2003 / 2015
CONSTATACIÓN DE DAÑOS
El
costo de los sobornos: US$ 36 mil millones
Dos investigadores del Conicet y profesores de la
UBA calculan que con coimas del 20% en la obra pública, en una década se perdió
un 6% del PBI, similar al déficit fiscal total de hoy.
Ariel
Coremberg / Martin Grandes*
La corrupción es un fenómeno
endémico e inherente a las economías capitalistas modernas que, en distintos
niveles, trae efectos nocivos sobre el desempeño económico de los países, su
desarrollo y el bienestar de su población.
Los recientes acontecimientos en
Argentina no son sino una nueva manifestación de un problema socioeconómico e
institucional de larga data: cuadernos, bolsos, aportes a campañas, tráfico de
armas, pollos, medicamentos, leche podrida y tantos ejemplos son apenas el
telón de fondo de una historia que trasciende los meros efectos inmediatos que
su conocimiento público puede tener en el sistema político, la opinión pública,
los mercados de activos, la inversión y la actividad económica en el corto
plazo.
En contraste a los efectos inmediatos de la corrupción sobre la
economía, cabe preguntarse:
¿cómo afecta la corrupción al crecimiento económico
de largo plazo de la Argentina?
¿Cuánto cuesta la corrupción en términos
de inversión y PBI?
Recordemos que Argentina creció un 1% per cápita en los
últimos cien años, exactamente la mitad de lo que creció Australia, cuando
ambos países compartían similares niveles de vida a comienzos del siglo pasado.
El caso argentino ha sido citado en la literatura económica como un ejemplo
singular de fracaso de desarrollo económico que no se puede circunscribir a una
simple incidencia de orígenes históricos, religiosos, geopolíticos y culturales
diversos con respecto a los casos exitosos, sino también, y sin duda, a la
persistencia de su sistema de corrupción endémico que en la década pasada ha
llegado a niveles macroeconómicos magnos.
La teoría económica no es concluyente
respecto del signo del efecto de la corrupción sobre el crecimiento a largo
plazo.
Algunos economistas y académicos como Daron Acemoglu, Thierry Verdier o
Samuel Huntington afirman que podría ser positivo: la corrupción ayudaría al
sector privado a superar barreras burocráticas para concertar sus negocios, a
mitigar la provisión ineficiente de servicios públicos y a suavizar la rigidez
legal que obstaculizan la inversión, especialmente en países con instituciones
frágiles.
Otros economistas como Murphy, Shleifer y Vishny o Andrew Rose
sostienen que la corrupción reduce inequívocamente el crecimiento económico.
En
primer lugar, porque fomenta lo que en inglés se conoce como rent seeking
society, es decir, la búsqueda de apropiación de rentas de las empresas en
mercados no competitivos, obra pública en infraestructura y otros negocios en
entornos de monopolios naturales como redes de transporte o autopistas.
Segundo, en ese sentido la corrupción incrementa los costos de transacción y la
incertidumbre en los procesos de toma de decisiones, la ineficiencia en la
asignación de capital y otros factores de la producción a proyectos de
inversión, que tienen por resultado una disminución de la productividad del
trabajo y del resto de los factores productivos.
Así también, otros colegas
argumentan que el efecto podría ser ambiguo dependiendo de la fragilidad o
fortaleza de las instituciones de los países, su nivel educativo, y cómo la
corrupción influencie el nivel y crecimiento de la inversión pública y el
déficit fiscal.
Estudios recientes para países del centro y este de Europa se
orientan en este sentido.
¿Qué dicen los datos?
Primero, es dable aclarar que
resulta difícil medir la corrupción.
Existen diversos índices como el de
Transparencia Internacional o el de la guía de riesgo país internacional
(ICRG), que son mediciones basadas en percepciones subjetivas y rankings basados
en ellas.
Hecha la salvedad, la evidencia empírica sugiere, una vez tratados
los efectos endógenos que emergen de la relación entre corrupción, crecimiento
y otras variables asociadas, la corrupción posee un efecto no lineal temporal
en el crecimiento económico.
Cuando los países son pobres o incluso emergentes,
el efecto neto de la corrupción sobre el crecimiento es negativo, y a medida
que crecen y se desarrollan el efecto se desvanece o es compensado por otros
factores que empujan el crecimiento, como el capital humano o la innovación.
La
Argentina, dada su pobre performance de largo plazo comparada con países
asemejables, estaría del lado “malo” de la no linealidad.
Algo que de
todas maneras habría que seguir testeando.
Finalmente, ¿cuánto cuesta la
corrupción al crecimiento?
Resulta complejo dimensionar la magnitud de la
corrupción en Argentina.
Algunas dimensiones directas e indirectas podrían ser:
El sobreprecio en obras públicas.
Suponiendo que las coimas hayan sido de solo
el 20% de la obra pública y suponiendo un promedio de 3% del PBI en inversión
pública por año, la corrupción habría costado en una década un 6% del PBI
actual, alrededor de US$ 36 mil millones de dólares, equivalente al déficit
fiscal total de hoy.
Ineficiencias y no terminación de obras.
Es difícil de
dimensionar, implica que el volumen físico de las obras y por lo tanto la
inversión pública ha sido menor al medido en las estadísticas oficiales, más
allá de la manipulación del Indec.
Efectos indirectos. La ineficiencia e incompletitud
en la realización de algunas obras a su vez tiene efectos indirectos negativos
ya que los típicos efectos multiplicadores en términos de eslabonamientos hacia
proveedores y consumo inducido han sido menores a los que hubiesen existido de
realizarse correctamente las obras.
La operación y el gerenciamiento de los
servicios públicos que la infraestructura genera también se ven afectados por
la sobredeclaración del gasto en inversión, así como la pérdida de calidad e
ineficiencia de estas.
Sobreprecio en los contratos del sector público con
proveedores del Estado.
Se destaca el conocido caso de las importaciones de
gas, que han implicado no solo un sobregasto y por lo tanto una sobredimensión
de la contabilización del gasto, sino también ha afectado el balance de divisas
en años en que Argentina tenía un importante cuello de botella en su sector
externo.
Sobrefacturación de importaciones del sector público.
El déficit
energético provocado en parte por las políticas de faltas de incentivos a la
oferta interna pero también en el sobreprecio y sobrefacturación de
importaciones de gas, como el ejemplo más conocido.
El mecanismo de
sobrefacturación de importaciones de combustible por parte del Estado de la
gestión anterior, típico de los momentos de tipo de cambio dual o paralelo como
el existente vía tipo de cambio blue desde 2009 y más acentuadamente desde la
vigencia del cepo entre los años 2011 y 2015.
Este mecanismo ha significado un
descalabro de las cuentas públicas, externas y con efectos persistentes de
largo plazo en la eficiencia del sector público y el crecimiento económico.
Esos efectos implican una menor inversión y por lo tanto un menor crecimiento
de largo plazo tanto del PBI como de su productividad.
Por lo tanto, los
sobreprecios e ineficiencias detectados en la inversión, gasto y servicios
públicos originados en el sistema de corrupción drenan las posibilidades de
desarrollo del país, explicando en una parte importante nuestra fragilidad y
decadencia.
*Los autores son investigadores del Conicet y profesores de
Crecimiento Económico en la Universidad de Buenos Aires.
fuente
“PERFIL.com”, 11.05.2018
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