SANTA CRUZ
TRES GOBERNADORES (Y OTROS) INDAGADOS
Indagatoria a tres gobernadores de Santa Cruz,
funcionarios K e integrantes de Tribunal de Cuentas
May 3, 2018
16:00 – De acuerdo a una información publicada
por el periodista Omar Lavieri en Infobae, los fiscales Gerardo Pollicita e
Ignacio Mahiques, pidieron la declaración de los ex gobernadores Sergio
Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta y una larga lista de funcionarios
provinciales de las administraciones kirchneristas, quienes estuvieron
vinculados con la obra pública, las licitaciones, el pago de obras a Lázaro
Báez, entendiendo que todos fueron, de acuerdo a sus niveles, facilitadores de
la corrupción sistematizada que por 12 años, desviaron fondos públicos desde el
poder nacional, con vinculación y complicidad de los gobiernos provinciales.
Cabe recordar que OPI Santa
Cruz ha publicado durante todos estos años, gran cantidad de información
relacionada con la forma en que los entes provinciales (Vialidad, Economía,
IDUV, Hacienda, Tribunal de Cuentas, etc) estuvieron involucrados en estas
maniobras.
Por esta razón, Pollicita y Mahiques pidieron que Ercolini
indague también a conocidos personajes de Santa Cruz como: Luis Villanueva,
Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto
Ariel Ivovich, José Carlos Andrés Blassiotto, Edgardo Raúl Valfré —ex ministros
de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz— a Manuel Ángel Díaz, Guillermo
Horacio Cantero, Juan Carlos Cerrato, Orlando Taboada, Daniel López Geraldi,
Víctor Paniagua, Juan Gelves, Miguel Salazar, Ernesto Morilla, Roberto Lillo,
Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio González, Carlos Mancilla, Guillermo Torres,
Jorge Pasiecznik, Roberto Perazzo, Facundo Muñoz- quienes fueron funcionarios
de la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz-, y Angelina
Abbona, Carlos Javier Ramos, Gastón Pedelaborde, Alice Quinteros, Mario Roberto
Layún, Patricia Álvarez— todos ellos funcionarios del Tribunal de Cuentas de
Santa Cruz—. También pidió la indagatoria para José Carlos Pistán y Manuel
Parras, que trabajaron durante la época investigada para empresas del Grupo
Báez.
De acuerdo al dictamen
Acevedo, Sancho y Peralta formaron parte de una organización similar a la
montada a nivel nacional y con lo cual fundaron la “matriz para favorecer a las
empresas del amigo de Néstor y Cristina”.
Los fiscales hicieron un cálculo de cuánto dinero cada
gobernador y su ministro de Economía y Obras Públicas derivaron para obras
viales del Grupo Báez.
Entre abril de 2004 y marzo de 2006, el tándem Acevedo-Villanueva posibilitó
que más de 395 millones de fondos
provinciales fluyeran hacia obras adjudicadas al Grupo Báez.
El dúo Sancho–Bontempo entre
marzo de 2006 y septiembre de 2007 erogó algo más de 918
millones de pesos por obras viales adjudicadas al Grupo
Báez.
En tanto el binomio Peralta-Campillo transfirió
a las empresas de Báez, más de 561 millones de pesos,
entre septiembre de 2007 y fines de 2009.
Por este mismo motivo Julio de Vido y José López van a juicio
oral por las obras viales en esta provincia, bajo la misma matriz y de acuerdo
al dictamen de los fiscales en Santa Cruz existe “la comprobación de distintos hechos
que se habrían desplegado desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los
ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con
funcionarios de distintas reparticiones del Estado —Ministerio de Planificación
Federal, Dirección Nacional de Vialidad, Administración Federal de Ingresos
Públicos, Aerolíneas Argentinas, etc.— y un reducido número de empresarios
amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal Manuel López y
Carlos Fabián De Sousa— quienes se habrían dedicado de manera sistemática y constante
a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos
públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que
la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción“,
indica el documento.
En el dictamen descrito por Infobae señala que “se
ha podido corroborar la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder
Ejecutivo Nacional y los organismos de la administración estatal con
intervención en materia de obra pública se montó una organización criminal
orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación
discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la
provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que
representó la contratación del Estado por prácticamente 46 mil millones de
pesos“.
Agregan: “a través del presente dictamen se
esclarecerá la responsabilidad penal de aquellos individuos que, desde la
estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de
la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron —con los aportes
específicos por acción y omisión que sus respectivos roles les permitían— al
plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional y
que demandaba su imprescindible colaboración para su implementación y
sostenimiento en el tiempo; todo ello a sabiendas de los alcances de la
maniobra y brindando su acuerdo previo tendiente a garantizar su éxito”
y expresan: “En
otras palabras, para que la maniobra criminal investigada pudiera desarrollarse
y extenderse en el tiempo conforme había sido planificada por los ex titulares
del Poder Ejecutivo Nacional, fue necesario que la matriz de corrupción
instaurada en la administración pública central se replicara en el ámbito provincial,
en donde los ex Gobernadores de Santa Cruz y los funcionarios de las distintas
carteras de la administración pública provincial durante el período de 2003 a
2015 contribuyeron —por acción u omisión— en el plan criminal destinado a la
sustracción de fondos públicos a través de la asignación y falta de control de
obras viales al Grupo Báez“.
La investigación determina que no solo los gobernadores tuvieron
responsabilidad, sino también Ministros, funcionarios de primera y segunda
línea en Vialidad Provincial y los integrantes del Tribunal de Cuentas.
Tal como detalla Lavieri los
fiscales analizaron minuciosamente 51 obras viales financiadas y supervisadas
por el estado nacional, de las cuales 47 tuvieron como contraparte a la
Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz, que tuvo a su
cargo la licitación, la adjudicación y la inspección del avance de las obras.
“Lo expuesto exhibe –dice el dictamen de los fiscales–
que en más del 92% de las obras imputadas la maniobra se instrumentó a partir
de la actuación coordinada y planificada entre los funcionarios nacionales
—presidente, ministro, secretario, subsecretario, titular de la DNV, gerentes y
jefes de distrito de dicha entidad vial—, los funcionarios provinciales
—gobernadores, ministros, responsables de AGVP y del Tribunal de Cuentas— y
quienes se encontraban del lado privado de la contratación —Lázaro Antonio Báez
y los principales directivos y profesionales que colaboraron desde las diversas
empresas del conglomerado societario“.
Para los fiscales hubo una estructura armada para favorecer a
Báez.
Se detectaron irregularidades en las licitaciones, en la ejecución de las
obras públicas, aumentos de costos y de plazos consentidos, todo ello con la
falta de control por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia, indica
Infobae.
Pollicita y Mahiques resumieron la maniobra: “Como
puede advertirse de todo lo expuesto, ha quedado acreditado que era
imprescindible la intervención del Gobernador de Santa Cruz para que el Estado
Nacional —a través de convenios de la Dirección Nacional de Vialidad— decidiera
invertir fondos federales en las obras viales aquí investigadas y, a la vez,
era necesaria su contribución y la del Ministro de Economía y Obras Públicas
para que pudieran afrontarse los costos iniciales de las obras y para que
pudieran abonarse los certificados; todo lo cual era solventado con fondos
provinciales que el Gobernador y el Ministro proporcionaban a la AGVP, por la
vía ordinaria —ley de presupuesto— o extraordinaria —reasignaciones a través de
decretos o resoluciones ministeriales—; a la espera de que, posteriormente, el
Estado Nacional los reintegrara parcialmente“.
(Agencia OPI Santa
Cruz)
NOTAS RELACIONADAS:
Lea aquí algunas de las notas de OPI desde el 2006 que a
lo largo de estos añosdetallaron el nivel de complicidad de
gobernadores y funcionarios provinciales con la maniobra nacional de desviar
fondos a Báez y justificar su existencia:
Fuente
“OPI Santa Cruz”, 03.05.2018
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