MENDOZA: LA TUPAC
MILLONES Y “LAVADO”
Los cuadernos
de la Tupac: les dieron millones para obras, pero compraron bienes propios
La Tupac no solo recibió fondos para viviendas.
También le pagaron por
urbanización.
Sospechan que hubo "superposición" de barrios.
Se
reactiva la causa por lavado.
22 de
Agosto de 2018
Las transferencias de fondos ordenadas desde Casa Rosada hacia la
organización Tupac Amaru de Mendoza no solamente fueron para la construcción de
viviendas y tampoco fueron exclusivamente para Lavalle, aunque el departamento
del norte mendocino fue el epicentro.
Las supuestas cooperativas también
recibieron recursos directos para obras de urbanización y hasta de cloacas, a
pesar de que en muchos de los convenios incluían como condición que fueran los
municipios los encargados de esa tarea.
Pero en el arqueo de expedientes y transferencias que realiza la
justicia surgieron otras dudas.
Una de ellas es la posibilidad de que haya
"expedientes gemelos" o, mejor dicho, obras que hayan sido incluidas
en más de una operatoria.
Eso pude haber ocurrido porque en gran parte de los
convenios no figura la georeferenciación de los barrios y obras a ejecutar y
solo se mencionan distritos o departamentos.
En ese sentido, hay una larga
lista de transferencias desde la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación hacia
el IPV que tenían cuyos fondos tenían como destinatario a la Tupac que ahora
son investigadas una por una.
La clave de ese proceso va a estar en el ordenamiento
que haga la justicia.
Para ello pidieron al IPV un detalle de todos los
convenios y una referencia del avance físico real de las obras, contrastado con
los pagos realizados.
De ese peritaje dependerá gran parte del futuro de la
investigación por malversación de fondos.
.
El programa comenzó a funcionar en 2006.
Los primeros "ACU"
fueron firmados durante el gobierno de Julio Cobos, con el titular del IPV Raúl
Cicero.
Luego se profundizó en paralelo con el empoderamiento de la Tupac.
El
programa tenía un fin noble: que las viviendas se ejecutaran a través de
cooperativas, donde los propios destinatarios de las casas las construyeran y
se capacitaran en las tareas de la construcción, con su propia organización.
Pero con el correr del tiempo comenzaron a aparecer vicios en el sistema: el
clientelismo político como método y, según las denuncias, la extorsión por
parte de la propia Tupac.
Pero detrás también se sospecha que hubo un mecanismo
para desviar fondos de ese programa para otros fines.
El programa incluía el financiamiento completo: el dinero para las
viviendas, la mano de obra, gastos de ejecución, costo de los materiales,
infraestructura básica y subsidios para equipos, herramientas, útiles de
trabajo y hasta los libros contables.
Cada obra, incluso, tenía pago el cartel.
Por los ACU 2227 y 2227 la Tupal (SIC)recibió 100 mil pesos para herramientas, 6 mil
para el cartel y, lo más importante, más de 14 millones de pesos para iniciar
los trabajos.
Pero según el Tribunal de cuentas las transferencias fueron
mayores y por eso sospechan que hubo un perjuicio al Estado por casi 22
millones de pesos por las 150 viviendas que deberían haber construido en
Lavalle.
Las causas judiciales
El camino judicial de la "causa Tupac" comienza a
despejarse, tras un árido raid por tribunales y hasta por la Corte nacional.
Por un lado la Suprema Corte debe decidir si accede o no al recurso de casación
presentado por la fiscal Gabriela Chaves contra la sentencia de la Octava
Cámara del Crimen, que bajó la investigación por asociación ilícita.
Pero lo
que toma cuerpo es la causa por malversación de caudales públicos, que ahora
está en la justicia provincial y otra conexa: la investigación por lavado de
dinero.
Nélida Rojas no figura legalmente en el movimiento de fondos, ni en la
transferencia de bienes.
Es Ramón Martínez quien tuvo en sus manos las
operatorias bancarias.
Según el informe elevado por la AFIP, en la caja de
ahorro de Martínez hubo 102.934.730 pesos.
La cuenta tenía como titular a Ramón
Martínez, Federico Torrengo y Emilia Montaño.
La afip denuncia que esa cuenta
no tiene relación con las Cooperativas y que ese mecanismo permitía el uso
discrecional de los fondos.
La sospecha es que usaron parte de los recursos para comprar bienes
propios, pero también creen que se usó el mismo circuito descrito en los
"cuadernos de la corrupción".
Es decir que los anticipos financieros
liberados para las obras hayan retornado al "circuito político".
En
las operatorias de la Tupac de Jujuy se siguió ese camino y la Unidad de
Información Financiera sospecha que en Mendoza ocurrió lo mismo.
La Unidad de Información Financiera denunció originalmente que "se
han detectado movimiento de fondos inusuales registraos (SIC) en cuentas bancarias de
ttularidad (SIC) de Cooperativas y Personas Físcivas (SIC)vinculadas a la Organización
Barrial Tupac Amaru de Mendoza".
Así, aseguran que "se desprende la
existencia de una operatoria financiera sospechosa llevada a cabo por los
integrantes de la Organizaci´n (SIC) Tupac Amaru de Mendoza, que resulta análoga a lo
perpetrado por las autoridades de la misma entidad en Jujuy, las cuales fueron
denunciadas en su oportunidad.
Ese mecanismo que denuncia la UIF es el desvío
de fondos que tenían como destino la vivienda social.
A esa denuncia se le
suman los alertas del Banco Nación y el Credicoop y el hecho de que todos los
integrantes del grupo familiar se acogieron al Régimen de Sinceramiento Fiscal.
La larga lista de bienes adquiridos por la familia de Nélida Rojas y
Ramón Martínez no tiene justificación desde los ingresos y esa es una de las
claves.
La mayoría recibía un subsidio de $1000 por mes como parte de un
programa social destinado a personas vulnerables.
Sin embargo compraron bienes
por millones sin poder justificar el origen de los fondos.
Federico Torrengo, hijo de Nélida Rojas, compró 4 vehículos, entre ellos
un Fíat Punto 0Km, un Fiat Palio 0Km, una Toyota Hilux, un cami´n Ford (con un
valor millonario) a pesar de tener como ingresos $1000 de un programa de Empleo
Social (destinado a personas vulnerables) y de ser monotributista con ingresos
máximos de $24 mil anuales.
Torrengo blanqueó esos vehículos gracias a una
disposición de Mauricio Macri: a través de la ley de Sinceramiento Fiscal los
incluyó en su patrimonio y pagó una multa de 171 mil pesos que fue pagada desde
la cuenta de la Cooperativa San Expedito, es decir usando fondos que tenían
otro destino.
Algo similar pasó con Facundo Martínez (que compró con solo 23 años una
Hilux 0Km sin tener ingresos propios, Damián Torrengo, que también adquirió al
menos 10 vehículos (entre camionetas de lujo y hasta un camión). Carla
Martínez, Pablo Carmona, Aldo Martínez, Aldo Fernando Martínez y Evelun
Martínez también formaron parte del circuito de compra y venta de bienes que,
se sospecha, fueron pagados con fondos que eran transferidos desde la Nación al
IPV, de ahí a las municipalidades y luego a las cooperativas.
Pero quien
cobraba en definitiva era Ramón Martínez.
Fuente
“MDZ”, 22.08.2018
No hay comentarios:
Publicar un comentario