Santa Cruz
A la dificultad de acceder a la información pública, ni siquiera ante pedidos formales y oficiales de informes que casi nunca son contestados, se avanza con este tipo de restricciones a la opinión personal.
Durante años han construido esa manera de gobernar.
Desde aquellas épocas cuando aún no existían las redes, pero no se podía escuchar determinadas emisoras radiales en las oficinas públicas, pasando por el amedrentamiento y las contramarchas contra aquellos que salían a la calle a reclamar, ni hablar del “vamos a correrlos” lanzado contra los caceroleros, que derivó en una tremenda golpiza el 26 de abril de 2002, o la persecuta mediante sumarios administrativos a directivos y docentes de las escuelas por opinar respecto al estado de situación de la instituciones ; hoy con el patrullaje de las redes sociales para ver que opinan los trabajadores, ampliando el control a las expresiones de los compañeros de la salud y de otros sectores, siguiendo la misma lógica de amedrentamiento, violentando los más elementales principios democráticos y constitucionales como lo son el derecho a la libre expresión, a la difusión y acceso a la información.
¿Que es lo que sistemáticamente, con o sin pandemia, con o sin emergencia sanitaria y económica los lleva a tomar estas decisiones?
¿El que se cuestione el relato?
¿El que un trabajador común y corriente para ellos, ose discutir alguna medida o la falta de ella, ante una situación compleja?
¿ Que plantee que los insumos no se condicen quizá con lo que se ha anunciado?.
En todos los casos, los de antes y los de ahora, es evidente que la necesidad del control de la palabra, de lo que se dice y cómo se dice, sigue siendo uno de los principales fundamentos del aparato político kirchnerista.
Sin embargo, antes y ahora, las voces de muchos trabajadores no se callan, aún a costa de soportar sumarios arbitrarios y sanciones injustas.
Es que no se les puede encorsetar la dignidad, por más resoluciones que haya. (Agencia OPI Santa Cruz)
Fuente
“OPI Santa Cruz”, 23 .04.2020
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