RÍO TURBIO…
PERO TURBIO, TURBIO!!!
Río Turbio:
una usina con un sopreprecio millonario que nunca funcionó porque no produce el
carbón que necesita
29
de agosto de 2018
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El fiscal Guillermo
Marijuan puso el foco en la usina de Río Turbio, un proyecto kirchnerista que
implicó un sobreprecio increíble y que no puede funcionar porque no
produce el carbón que necesitaba.
En noviembre de 2015, apenas
unos meses después de relanzarse y prometer que produciría energía para todos
los argentinos, la usina dejó de operar por falta de carbón.
La obra
se inició en 2007, con un costo de 700 millones de dólares, y estaba pensada para
generar 240 Mw cuando las dos calderas estén en funcionamiento.
Pero los planes
quedaron en la nada.
Nunca se logró abastecer de carbón
plenamente la primera caldera.
No se producía suficiente carbón
en los Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El 30 de noviembre de 2015,
apenas unos días antes de abandonar la Casa Rosada, la usina dejó de funcionar.
El
gobierno de Mauricio Macri terminó debiéndole más de 700 millones de pesos a la
constructora Isolux Corsan, al no aprobar las certificaciones de obra.
En el dictamen en donde se pide
la indagatoria y detención del ex ministro de Planificación Julio De Vido,
Roberto Baratta y del ex empresario de Isolux Juan Carlos de Goycoecheta,
el fiscal Guillermo Marijuan sostuvo que fue todo un plan para robar fondos de las
arcas públicas.
"Se
encuentra reunido el estado de sospecha bastante respecto del actuar ilegal de
los funcionarios públicos que, quebrando la confianza depositada y violando sus
deberes, se valieron de su posición privilegiada como autoridades del entonces
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la ex
Intervención de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio, y mostrando un interés
claramente apartado del estatal por el que debían velar, generaron
con su actuar un perjuicio a las arcas públicas por sumas exorbitantes.
Todo ello en un contexto de actuación del Estado, en el marco de una
contratación pública", advirtió.
Señaló
que esa iniciativa fue posible "con la connivencia y activa intervención
de particulares que como integrantes del Grupo Isolux, percibieron
beneficios económicos por montos millonarios a raíz de tales maniobras".
En su
escrito, el fiscal se explayó diciendo que "el procedimiento de
licitación, contratación, ejecución y financiamiento de la obra de construcción
de la CTRT, caracterizado por las numerosas irregularidades que fueron
descriptas precedentemente, supuso un incremento patrimonial indebido para el
Grupo Isolux".
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Y "a ese resultado
–beneficio del grupo privado y perjuicio al Estado- no habría podido arribarse
sin la intervención de funcionarios públicos interesados como parte en las
gestiones necesarias para la licitación de la obra, la contratación y
autorización de variantes y adendas a la obra de construcción de la CTRT
asignadas directamente al Grupo Isolux, que participó activamente y se
benefició con la maniobra".
"Da
cuenta de ello el hecho de haber sido elegida la oferta realizada por la UTE,
quien fijó los costos en un valor de USD 857.341.128 (equivalente a $
2.662.044.205). Sin embargo, como consecuencia de las variaciones y posteriores
contrataciones otorgadas a la misma empresa en el marco del mismo proceso
licitatorio, el nuevo valor de contrato ascendió a la suma de USD 1.726.251.982
–dijo-. La ausencia de controles, falta de evaluación de las áreas competentes
encargadas de salvaguardar el patrimonio del Estado y el incumplimiento por
parte de la contratista de las obligaciones asumidas desde el inicio de la
licitación, son indicadores que permiten sospechar que los
funcionarios públicos intervinientes persiguieron beneficiar al mencionado
grupo empresario".
Así las
cosas, se autorizaron "una y otra vez las extensiones en los plazos y las
ampliaciones de obra, con la consecuente generación de mayores costos
–sobreprecios-, que derivó en un perjuicio económico al
erario público" y "los funcionarios que tenían la
obligación de planificar, licitar, ejecutar y controlar tanto las
contrataciones como los intereses que en función de ellas les habían confiado,
quebrantaron el deber de fidelidad que la propia función les imponía".
Fuente
“infobae”, 29.08.2018
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