MENDOZA: LA TUPAC
EL ESTADO QUERELLANTE
Viernes, 31 de agosto de 2018
El Gobierno se constituirá como querellante de la causa Tupac
Participará de forma activa en el
proceso que investiga la fiscal Gabriela Chaves un posible fraude a la
administración pública.
Por Juan
Manuel Torrez
El gobierno
provincial se constituirá como querellante en la causa Tupac Amaru, en
la que se investiga fraude a la administración pública en la construcción de
viviendas sociales, con fondos que administraba la organización
liderada por Nélida Rojas –y Milagro Sala a nivel nacional-.
Desde el Ejecutivo entienden que, como se pueden haber comprometido recursos
provinciales, “hay un interés legítimo” para participar de manera activa en el proceso.
Esta decisión
se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación diera competencia –en un en un fallo unánime- a la
justicia local a comienzos de agosto.
De esta manera, y entendiendo que puede
haber un perjuicio del erario público mendocino, el gobernador
Alfredo Cornejo dio instrucciones a la Subsecretaría
de Justicia para que la Provincia sea querellante.
Archivo - Los Andes
El Gobernador, que ayer estuvo en Buenos Aires disertando en
el Consejo de las Américas, firmará el decreto en la cual la Asesoría de Gobierno será el órgano
encargado de representar a la provincia ante la Justicia.
Se
espera, de esta manera, que el Ejecutivo tome un rol más activo en la causa y
seguir de cerca los pasos de la Justicia en este emblemático caso de posible
corrupción de una organización social que durante la época del kirchnerismo
manejó cientos de millones de pesos para la construcción de viviendas sociales.
Se estima que se debían construir alrededor de 1.100 casas en Mendoza a través
de varias cooperativas, pero cerca de la mitad no se hicieron, e incluso las
que se llevaron a cabo, fueron finalizadas de manera completa.
El subsecretario
de Justicia, Marcelo D’Agostino, sostuvo que hay un “interés
legítimo” del Poder Ejecutivo, en el caso que fondos, que pasaban por el Instituto
Provincial de la Vivienda(IPV) se hayan visto afectados.
Alfredo Guevara (h) había logrado sacarle la competencia a Chaves, pero la Corte nacional se la devolvió.
Claudio Gutiérrez / Los Andes
“El
mecanismo que investiga la fiscalía es que el Estado nacional distribuía dinero
para la construcción de viviendas sociales –a organizaciones como la Tupac
Amaru-, pero era la provincia la responsable de la aplicación”, detalló.
El funcionario explicó que la figura será de “pretenso querellante” en tanto la
fiscal del caso, Gabriela Chaves, avance sobre las
imputaciones.
“La intención
es coadyuvar en la investigación. Además, se podrían incorporar elementos
probatorios que ayuden a la aceleración y a la resolución del caso”, agregó
D’Agostino.
Mientras
tanto, la fiscal de Delitos Económicos indicó a Los Andes que sigue recabando
la información que tiene para poder formular avoques.
De hecho, por fraude a la
administración pública todavía no hay imputados.
“Estamos
en proceso de análisis de todos los datos y los estamos juntando con la
investigación que hemos realizado por posible asociación ilícita. Es un proceso
de armado de un rompecabezas que tenemos de todas las áreas, por lo que debemos
cruzar datos”.
La Fiscal
indicó que ha recibido “información parcial” de la mayoría de los organismos
del Estado, tanto de municipios, como del IPV y el ministerio de Planificación
de la Nación, por lo que la actuación ahora del Poder Ejecutivo podría dar un
poco más de luz a la causa.
Tal como
detalla la nota de Los Andes del 5 de agosto, este fallo que dio competencia
provincial al posible fraude al Estado, podría destrabar las causas en las que
ha encabezado Chaves contra Nélida Rojas, su marido Ramón Martínez
y sus familiares.
Algunas de
estas son presunta asociación ilícita, lavado de dinero, estafas, coacciones y
extorsiones; en casos de compra de bienes, manejo de los recursos y también
sobre cómo era el proceso de otorgamiento de las viviendas a los futuros
beneficiarios.
Actualmente, tanto Rojas como Martínez y sus familiares, están
libres tras el fallo de la Octava Cámara del Crimen,
cuando rechazó la figura de asociación ilícita en marzo pasado.
Fuente
“LOS ANDES”, 31.08.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario