Aunque la Casa Rosada primero y, anteayer, la gobernación bonaerense intentaron bajar el tono del conflicto en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia, el decreto presidencial de marzo pasado, a los 10 días de la confirmación del primer caso local de Covid-19, ya autorizaba el ejercicio de médicos, especialistas y técnicos con un título que "no esté revalidado o habilitado".
En esa línea, el 26 de marzo, el Consejo Superior del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires dictó una resolución por la que autoriza el registro en esa jurisdicción de médicos de otros países sin reválida ni convalidación del título.
Habrá que presentar el pasaporte o DNI y un certificado del centro o el organismo, ya sea público o privado, que lo vaya a contratar.
El número de registro, que no es una matrícula profesional, se podrá renovar cada 90 días.
"Un mal menor "
Tras la declaración de González García y el cuestionamiento de los matriculados, la entidad defendió su decisión al argumentar que cumple con el DNU 260/2020 de marzo pasado, a la vez que rechazó el contenido del decreto."El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, enfatiza fuertemente su desacuerdo frente a la obligación de habilitar a médicos extranjeros que no cumplan con los requisitos de convalidación o revalidación correspondiente de sus títulos -indicó-. Dejamos aclarado que el Colegio de Médicos no avalará en ningún caso la llegada al país de contingentes que no cumplan con los requisitos legales establecidos."
En diálogo con LA NACION sobre la resolución dictada, Rubén Tucci, que preside el Consejo Superior del colegio, dijo: "Estamos generando el mal menor. De alguna manera, con un registro por 90 días, podremos ver qué universidad expidió el título, aunque no tengamos la reválida ni la convalidación que permiten los acuerdos entre países".
Indicó, además, que ya se registraron más de 70 médicos de otros países que habían iniciado el proceso de reválida del título antes de la emergencia sanitaria.
En cambio, Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, señaló el riesgo de promover el ejercicio ilegal de la medicina en estas condiciones.
"La emergencia sanitaria no justifica en la Argentina que ejerzan la profesión médicos sin matricular ni revalidar el título. Hay profesionales extranjeros en el país que cumplieron (con la homologación del título) y están ejerciendo o están en proceso de hacerlo -sostuvo Gilardi-. Si vamos a dictar decretos que violen las normas éticas y sanitarias, no se le está garantizando a la población la posibilidad de acceder a la misma calidad de atención."
Sin formación
Desde Bolivia, donde en diciembre pasado una comisión del Ministerio de Salud Pública auditó con la Justicia el trabajo de una delegación de 702 médicos y técnicos de las Brigadas Médicas Cubanas, el exministro que coordinó ese trabajo, Aníbal Cruz, opinó como presidente saliente de la Confederación Médica Latino Iberoamericana que "la Argentina tiene una cantidad suficiente de médicos para cubrir los servicios durante la pandemia de Covid-19" y citó que el país tiene un déficit de especialistas en terapia intensiva, por ejemplo."Si el Gobierno va a convocar a médicos cubanos, hay que decir primero que no son terapistas, por lo que no servirá -dijo en diálogo con LA NACIÓN -. Lo que se necesita ante la pandemia es la optimización de los recursos humanos formados en la región, con centros Covid-19 con la cantidad suficiente de camas de terapia intermedia e intensiva y la reingeniería del sistema ante la crisis. Así sea durante una emergencia o una catástrofe, hay que garantizar siempre la idoneidad de quienes prestarán los servicios de salud. Si no, será el propio Estado el que esté exponiendo a la población al daño negligente con personal no idóneo."
La comisión del Ministerio de Salud boliviano auditó con la Justicia el trabajo de una delegación de 702 médicos y técnicos.
Fue tras detener en la ciudad de El Alto a tres integrantes de la Brigada Médica Cubana con mochilas con dinero durante las protestas sociales del año pasado en ese país.
La investigación determinó que solo el 29% (205) tenía título profesional y ninguno había pasado por el proceso de reválida para ejercer legalmente.
Pero a todos se les pagaba como si fueran médicos.
Había brigadistas que, por ejemplo, se presentaban como nefrólogos después de haber recibido entrenamiento en hemodiálisis, según recordó Cruz.
Imágenes de los allanamientos en las viviendas y nueve hospitales y clínicas donde trabajaban muestran la destrucción de títulos profesionales sin validez.
Ese contingente le costó a Bolivia 147,1 millones de dólares en 11 años.
El dinero se depositaba a la cuenta de una representante del grupo que lo enviaba a la isla a través de la representación diplomática.
El acuerdo entre los países era confidencial y cualquier sanción por un error en la atención de algún paciente era por la ley cubana.
Se detectó por lo menos un caso de malapraxis en un trasplante renal y complicaciones en cirugías oftalmológicas.
A diferencia de la Argentina, el Colegio Médico de Uruguay le propuso al Ministerio de Salud Pública de ese país agilizar los pasos de la revalidación del título de los profesionales extranjeros que en curso, que tienen uno o ambos exámenes de la Universidad de la República aprobados.
"Mientras tenemos buenos indicadores objetivos de la pandemia, estamos adelantándonos a un posible escenario más grave, cuando los recursos serán escasos, para contar con médicos extranjeros que habían iniciado su reválida", explicó Blauco Rodríguez, presidente del Colegio Médico uruguayo.
Los que aún no dieron los exámenes integran una lista a la que se podrá recurrir si el sistema colapsa.
En ese caso, la autorización para ejercer será transitoria y para ciertas funciones ya definidas.
"No se va a habilitar en Uruguay a ningún médico en el país sin los exámenes y los procesos de reválida por encontrarnos en una crisis sanitaria", dijo Rodríguez.
En ese país, médicos cubanos que por decreto habían podido ejercer durante dos años en un hospital y querían continuar haciéndolo, no aprobaron los exámenes de especialidad.
Algunos optaron por permanecer para trabajar solo como médicos generalistas.
Milagro argentino
En la Argentina, hace algo más de una década, la Operación Milagro, de Cuba y Venezuela, hizo 17.000 cirugías de cataratas en pacientes sin recursos solo entre 2006 y 2008, cuando las denuncias de asociaciones profesionales de oftalmología obligaron a que se desplazaran a Bolivia.Ninguno de los profesionales había revalidado el título, pero trabajaron en varias provincias.
Si un paciente tenía alguna complicación, debía ir a un hospital para la atención, sin mencionar la cirugía.
En ese momento, el Consejo Argentino de Oftalmología (CAO) determinó que se seleccionaban a los pacientes sin un criterio clínico adecuado y se los operaba con una tecnología más antigua que la utilizada en el país.
El tratamiento y el seguimiento de esas intervenciones no eran adecuado.
"En el único lugar que siguieron trabajando fue Uruguay, pero más que médicos eran técnicos, con una formación teórica muy pobre", recordó en diálogo con LA NACIÓN una fuente que participó de la investigación del trabajo de ese contingente.
En ese momento, el ministro de Salud de la Nación era Ginés González García.
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