ESPAÑA Y LAS HABAS
La Guardia Civil
cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros
ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
IGNACIO ZAFRA
Valencia – 12.03.2019
Siete millones en
Luxemburgo, seis millones en Suiza... y otros siete en Andorra.
El
levantamiento del secreto, este martes, de una nueva parte del caso Erial, ha permitido saber que la fortuna de origen ilícito que el
exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno del PP Eduardo Zaplana ocultó presuntamente en el extranjero con ayuda de su
red de testaferros se eleva a 20 millones de euros.
El grueso del dinero
escondido en el principado, 5,96 millones, fue depositado en la Banca Privada
d'Andorra mediante ingresos en efectivo entre los años 2004 y 2007, cuando
Zaplana era diputado en el Congreso.
El también expresidente de la Generalitat
ha negado las acusaciones que pesan sobre él.
MÁS INFORMACIÓN
Los pinchazos
telefónicos a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil
sometió a Zaplana y a sus colaboradores revelan la angustia con la que descubrieron,
a principios de mayo de 2018, que su cuenta principal en la entidad andorrana
había sido bloqueada ante los indicios de que había sido utilizada para el
blanqueo de capitales.
"Me he quedado patas parriba", confesaba en
una de las conversaciones interceptadas Joaquín Barceló, el exdirectivo de
Terra Mítica considerado principal testaferro del exministro, tras mantener una
nerviosa charla con una empleada de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
A final de ese mes,
Barceló, Zaplana —que niega haber cometido ningún delito—, y el resto de sus
colaboradores más estrechos eran detenidos por la Guardia Civil.
La cuenta
permanece bloqueada, pero según fuentes de la investigación en ella queda poco
del dinero que llegó a tener.
Los fondos fueron extraídos a lo largo de los
años mediante transferencias internacionales o traspasos a otras cuentas
abiertas en la misma entidad a nombre de cinco sociedades con domicilio en
Panamá (Puncak Services, Plaza Fountains, Vansley International y Adua, SA) y
Luxemburgo (Anipa Corporation).
La juez
instructora, Isabel Rodríguez, ha ido siguiendo, sin embargo, el rastro dejado
por el dinero desde que salió de Andorra y fuentes de la investigación confían
en que pueda ser recuperado.
Los fondos depositados en la BPA proceden presuntamente,
como el resto de los localizados desde el inicio de la Operación Erial, del
cobro de comisiones por la adjudicación de contratos públicos, añaden las
fuentes.
En el caso de Andorra, se trata de unos supuestos amaños que no han
salido a la luz e integran la parte de la causa contra el también expresidente
de la Generalitat valenciana que continúa bajo secreto.
EL ABOGADO BELHOT DEJA CAER AL EXMINISTRO DEL PP
Fernando Belhot, el abogado considerado por los
investigadores un testaferro del exministro Eduardo Zaplana contó en enero a la
juez que Zaplana era el verdadero propietario de las sociedades uruguayas
Disfey y Misfey, creadas presuntamente para recibir parte de los sobornos
cobrados por el también expresidente de la Generalitat valenciana. Belhot
aseguró que el propio Zaplana le dijo que tenía “la mayoría” de ambas
sociedades, pero que no quería aparecer como titular por su proyección
“pública”.
El abogado explicó a la magistrada que llegó a administrar
7,9 millones de euros de las sociedades de Zaplana. Y que le dio al exministro
2,3 millones de euros, sobre todo entre los años 2016 y 2017. Las entregas
solían hacerse mediante “algún contacto exterior, o un amigo o chófer”. Y que
el exministro lo llamaba después para confirmarle que todo “había sido
conforme”.
La magistrada Rodríguez
bloqueó en enero a Zaplana y sus colaboradores 6,3 millones de euros en dos
cuentas en Suiza.
Y antes, en verano, decomisó dinero en efectivo y bienes que
habían reintroducido en España tras pasar por Luxemburgo por importe de siete
millones.
Relacionado con la repatriación de estos fondos, el levantamiento del
secreto ha permitido conocer otro elemento incriminatorio relevante.
La UCO
halló en el registro de la vivienda que Zaplana utilizaba en el centro de Valencia,
dentro de un maletín, un documento en el que el exministro y su grupo plasmaron
aparentemente su plan para reintroducir el dinero e invertirlo en el sector
inmobiliario, en la costa de Alicante.
Una operación que se inició en
2006, en pleno boom de la construcción, y se extendió hasta 2018, cuando
Zaplana y sus presuntos cómplices fueron detenidos.
Al principio, "la idea
era construir un hotel o apartamentos turísticos" en "la zona de
Benidorm", se lee en la primera parte del folio al que, según la UCO,
Zaplana y sus colaboradores se refieren en las conversaciones interceptadas
como "el relato".
El documento detalla la creación de dos sociedades
en España, Medlevante y Gesdesarrollos, nutridas con fondos procedentes de
Luxemburgo, donde supuestamente Zaplana cobró las mordidas pagadas por las
empresas de la familia del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino.
El documento explica a continuación la adquisición de terrenos "en proceso
muy avanzado de reclasificación en primera línea de Villajoyosa".
Y cómo
ese "proceso de reclasificación se enquista" y no fue hasta 2018
"cuando se ha urbanizado".
El escrito había sido redactado por
Francisco Grau, ingeniero de la teleraña de sociedades del grupo en España, y
Zaplana quería tenerlo para utilizarlo en "algún tipo de gestión",
antes de ir a "hablar" con alguien.
Como no se fiaban del correo
electrónico, la entrega en mano se produjo, concluye la UCO, el 8 de mayo de
2018 en el aparcamiento de un tanatorio de Alicante.
La trama del oro
El levantamiento parcial
ordenado este lunes también ha permitido saber que la magistrada ha conectado a
Zaplana con una trama dedicada presuntamente a blanquear fondos utilizando lingotes de oro.
La juez ha imputado a la
hija del exdirigente del PP, María Zaplana, y al marido de esta, Luis Iglesias,
después de que los investigadores descubrieran el extraño sistema usado para
arrendar el céntrico piso situado en la calle Pascual y Genís de Valencia donde
el exdirigente popular residía cuando fue detenido.
El inmueble, de 300 metros
cuadrados, lo alquilaron la hija y el yerno de Zaplana.
No eran ellos quienes
vivían allí, sino el exministro.
El arrendador del piso ha resultado ser un
viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción: Miroslav Schopoff, un empresario
búlgaro cuyo imperio de locales de compraventa de oro —con los que pasó de
facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012— se desmoronó
tras una macroperación policial en 2014.
La Audiencia Nacional se hizo cargo de
la causa sobre su empresa, Oro Direct, en la que, además de Schopoff, fueron
imputadas otras 140 personas por supuesto blanqueo, mediante lingotes de oro,
de grandes cantidades de dinero negro procedentes del sector inmobiliario y del
crimen organizado.
Schopoff alquilaba a María
Zaplana y a su marido el piso, ubicado en el número 12 de la calle Pascual y
Genís.
Pero no era el propietario.
El verdadero dueño, un valenciano, se lo
había arrendado al empresario búlgaro por 2.400 euros al mes (IVA incluido).
Y
Schopoff se lo alquilaba a la hija del exministro por cerca del doble, a través
de una agencia inmobiliaria.
Los investigadores no creen que se trate de una
coincidencia, sino de una fórmula para pagar discretamente un servicio al
empresario de Europa del este, especializado presuntamente en el blanqueo de
capitales a escala internacional.
La juez ha embargado a Zaplana
y a sus supuestos testaferros dinero en efectivo y bienes por importe de 13
millones de euros, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales.
El dinero procedente supuestamente de mordidas por adjudicaciones de la
Generalitat valenciana fue evadido al extranjero y retornado en parte a España,
utilizando para ello una densa tela de araña societaria formada por una
veintena de mercantiles y cuentas bancarias en Luxemburgo, Uruguay, Panamá,
Andorra, Suiza y España.
Los investigadores creen, sin embargo, que el
exministro, enfermo de leucemia y en libertad desde el pasado mes de febrero,
todavía esconde una fortuna en el extranjero.
Lingotes fundidos en Suiza
La Fiscalía Anticorrupción ya
se cruzó con Miroslav Schopoff por su supuesta conexión con el blanqueo de
capitales del PP valenciano en 2016, tal como adelantó EL PAÍS. Fue durante la investigación del caso Taula, la red que presuntamente cobró comisiones
del 3% por adjudicaciones de las Administraciones gobernadas por los populares
en los niveles local, provincial y autonómico de la región valenciana.
En
aquella ocasión la pista que halló el ministerio público no señalaba hacia
Zaplana, sino hacia Alfonso Rus, que fue durante una década presidente de la
Diputación y del PP de la provincia de Valencia.
La trama del oro desmantelada
en 2014, en una operación de la policía y la Agencia Tributaria, creció al
calor de la crisis, que hizo aumentar el número de personas que se desprendían
de sus joyas por necesidad.
Solo en Valencia pasó de haber 44 comercios de este
tipo en 2010 a 230 dos años después.
Las alhajas compradas a sus dueños en
España por Oro Direct eran fundidas y transformadas en lingotes en Suiza, según
informó entonces la policía.
Los investigadores sospechan que Schopoff
aprovechó el auge del negocio para emitir facturas falsas por compras de oro
ficticias con el fin de blanquear dinero negro.
Fuente
“EL PAÍS”, España, 12.03.2019
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