MÉXICO
DE FUNCIONARIO A “PRIVADO”
PASO DE LA BUROCRACIA A LA IP
Traban la “puerta giratoria” con medidas más estrictas
La ley de austeridad establece un
“periodo de enfriamiento” de 10 años para los funcionarios de alto nivel.
Gerardo
Hernández Y Blanca Juárez
México se convertirá en el país
con los candados más estrictos en el mundo para que los funcionarios puedan
pasar a ocupar una posición estratégica en el sector privado después de dejar
su cargo público.
El Senado de la República aprobó
cerrar por más tiempo la “puerta giratoria” a los funcionarios de la
Administración Pública Federal.
Esto significa que no podrán emplearse en la
Iniciativa Privada y viceversa, por lo menos por un largo periodo.
El artículo 24 de la Ley Federal
de Austeridad Republicana —aprobada este martes— establece que los servidores
públicos de mando superior: secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales
mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales no podrán ocupar
puestos en empresas que “hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales
hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público”,
salvo que transcurran 10 años.
En un principio, el dictamen de la
ley consideraba cinco años y no detallaba a qué niveles jerárquicos aplicaría.
Sin embargo, con unas reservas al artículo, éste se definió con precisión y se
incrementó el lapso para emplearse en la Iniciativa Privada.
En la Ley General
de Responsabilidades Administrativas ya se contemplaba un tiempo de
“enfriamiento”, pero sólo se sugería a los funcionarios abstenerse por un año
para poder usar “la puerta giratoria”.
La nueva legislación sólo impide a
los funcionarios que se separan del cargo —por cualquier motivo— trabajar en
una organización relacionada a su cargo en la Administración Pública Federal,
pero no en alguna compañía desvinculada del área que hayan tenido a su cargo.
La expresión “puerta giratoria”
hace referencia al hecho de que funcionarios públicos de alto rango pasen, tras
dejar su cargo, inmediatamente a trabajar en una empresa privada relacionada
con su área de experiencia, produciendo un conflicto de interés entre ambas
esferas.
Arriba del promedio
Transparencia Internacional
recomienda un periodo de dos años antes de dar el brinco de la administración
pública a la Iniciativa Privada o viceversa.
De acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio
del “periodo de enfriamiento” en el servicio público entre los países de la
agrupación es de tres años.
España, Japón, Reino Unido y los
Países Bajos tienen tiempos de espera de dos años.
En Estados Unidos y Canadá
el periodo es de cinco años, en este último país existe un código estricto con
20 recomendaciones muy específicas para evitar conflictos de interés.
Para evitar conflictos de interés, la OCDE emite cinco recomendaciones:
1. Regular el ingreso, tránsito y
egreso de los funcionarios públicos mediante leyes y códigos precisos.
2. Establecer periodos de
enfriamiento previos y posteriores a ocupar los cargos públicos, si se viene de
o se va hacia el sector privado.
3. Promulgar códigos estrictos que
regulen la conducta en el ejercicio de la función pública para minimizar los
riesgos que generan las situaciones abstractas de conflicto de intereses.
4. Fortalecer los organismos de
control y garantizar su autonomía.
5. Establecer sanciones ante
incumplimientos detectados en el ejercicio de la función pública.
Frontera inconstitucional
Carlos Ferrán, director del Área
Laboral de la firma Cuesta Campos, opina que es bueno implementar una nueva
política para evitar el conflicto de interés en la función pública.
Sin
embargo, las nuevas medidas aprobadas por los legisladores rayan en la vulnerabilidad
del derecho al trabajo.
“No podemos dejar de lado que
independientemente de que sean funcionarios públicos son personas que trabajan
como cualquier otra persona en el país”, reflexiona Ferrán.
El Artículo 5 de la Constitución
indica que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la actividad que
elija, mientras sea lícita.
“Nadie puede ser privado del producto de su
trabajo, sino por resolución judicial”, enfatiza la Carta Magna.
En esto coincide Óscar de la Vega,
socio de D&M Abogados, quien advierte que los “candados” impuestos por los
legisladores de Morena deben analizarse desde el punto de vista constitucional
porque exceden los principios del Artículo 5.
“La Constitución establece una
libertad de trabajo para que un individuo se dedique a cualquier profesión que
sea lícita”, remarca de la Vega.
En un contexto de recortes de
personal en las administraciones públicas, si los funcionarios no se emplean en
la iniciativa privada, entonces en dónde podrán trabajar, cuestiona Carlos
Ferrrán.
El especialista insiste en la
importancia de combatir el conflicto de interés, pero no descarta que México
esté cayendo en extremos que inhiben el derecho de los servidores públicos a
contratarse como cualquier otro trabajador mexicano.
“Me parece bien que haya estos
esfuerzos, pero tienen que ser proporcionales y razonables”, dice.
Para Rubén Pacheco Inclán,
presidente de la Barra Interamericana de Abogados, los 10 años de
“enfriamiento” que plantea la nueva ley se convierten en una sanción.
“Cuando hablamos de 10 años nos
referimos, sin duda, a un mecanismo de sanción y no hay nunca una posibilidad
de que el funcionario público tenga acceso a un elemento fundamental que es ser
escuchado. Aquí simple y sencillamente por ser funcionario ya tienes una pena anticipada”,
expone.
Los especialistas coinciden en que
las intenciones son buenas, pero la vía no es la adecuada, al menos no con el
diseño que fue aprobado por los senadores.
Crisis de talento en puerta
La restricción de 10 años para que
los funcionarios de alto nivel puedan emplearse en la iniciativa privada
desanima al mejor talento del país a trabajar en el gobierno federal, coinciden
Felipe Llaguno, socio director de la empresa de reclutamiento Alder Koten, y
Nicolás Domínguez Vergara, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM).
No es tan fácil atraer a personas
con las competencias necesarias para puestos relevantes en la administración
pública, afirmó Llaguno.
Con ese impedimento será difícil que el mejor talento
quiera participar.
En consecuencia, los ciudadanos se verán afectados, pues
quien tome decisiones clave no siempre será el más capacitado, lamentó.
Por su parte, Domínguez Vergara,
estima que “quizá el gobierno lo está haciendo como medida ejemplar, porque ha
habido muchos abusos”.
Puso como ejemplo a la exsecretaria de Energía del
gabinete de Felipe Calderón, Georgina Kessel, quien “casi inmediatamente de
dejar el cargo se fue a trabajar a compañías privadas del mismo sector”.
El investigador de la UAM,
especialista en temas energéticos, explicó que el origen del conflicto es que
muchos funcionarios públicos tienen información confidencial, que podrían
compartir con las empresas.
“Saben dónde invertir y dónde no, y cómo. Y se han
aprovechado de ello sin ningún recato”.
Ambos consideraron “excesiva” la
medida.
Para Llaguno, bastaría con un candado de dos años; Domínguez Vergara
considera que cinco años es un periodo prudente.
Fuene
“EL ECONOMISTA”, México, 04.06.2019
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