CUADERNOS:
APORTES VS. BOLSOS
Cuadernos: los aportes
electorales son irrisorios con respecto a los bolsos señalados por Centeno
Matias Di Santi y Manuel
Tarricone en Investigación | 11 agosto, 2018
La Justicia investiga pagos millonarios en
dólares en el circuito informal que habrían realizado empresarios -ahora
convertidos en arrepentidos-, quienes señalan que no estaban destinados a obra
pública sino a campañas políticas.
Los informes oficiales y las declaraciones,
sin embargo, revelan aportes electorales que no superan entre los 130 y 200 mil
dólares.
Los
cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario
del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo y fue detenido
la semana última, sacaron a la luz un presunto esquema de pago
de coimas de empresarios a funcionarios que tenía como propósito las
adjudicaciones de obra pública.
Los empresarios vinculados con
el caso, sin embargo, sostuvieron en la Justicia que esos pagos estaban
destinados al financiamiento de las campañas electorales
del Frente para la Victoria (FPV).
Los
documentos en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos
Stornelli, revelados por el diario La Nación, mencionan aportes empresarios por millones de dólares destinados
a funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de
Kirchner.
Sin
embargo, los informes oficiales -que dan
cuenta de los aportes en blanco de
privados que reciben los partidos políticos en campaña- muestran cifras
irrisorias por lo pequeñas frente a los montos que se mencionan
en los cuadernos.
Al menos tres de los empresarios que declararon como arrepentidos en esta
causa aportaron en blanco dinero a campañas electorales del Frente para la
Victoria (FPV) y uno aportó dinero al PRO, según
determinó Chequeado en
base a los registros oficiales de la Justicia electoral.
Donaron, a través de
sus compañías o por su propia cuenta, entre US$1.500 y US$130 mil a
diferentes campañas entre 2007 y 2015.
Son Ángelo Calcaterra, ex dueño del Grupo ODS y quien
además es primo hermano del presidente, Mauricio Macri; Armando Loson, ex CEO de Rafael G. Albanesi
SA; y Carlos Wagner, presidente de Esuco SA y ex
titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012.
Todos
ellos donaron al FPV.
Otro aportó dinero al financiamiento institucional del
PRO.
Se trata de Juan Carlos De Goycoechea, ex CEO de la empresa Isolux
Argentina SA.
“No creo que sean aportes de campaña. Esa es una excusa para
reducir la pena y probablemente discutir la competencia (de
la Justicia federal a la Justicia electoral)”, destacó a este medio la abogada
Delia Ferreira Rubio, presidenta de la organización Transparencia Internacional
(TI).
La Ley de Financiamiento de los Partidos
Políticos sólo prevé multas e inhabilitaciones para
funcionarios y empresarios, pero no penas de prisión.
El Código Penal de la Nación, en
cambio, prevé penas de uno a seis años de prisión para el
delito de cohecho, ya sea para el funcionario que recibe el
dinero ilegalmente para hacer o dejar de hacer algo o el empresario que lo
entrega con ese fin.
Es decir que una pena superior a tres años por este delito
podría significar que alguno de los empresarios vayan a prisión.
También podría
haber en este caso varias violaciones a la Ley Penal Tributaria.
La
Justicia electoral, además, mostró en las últimas décadas evidentes dificultades y obstáculos para avanzar en las investigaciones financieras
sobre los partidos.
La jueza con competencia electoral porteña María Servini de
Cubría aún tiene pendiente una resolución sobre el informe financiero de
campaña del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2007 y
la Cámara Nacional Electoral tiene en sus manos la resolución sobre la validez
de los informes financieros de 2015 del PRO, del Frente para la Victoria, del
Frente Renovador y de Compromiso Federal.
Calcaterra fue hasta el año último
dueño del Grupo ODS (vendido en 2017 al
empresario Marcelo Mindlin), cuyas principales empresas eran las constructoras
IECSA SA y Creaurban SA.
Esas empresas formaban parte hasta febrero de 2007 del
emporio de Franco Macri, el padre del Presidente.
En la campaña electoral de 2007, en la
que el FPV llevó como candidata a presidenta a Fernández de
Kirchner y como vicepresidente al radical Julio Cobos, la compañía Creaurban SA, ya en manos de Calcaterra, aportó $398.948
(US$ 127 mil al tipo de cambio de ese momento) en efectivo para la
campaña del kirchnerismo.
“Es un aporte en blanco y como correspondía”,
señalaron a este medio fuentes allegadas a la empresa Creaurban SA.
No hay
aportes en blanco registrados para las campaña de 2011 y tampoco para la de
2013 y 2015.
Según
los cuadernos escritos por Oscar Centeno y dados a conocer por La Nación,
ODS SA e IECSA habría realizado 13 pagos entre 2013 y 2015 por
un total de US$8 millones en efectivo que fueron
entregados a Néstor Lazarte, un ex empleado del Ministerio de Planificación
Federal.
Los pagos fueron realizados por Javier Sánchez Caballero, ex CEO de
IECSA, que fue detenido por Bonadio y que también declaró como arrepentido en la
causa.
En una entrevista con La Nación, Calcaterra admitió los pagos a
funcionarios, pero negó las cifras que surgen de los cuadernos, y sostuvo que
se empresa aportó cerca de US$ 200 mil dólares para las
campañas de 2013 y 2015.
En
la campaña de 2007 también aparece un nombre que hoy está en las noticias.
El
empresario Carlos Wagner,
presidente de la constructora Esuco SA y ex presidente de la Cámara Argentina
de la Construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández de
Kirchner, figura con una donación de $5 mil (US$ 1.587) en
efectivo para el Frente para la Victoria en esas elecciones.
Wagner fue
detenido la semana pasada en la causa de los cuadernos, y ayer se declaró como
arrepentido según confirmaron a Chequeado desde
la Fiscalía de Stornelli.
Según los cuadernos de Centeno, el empresario de la
construcción pagó coimas por más de US$ 3 millones sólo en
2010.
En
su declaración como arrepentido, Wagner reveló que
los adelantos de obra que reciben las empresas cuando ganan
una licitación para comenzar con la compra de materiales eran devueltos al Ministerio de Planificación, y la
primer parte de la obra se financiaba con el IVA, que no se depositaba y se
difería.
También
figura con una donación idéntica en efectivo ($5 mil) el empresario Aldo Benito Roggio, que
esta semana fue llamado a declaración indagatoria en esta misma causa.
Consultados por Chequeado, desde
Grupo Roggio señalaron que “se trató de un aporte personal y en blanco de
Aldo”.
Hasta el momento, la única aparición de Roggio en los cuadernos es la dirección
del edificio de su compañía.
Juan Carlos De Goycoechea, ex CEO
de la empresa Isolux Argentina, es otro detenido arrepentido.
Esta empresa
aparece con una donación de $150 mil en 2015 al PRO que ese
año llevó como candidato a Macri.
Este dato no proviene de los informes de
financiamiento de campaña sino de los balances
partidarios que tienen los registros de las contribuciones y
donaciones que recibe el partido para su desenvolvimiento institucional.
La
empresa ya no opera en el país desde 2017 y tanto la Nación como la Ciudad
rescindieron sus contratos en las obras de la central eléctrica de Río Turbio
(Santa Cruz) y el Paseo del Bajo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
De
Goycoechea no figura en ningún informe de financiamiento de campaña del FPV.
Sin embargo, los cuadernos revelaron pagos por US$ 12,6 millones a
funcionarios del kirchnerismo que se habrían realizado a
lo largo de diez años a cambios de proyectos de obra pública.
En
el balance partidario del PRO
antes citado también figura una donación de $500 mil en cash a
nombre de BTU SA, empresa constructora cuyo presidente, Carlos Mundín, fue detenido la semana última en
la causa vinculada con las coimas de la obra pública.
Mundín figura mencionado
en los cuadernos de Centeno en seis fechas, entre julio y septiembre de 2012,
en los que se “entregaron bolsos con dinero”, sin especificar montos.
El
cuarto empresario arrepentido también apoyó al FPV.
Armando Loson fue CEO durante varias décadas de la
empresa que fue fundada en 1929 por Rafael Albanesi en Rosario, provincia de Santa
Fe.
La compañía que lleva el mismo nombre de su abuelo contribuyó en blanco con $150 mil (US$ 47.620) a la fórmula
Fernández de Kirchner-Cobos en 2007.
Aunque parezca poco, dados
los números que circulan en la causa de los cuadernos, se trata de uno de los
cinco aportes más importantes en efectivo que tuvo la campaña presidencial del
Frente para la Victoria en 2007.
En
los registros de Centeno, se menciona a “Loxon” (por Loson) en varias
oportunidades y a las oficinas de la empresa.
El ex CEO de Albanesi también se
sumó al grupo de imputados arrepentidos la última, y habría pagado coimas a funcionarios por US$ 4 millones de dólares
en 2013.
Ante
la consulta de Chequeado sobre
el aporte de Albanesi, desde la empresa remitieron al comunicado oficial que se
publicó en su sitio oficial.
“Respecto a los acontecimientos de público
conocimiento, los directorios de las empresas integrantes del Grupo Albanesi,
han aceptado la renuncia del Sr. Armando Roberto Losón en sus
actividades como director de cada una de ellas”, señala el comunicado, y agrega que, “asimismo,
resaltamos que ninguna persona jurídica del Grupo ha sido sometida a proceso”.
Disclosure: Benito Roggio e Hijos SA, que integra el empresario
Aldo Roggio, apoya a la Fundación La Voz Pública/Chequeado.
CARLO WAGNWER Y CRISTINA FERNÁNDEZ
Fuente
“chequeado.com”, 11.08.2018
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