un local de
diseño y venta de ropa, debía “enormes sumas de dinero”.
Pudo así volver a ser
juez y verdugo.
Y
fue por más: también logró ubicar a su hijo Juan Martín
como “director de Igualdad de Oportunidades” en la
secretaría de DD.HH. de Buenos Aires, entonces a cargo de Guido Carlotto, hijo
de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas.
Su otro hijo, Alejo, fue abogado de
Héctor y Javier Timerman, en 2011 fue designado juez federal de
Dolores (desde donde absolvió a Amado Boudou en una causa por estafa en la que
el ex vicepresidente dio un médano como domicilio particular y desde donde
insiste en tener competencia judicial para retener la causa por extorsión del
falso abogado Marcelo D’Alessio), integra la agrupación judicial kirchnerista
“Justicia Legítima” y desde hace años es impulsado por La Cámpora para
sustituir al fallecido juez federal de La Plata, Manuel Blanco, en el juzgado
que dirime cuestiones electorales en el distrito bonaerense (38% del padrón
nacional).
Por
cierto, el submundo donde se entrecruzan servicios de Inteligencia, operadores,
periodistas, jueces y fiscales y toda laya de influyentes y falsos influyentes,
en el que desde hace décadas se mueve Verbitsky, -colaborador de la
Fuerza Aérea en los años de la dictadura, como testimonian no
menos de tres documentos, un extenso manuscrito de su puño y letra y varios
testigos- debe ser investigado hasta las últimas consecuencias.
Pero
resultaría más que ingenuo ignorar como nombres, apellidos y modus operandi– un
juez Ramos Padilla, el “periodista” Horacio Verbitsky como canal de
“exclusivas” judiciales, el “defensor de la Libertad de Expresión” Leopoldo
Moreau como proveedor de foro político en Diputados- de aquella historia de
trato inhumano en nombre de los Derechos Humanos se repiten hoy para intentar
voltear la causa de los Cuadernos y procurar impunidad a los máximos
responsables de la corrupción que asoló la Argentina entre 2003 y 2015.
Fuente
“Clarín”, 18.03.2019
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